Un cacique indígena venezolano ha sido asesinado. Se llamaba Julio Rodríguez.
Julio tenía 50 años y era el capitán, representante político territorial de la comunidad indígena Jivi asentada en Ekunay, ubicada en Los Pijiguaos, estado Bolívar, un territorio enclavado entre agua, sabana, bosque y roca antiquísima.
Como capitán jefe de la comunidad Julio respondía por la defensa territorial, alertaba sobre una invasión, impedía o cuestionaba el ingreso de mineros, activaba la comunicación con otras comunidades y frente a serios problemas denunciaba ante organismos nacionales e internacionales.
El cuerpo de Julio fue encontrado el pasado 9 de agosto en una especie de botadero de basura en el poblado de Morichaliti, al sur de los Pijiguaos. Una bolsa cubría su cabeza, se sospecha que fue torturado. Una semana antes había sido secuestrado por un grupo armado en su casa.
Bandidos de todo tenor amenazan a las familias de Ekunay convirtiendo la comunidad indígena en un centro peligroso de disputas entre lo peor del delito con mafiosos de compañías extranjeras, guerrilleros, miembros de la Fuerza Armada y pillos locales con mucho dinero y poder. En un ecosistema que va desde indígenas esclavizados hasta sofisticados helicópteros de empresas chinas cargando diariamente 80 sacos de tierras raras.
Depósitos de oro, diamantes, bauxita, coltán, estaño y muchos minerales estratégicos coinciden en buena parte con territorios habitados ancestralmente por pueblos indígenas.
El capitán Julio Rodríguez se había convertido en estorbo para la explotación de coltán y casiterita. Y es que el cacique, como la autoridad indígena, debe legalmente mandar sobre esa extensión de selva; es quien controla ríos y caminos, y quien entra y quien sale; también sobre quien explota la mina y cobra, así como quien transporta el mineral, quien vende el oro, coltán o estaño. Él puede impedir o permitir todo eso.
Es así porque el Estado reconoce jurídicamente la relación territorial preexistente de los indígenas como originarios. ¿Recuerdan toda la perorata de Chávez con los pueblos originarios? La autoridad indígena protege su tierra de un daño antropológico.
Pero nada de esto se cumple. Ekunay es el nodo de una cadena internacional de minerales críticos. El negocio ha crecido junto a fuerzas estatales venezolanas y la guerrilla operando de manera cooperativa. El ELN y la disidencia de la FARC controlan con el apoyo de militares, qué sale y para dónde desde la zona minera venezolana. Deciden bajo su patrón de violencia que aplican con total impunidad en desmedro de la población indígena cada vez más exigua. De hecho, Provea registra casi 50 indígenas asesinados desde el 2010.
Más recientemente, después del 3 de enero, la guerrilla parecía comportarse con cierta cautela, visto que los americanos saben de la estrecha relación que mantenía Nicolás Maduro con el ELN, así como de la complicidad de gobiernos locales, gobernadores y alcaldías con la guerrilla. Pero la violencia sigue igual, o peor. Las sospechas de la responsabilidad del asesinato del cacique Julio Rodríguez han recaído sobre la disidencia de la FARC, sin descartar la probable autoría del ELN.
Lo cierto es que los guerrilleros ejercen funciones de Estado con acuerdos de convivencia donde se han repartido territorios, minas y rutas de narcotráfico en Amazonas y el noroeste del estado Bolívar. Controlan también las vías de acceso, con sistema de seguridad de las comunicaciones y derecho a ejercer la intimidación, la tortura y hasta ejecuciones.
Mucho de esto ha sido investigado y denunciado por respetados organismos, entre ellos SOS Orinoco y Amazon Underworld.
Se trata de un negocio de grandes dimensiones, por el que se teme que nuestros indígenas terminen emigrando para salvar sus vidas.
Ya antes en el 2019 cuando la tragedia humanitaria bajo el régimen de Nicolás Maduro, los pemones tuvieron que huir hacia Brasil ante su indefensión y la amenaza de ser aniquilados por los grupos irregulares que avanzaban en la extracción de oro y también por la persecución chavista.
Ese año familias pemones abandonaron sus comunidades atravesando durante horas la selva, evitando ser masacrados por grupos armados de Maduro. Más de 1.300 pemones venezolanos terminaron asentados en Brasil, en una comunidad indígena.
Sería imperdonable que nuestros pueblos originarios tuviesen que volver a huir de su legítima tierra para salvar sus vidas.
