El expediente no solo apunta a los responsables del narcotráfico, sino que documenta cómo la corrupción ha alcanzado los más altos niveles del sistema judicial venezolano
Miguel Angel Martin Tortabu
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos criminales históricos contra Nicolás Maduro Moros y 14 altos funcionarios del régimen venezolano. Se les acusó de liderar una red internacional de narcoterrorismo, corrupción y tráfico de cocaína, con vínculos directos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), considerada una organización terrorista.
Cinco años después, todos los principales acusados continúan impunes y, en muchos casos, en funciones oficiales dentro del régimen venezolano. La impunidad es absoluta. Nicolás Maduro aún ocupa la presidencia de facto; Vladimir Padrino López sigue siendo ministro de Defensa; Maikel Moreno permanece como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
Ninguno ha sido arrestado. Y Venezuela sigue gobernada por quienes, según la justicia estadounidense, usaron la cocaína como arma de guerra para "inundar Estados Unidos".
La acusación formal señala que Maduro y sus colaboradores convirtieron al Estado venezolano en un aparato criminal conocido como el Cártel de los Soles, una red integrada por militares, jueces, fiscales y funcionarios que, desde 1999, facilitó el envío de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos a cambio de poder, dinero y protección política.
Las FARC, en paralelo, trasladaron sus operaciones a Venezuela bajo la protección de este cartel, operando pistas clandestinas en el estado Apure, cargando droga en aviones y barcos, y utilizando a Venezuela como puente hacia Honduras, el Caribe y México. Según la propia acusación, el objetivo no era solo enriquecimiento ilícito, sino también un ataque deliberado a la salud y seguridad del pueblo estadounidense.
El expediente no solo apunta a los responsables del narcotráfico, sino que documenta cómo la corrupción ha alcanzado los más altos niveles del sistema judicial venezolano. Maikel Moreno, quien fuera presidente del TSJ, fue acusado de recibir decenas de millones de dólares en sobornos para manipular sentencias. En paralelo, el vicepresidente económico y ministro del Petróleo Tareck El Aissami y el jefe de criptomonedas Joselit Ramírez fueron acusados por intentar evadir sanciones internacionales usando vuelos privados y empresas de fachada. Estos son solo algunos ejemplos, pues son muchos magistrados, jueces, fiscales y empresarios que han servido al régimen para llegar a este punto, formando parte de un entramado que representa uno de los casos más graves de complicidad estatal en delitos internacionales.
El Departamento de Estado ha ofrecido recompensas de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro y hasta 10 millones por otros funcionarios clave. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha resultado en arrestos ni en sanciones adicionales efectivas.
La paradoja es inquietante: los acusados de narcoterrorismo por el Departamento de Justicia de EEUU siguen siendo interlocutores políticos en procesos de diálogo internacionales. Mientras tanto, miles de venezolanos continúan huyendo del país y otros tantos han sido deportados o viven en incertidumbre migratoria, a pesar de que su persecución política está vinculada directamente con este aparato criminal acusado por EEUU.
Uno de los elementos más reveladores del presente es que la misma red criminal que protegió al narcotráfico en Venezuela hoy exporta violencia y crimen a través de estructuras como el Tren de Aragua, cuyos miembros ya han sido arrestados y procesados en varios estados de EE. UU. La administración Trump ha identificado y perseguido judicialmente a estos grupos, reconociendo su conexión directa con el régimen de Maduro y el Cártel de los Soles. Esta continuidad criminal es una prueba contundente de que el régimen venezolano no es solo una dictadura corrupta, sino una amenaza real y presente para la seguridad de Estados Unidos.
La reciente confesión del exjefe de inteligencia militar venezolana, el general Hugo “El Pollo” Carvajal, ha sido otro golpe contundente que confirma la naturaleza criminal del régimen de Maduro. Carvajal, quien durante años formó parte del círculo más cercano del chavismo, admitió ante tribunales federales en Florida su participación en una red de narcotráfico vinculada al Cártel de los Soles. En su declaración, reveló cómo altos funcionarios del gobierno venezolano facilitaron y protegieron el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando estructuras militares, diplomáticas y financieras del Estado. Su testimonio fue clave para una condena que ratifica lo que durante años se ha denunciado: que el régimen chavista no solo es una dictadura, sino una empresa criminal transnacional.
Esta confesión, judicialmente validada en territorio estadounidense, desarma cualquier intento de negación y refuerza la urgencia de actuar con firmeza.
La acusación sigue abierta. Los fiscales federales mantienen las órdenes de captura y las recompensas. Pero la falta de acción concreta a nivel diplomático y multilateral ha permitido que los acusados se mantengan en el poder, profundizando el autoritarismo y exportando su modelo de impunidad a la región.
Es momento de regresar a la acción decidida de la fuerza de la ley, donde Estados Unidos tiene enormes capacidades para actuar contra el crimen transnacional representado por el Cártel de los Soles. Debe abandonarse el tiempo de negociaciones con el régimen de Maduro, una política que se sostuvo durante la administración de Biden y que fue, además, impulsada por sectores de la misma oposición venezolana. La experiencia ha demostrado que negociar con criminales solo fortalece su impunidad. Frente a un régimen acusado de usar la cocaína como arma de guerra y de proteger a grupos terroristas, la única respuesta legítima y eficaz es el uso riguroso de las herramientas legales, financieras e internacionales disponibles.
De forma urgente, debe avanzarse en una estrategia integral que incluya exponer públicamente los nombres y rostros de todos los miembros del Cártel de los Soles — militares, funcionarios, testaferros y cómplices financieros— y aplicar medidas severas contra sus bienes, empresas, cuentas bancarias y familiares fuera de Venezuela. Solo así se cerrarán los canales que sostienen su poder, y se enviará un mensaje claro: ningún criminal está a salvo, aunque se esconda tras la fachada de un gobierno.
Este caso no es solo un expediente judicial. Es una prueba moral para el liderazgo hemisférico de los Estados Unidos. Una oportunidad para demostrar que, incluso cuando los criminales visten trajes presidenciales, la justicia no se negocia.
Miguel Angel Martin
Académico, Doctor en Ciencias UCV. Especialista en Derecho Público UCAB. Experto en Seguridad y Defensa, Centro William Perry, Washington DC. Magistrado Principal Sala Constitucional Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Jurista exiliado por su labor contra el régimen que impera en Venezuela. Promotor de la democracia, el estado de derecho y defensor de los derechos humanos.
@miguelmartint_
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