Los ciudadanos venezolanos de bien, todos, debemos internalizar los inmensos esfuerzos que nos demandará la necesaria labor de recuperación de los capitales que le han sido robados a nuestro país. En ese sentido, debemos conocer los mecanismos jurídicos existentes a nuestra disposición, su historia y la manera de gestionarlos para que obren a nuestro favor.

Conviene hacer un ejercicio de reflexión histórica. No había transcurrido un año de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez cuando la presión ciudadana obligó al congreso, de origen gomecista, a dictar un decreto confiscando las propiedades del difunto. Aunque varios centenares de propiedades fueron incautadas recuperando una importante cantidad de dinero para el País, las medidas de entonces no afectaron a todos los bienes de la familia, testaferros o a los funcionarios públicos de Gómez.

El 27 de Noviembre de 1945, la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, que sucedió al depuesto gobierno de Isaías Medina Angarita, emitió el decreto No. 64, conformando un Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa (JRCA) con el objeto de establecer la responsabilidad de quienes, por sí o por intermedio de terceros, hubieren cometido hechos perjudiciales a la cosa pública o se hubieren enriquecido sin causa, en beneficio propio o ajeno, prevalidos de la influencia indebida de quienes ejercieron funciones públicas. El JRCA logró llevar a juicio a centenares de imputados, recuperando para la Nación varios centenares de millones de bolívares.

Por lo que respecta a los avances normativos en el ámbito de la comunidad internacional, cabe destacar la proliferación de tratados en torno a la corrupción, el terrorismo, la delincuencia organizada y el lavado de dinero durante las últimas décadas.

Especial mención amerita la Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, suscrita en Diciembre del 2000 en Palermo, Italia, de la cual Venezuela en un Estado Parte y cuyo texto define la corrupción, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales como tipos penales entre los que, claramente, se subsumen las actividades criminales desplegadas por Maduro & Cia, durante las últimas dos décadas.

El texto de la Convención de Palermo, como se le conoce, permite el inicio de la acción penal en cualquiera de los Estados Parte que la hubiere ratificado, siempre que hubiere conexión con los perpetradores, con sus acciones o con los bienes producto del delito; dispone la obligación de los Estados Parte de suministrar información sobre los bienes de los encausados, incluyendo información financiera, sin que puedan ampararse en el secreto bancario; y, establece la incautación de los bienes producto del delito cometidos por la delincuencia organizada, así como la devolución de los bienes incautados a sus propietarios legítimos.

A pesar de que la Convención no establece expresamente la facultad de otorgamiento de premios en dinero para los informantes (Whistleblowers), sí dispone, por una parte, que “…la presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno…”; y, por la otra, que los Estados Parte “…adoptaran medidas para fomentar la participación pública en los esfuerzos para prevenir y combatir dicha delincuencia…”.

Control Civil propone que los venezolanos nos organicemos, desde ahora, para buscar la recuperación del mayor porcentaje posible de capitales derivados de la corrupción en Venezuela, ya que nos van a hacer mucha falta para reconstruir el País y para empezar a pagar las inmensas deudas que nos van a dejar estos bandidos, cuando caigan.

Debemos comenzar a pensar en mecanismos para incentivar, en serio, a todos aquéllos informantes que suministren datos sobre la ubicación de los capitales de los venezolanos corruptos, siempre que dicha información sea válida, verificable, substancial y repercuta en su incautación y recuperación.

Pensemos por un instante, ¿qué pasaría si se ofrece un 20% como premio a los informantes que, en su conjunto, nos lleven a recuperar el dinero robado?, ¿qué pasaría en la mente de los empleados de cientos de bancos medianos o pequeños o de empresas de manejo de inversión, ubicados en paraísos fiscales poco conocidos alrededor del mundo?, ¿cómo se sentiría el personal secretarial o profesional que se encarga de manejarle los asuntos a los Boliburgueses?, ¿qué decidiría un asistente de contador en Suiza que ha observado al corrupto chavista y a sus testaferros transfiriendo capitales a sus cuentas en Ginebra, por años?.

Aunque el monto exacto de la cantidad de dinero robado en Venezuela por el chavismo y por los boliburgueses nunca se conocerá con exactitud, distintas fuentes investigativas cifran esos capitales corruptos alrededor de 500 mil millones de dólares. Si suponemos que logramos recuperar una cuarta parte (125 MMM$) y que el costo de los premios sea del 20% (25 MMM$), ello le permitiría a Venezuela contar con un fondo de 100 MMM$ para su recuperación, además de lo reconfortante que será ver tras las rejas a quienes por dos décadas engañaron y maltrataron a todo un pueblo.

juanriquezes@gmail.com / @juanriquezes

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