El Condado Miami-Dade busca cómo ahorrar dinero y propone, entre otras sugerencias, privatizar el servicio de 14 rutas de autobuses de la aún insuficiente red de transporte público.
La propuesta, que asegura ahorrará 6.450.000 dólares al año, fue presentada por el presidente de la Comisión condal y comisionado del distrito 13, Esteban Bovo, y será discutida próximamente en el pleno del cuerpo legislativo.
Mientras tanto, el alcalde Carlos Giménez tendrá que abordar el proyecto de venta con el sindicato que representa al gremio de transporte, además de responder a las inquietudes de los vecinos de las zonas que podrían ser afectadas y enfrentar el hecho de que esta privatización podría convertirse en un peligroso antecedente, según los críticos.
Cuando se trata de privatizar un servicio público, sea transporte, salud o educación, las interrogantes rara vez encuentran respuestas definitivas.
El camino emprendido por muchos gobernantes en el mundo es privatizar empresas para combatir los gastos de operaciones y los millonarios subsidios, sin que ello, algunas veces, necesariamente implique mejoras en los servicios ni garantías económicas para los usuarios.
Quienes se oponen afirman que no puede ser que los servicios públicos dependan de empresas privadas que, lógicamente, buscan la rentabilidad de sus inversiones y consecuentemente podrían despedir trabajadores, reducir salarios y aumentar coste al usuario.
Los que se oponen también manifiestan que los servicios públicos son establecidos para servir a los ciudadanos y deben depender de los gobiernos, que entre otras cosas para eso son constituidos.
De hecho, los servicios públicos tienen como base de operaciones los aportes monetarios que los contribuyentes pagan a diario, además de otros ingresos que proceden de variadas fuentes.
Por eso y mucho más, privatizar o no es un asunto de todos.
