El primer mes de la presidencia de Donald Trump ha demostrado que su gobierno representará un reto para nuestras instituciones, nuestras relaciones con aliados y en definitiva a nuestra democracia.

Las órdenes ejecutivas no son una novedad en la función ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos. Era de esperar que Trump ejerciera este poder, sin embargo, los términos en los que se estableció la llamada ‘Muslim Ban’ o ‘Travel Ban’ que prohibió la entrada a EEUU de personas de siete países con fe musulmana y las otras medidas que ha firmado acerca de inmigración, dejan claro ver que, sin un debate en el Congreso o una discusión nacional, la administración Trump está dispuesta a cumplir sus más extremas propuestas electorales a cualquier costo.

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La prohibición de entrada de personas provenientes de siete países mayormente musulmanes tuvo una implementación improvisada, dejó fuera del país a personas que habían sido aceptada como refugiados, que tenían visas para trabajar, estudiantes universitarios regresando de sus vacaciones y personas que requieren un tratamiento médico en los Estados Unidos. A pesar de que esta acción ejecutiva de Trump fue suspendida nivel nacional, la respuesta al pronunciamiento judicial por parte del presidente fue de atacar al juez federal Robart, refiriéndose a el como ’el supuesto juez’ y dando cuenta del poco respeto que tiene por las instituciones independientes y autónomas que forman el pilar de la democracia estadounidense.

Ahora toca el turno de inmigración, y vemos con preocupación cómo esta semana parte de estas acciones ejecutivas, firmadas durante las primeras semanas de la administración, serán implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional y las agencias federales de inmigración y aduanas. Para resumir el memorandum del DHS, se pone en un carril rápido la deportación de la mayoría (si no a todos) los inmigrantes indocumentados en el país, a pesar de que no hayan cometido crímenes graves o que hayan llegado la país huyendo de la violencia u otras situaciones que garantizarían una protección especial.

La forma en la que la administración se plantea cumplir esta misión esta compuesta por cinco partes: agilizar las deportaciones, incrementar la cantidad de oficiales de ICE, jueces y centros de detención, regresando a México a inmigrantes que entren por la frontera sur (sin importar su país de origen), ejerciendo las funciones de policías locales en ciudades fronterizas y por supuesto a través de la construcción del famoso muro de Trump. Todas estas medidas, junto con las especificaciones dadas hasta ahora por el Departamento de Seguridad Nacional, se estima que puedan tener impacto sobre la mayoría de la población indocumentada, estimada en 11 millones de personas, exceptuando sólo a quienes poseen el amparo de DACA, siempre y cuando no cometan algún crimen.

Uno de los cambios más radicales, en comparación con la política que hasta ahora llevaba el la administración Obama, es el de las deportaciones expeditas. Antes este tipo de procedimientos sólo aplicaba para quienes fuesen capturados hasta a 100 millas de la frontera y tuviesen menos de 14 días en el país; ahora la aplicarán a todos los indocumentados que tengan menos de dos años en el país, sin importar en donde sean detenidos. Esto significa que millones de indocumentados que han llegado al país recientemente, por ejemplo, en búsqueda de asilo, serán deportados de inmediato, sin la posibilidad de presentarse ante un juez para exponer su caso y defender las razones por las que busca refugio en Estados Unidos, algo fundamental para personas en este tipo de situación.

Sin duda la visión de campaña del presidente Trump se ha institucionalizado las medidas que vemos de su administración y nuevamente vemos que actúan sólo pensando en sus seguidores y no la mayoría del país. El fundamento que utilizaba Trump en su campaña para sostener su enfoque de “arrear” a todos los indocumentados y deportarlos en masa es la falsa equivalencia entre inmigración y crimen. Diversos estudios y estadísticas apuntan que esto no es correcto y que el porcentaje de criminales indocumentados es bajo comparado a otros grupos étnicos o raciales en el país. Millones de inmigrantes indocumentados tienen muchos años en este país y son trabajadores que vinieron bajo la promesa del Sueño Americano para dar un mejor futuro a sus hijos.

El presidente Trump y su administración caminan una línea muy delgada al querer imponer su voluntad y su agenda dejando de un lado el debido proceso para este tipo de medidas que afectan la vida de millones de personas. El tema de inmigración es un tema muy cercano para muchas personas y generalmente estudios reflejan que una mayoría apoya la legalización de quienes viven en las sombras. Medidas para proteger nuestra seguridad y mejorar nuestra economía siempre serán bienvenidas, siempre y cuando no sean discriminatorias o generen un daño en nuestro tejido social, tal y como hacen estas recientes acciones.

Los ojos del mundo están puestos en la Casa Blanca. Estados Unidos no dejará de ser la primera potencia del mundo de la noche a la mañana, pero les aseguro que el liderazgo y la autoridad no sólo se ganan con elecciones, sino con las acciones venideras que repercuten sobre la vida de millones. El presidente Trump y su administración deberían ocuparse de trabajar por todos los estadounidenses en vez de desafiar al país buscando cumplir algunas de sus más radicales promesas de campaña. Queremos saber cómo planean reemplazar o reformar el Obamacare sin quitarle cobertura a quienes tienen condiciones preexistentes o a los 30 millones de personas que hoy tienen acceso a la salud como consecuencia de esta legislación; o cómo piensan reducir la tasa de desempleo del 4.6%, una de las más bajas en los últimos diez años.

Por Leopoldo Martinez (@lecumberry)

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