Durante los últimos 20 años, el régimen chavista ha logrado no solamente envenenar el entramado social venezolano, polarizando a la sociedad y enfrentando hermanos contra hermanos, sino que también ha arrasado por completo con las instituciones democráticas y con los cuerpos intermedios de la sociedad.

Así como, hacia el futuro del país, ello impone una serie de importantes retos, igualmente nos obsequia una inesperada pero excelente oportunidad de rediseñar nuestro país bajo nuevos parámetros, que podamos decidir democráticamente los venezolanos.

En este sentido, los ciudadanos venezolanos debemos buscar un nuevo esquema, un nuevo diseño del Estado, que ponga al ciudadano al centro de toda la acción gubernamental y que libere al gobierno de la mayoría de las actividades distintas a las funciones esenciales del Estado, que hoy desvían su atención, comprometiendo su eficiencia y sirviendo de tentación para la exacerbada corrupción que ha devorado a la inmensa mayoría de sus funcionarios públicos.

Debemos entender, siguiendo las enseñanzas del político y jurista norteamericano Thomas Woodrow Wilson, que “la historia de la libertad es la lucha por limitar el poder del gobierno” y, en ese sentido, todo lo que hagamos los venezolanos para disminuir el peso y las facultades del gobierno y circunscribir su actividad a lo mínimo necesario, redundará en beneficio de la seguridad democrática, que las futuras generaciones de venezolanos nos agradecerán eternamente.

Para el diseño del nuevo Estado, los ciudadanos venezolanos debemos tomar en cuenta las experiencias tanto locales como foráneas, sin que ello implique la copia de modelo específico alguno.

Debemos estar convencidos de que un Estado omnipotente y omnipresente, como el que hemos tenido durante las últimas décadas, no es capaz de ofrecer mejoras a la calidad de vida de la población de manera sustentable.

Coincidimos con los filósofos chinos del Siglo VI a.C. que sostuvieron que “gobierna mejor el que gobierno menos” (Lao-Tse) y que “en un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza”, mientras que “en un país mal gobernado de inspirar vergüenza la riqueza” (Confucio).

También debemos prestar oído al padre de la separación de poderes, Juan Jacobo Rousseau, quien expresaba que el gobierno tuvo su origen en el propósito de encontrar una forma de asociación que defendiera y protegiera la persona y la propiedad de cada cual con la fuerza común de todos.

Si buscamos en la historia universal reciente algún caso parecido al nuestro, en el que un país destrozado debía reconstruirse y recuperarse, nos encontraremos con la Alemania devastada luego de la Segunda Guerra Mundial, que con el liderazgo de Konrad Adenauer logró una muy eficiente y sustentable recuperación, tanto social como política y económica.

Adenauer ejecutó un modelo económico de corte demócrata cristiano, que denominó Economía Social de Mercado y que se basó en las siguientes premisas:

  • La razón de ser del mercado es la persona.
  • El Estado no debe intervenir en aquello que el mercado puede resolver por sí mismo y sí lo debe hacer para garantizar la libre concurrencia y competencia; y debe también eliminar todas aquellas normas y restricciones que no sean necesarias para la tutela de la libre concurrencia y competencia.
  • Cada persona está revestida de una serie de derechos y deberes (dignidad) que tiene que ser respetada.
  • Las políticas públicas deben fomentar la realización de dicha potencialidad, lo que se logra a través de políticas de solidaridad y subsidiariedad, que han de ser necesariamente complementarias.
  • El Estado solo debe establecer políticas asistenciales (solidaridad) para aquellos que no puedan dotarse a sí mismos y solo hasta aquello que no puedan proveerse (subsidiariedad).

Muchos pensadores llaman a esta propuesta la tercera vía y los economistas la relacionan con la famosa frase de Adenauer “tanto Mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”.

Para mitigar las críticas que con mucha frecuencia se le hacen al modelo de Economía Social de Mercado, referidas a la incapacidad de garantizar una justa distribución de los apoyos asistenciales, la propuesta de Control Civil, expresada en artículos anteriores, es la de proceder, luego de verificarse el cambio político en Venezuela, a transferir todos los activos productivos, hoy en manos del Estado, a un fideicomiso administrado por profesionales de primer nivel, sin afiliación política, bajo el control y la supervisión del Poder Civil, y que, durante los primeros veinte (20) años de su existencia, hasta la mitad de su rendimiento neto anual se utilice para costear la mejor Educación y Salud a todos los ciudadanos venezolanos por igual y sin excepción.

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@juanriquezes

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