La semana pasada se cumplieron cinco años de la firma del acuerdo de La Habana, y Colombia no tiene paz ni estable ni duradera. Tenemos 10 mil hombres en grupos armados. La paz no se firma en un papel si no surge del respeto a las instituciones.

Los defensores del NO propusimos observar la incidencia del narcotráfico en la violencia de nuestro país. Sin embargo, los defensores del acuerdo insistían en causas políticas. Dijimos que si el negocio ilegal seguía, la desmovilización solo cambiaría a quienes trafican.

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Las FARC desmovilizaron 13.202 hombres en el 2016. Cifras de inteligencia al 2020 revelan que el país tiene 9.558 hombres en armas y redes de apoyo. Cinco mil hacen parte del ELN, y 4.558 de las disidencias de las FARC: 60% en “Gentil Duarte”, 21% en los “No alineados” y 17% en la “Segunda Marquetalia- Iván Márquez”. Son, otra vez, grupos ilegales financiados y movidos por el narcotráfico.

Colombia tiene 142 mil hectáreas de coca, en 2012 eran 47 mil. Un crecimiento que no se puede desligar del acuerdo de La Habana. En el Cauca, “Gentil Duarte” suma 17 mil hectáreas de coca y más de 200 líderes asesinados. Hay una correlación entre narcotráfico, grupos armados y líderes sociales violentados.

Las FARC no entregaron rutas, ni socios, ni procedimientos y ni la JEP abrió macrocaso sobre financiación ilegal y narcotráfico. Basta recordar cómo defendieron a Santrich, negaron su extradición solicitada con pruebas por EEUU. Ese mismo sujeto que lidera o lideraba una de las disidencias más sanguinarias de nuestro país.

La JEP nos ha costado más de 1 billón de pesos. No hay una sola condena, y eso que nos prometieron que dirían verdades. Las FARC están haciendo declaraciones, pero colectivas y no individuales, y bajo ese pretexto la palabra “FARC” es culpable, pero no hay ningún responsable. Y lo que es más grave: la JEP optó por imputar a las FARC, cuando lo que se propuso era que confesaran, y si mentían, entonces perderían los beneficios. Nos están haciendo trampa; contándoles a los criminales todo lo que el Estado sabe para que se puedan limitar a repetir eso. ¿No decían que la justicia ordinaria era mala? ¿Por qué entonces se limitan a lo que la Fiscalía ya conocía?

Las víctimas nunca fueron el centro del acuerdo, tampoco lo han sido en estos años. Duele ver los esfuerzos de la Corporación Rosa Blanca buscando abrir macrocaso sobre abortos forzados o los de las víctimas del Nogal luchando por ser escuchadas.

Tampoco abrieron macrocaso sobre violencia sexual ni ‘farc-política’. El billón de pesos que inventariaron las FARC (pese a que la Fiscalía dijo que tenían 21 billones) tampoco lo entregaron. Solo el 3.4% ha sido entregado y ha sido monetizable.

Lo que sí tenemos son curules para criminales de guerra y de lesa humanidad; regaladas. Basta ver los votos de las FARC para desechar el argumento de que eran una fuerza política. No representaban a nadie y siguen sin hacerlo.

Los cálculos del Ministerio de Hacienda dicen que el acuerdo en 15 años nos valdrá 129 billones de pesos. Este gobierno ha invertido más de 33 billones.

Cinco años después, me reafirmo en que teníamos razón quienes votamos por el NO; y me duele que nuestro gobierno no intentará modificaciones. Lo que más me perturba es haber perdido la unidad de un país contra el terrorismo para seguir hoy divididos por la impunidad.

La mezquindad del gobierno anterior es notoria; generosidad para negociar con terroristas; impaciencia e irrespeto con los uribistas y lo que es peor con la democracia.

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