Sin embargo, vale aclarar que el racismo no solo ni siempre se evidencia en las fogatas del Ku Klux Klan o las banderas de cruces gamadas. Este puede manifestarse incluso en situaciones aparentemente asépticas y rutinarias.
Como ha explicado la historiadora Carol Anderson, de Emory University, puede hacerse patente “de manera fría y metódica cuando se aprueban leyes, se marcan los límites del distrito y se dirimen casos judiciales” que perjudican a grupos minoritarios, sean negros, hispanos o inmigrantes en general.
Este pudiera ser el caso de la petición de exenciones, que planea presentar el Departamento de Educación de la Florida, a la aplicación de la llamada Ley cada estudiante triunfa (Every Student Succeeds Act) o ESSA (por sus siglas en inglés). Tal vez usted lo ignore, pero esta es la principal ley que rige la educación pública en Estados Unidos, desde kíndergarten hasta el grado 12.
La ley, aprobada en el 2015 durante el gobierno de Barack Obama —con antecedentes en la que firmó Lyndon B. Johnson en 1965 al calor del movimiento por los derechos civiles—, exige que las escuelas rindan cuentas del desempeño de sus estudiantes, en particular, aquellos pertenecientes a sectores tradicionalmente desfavorecidos y discriminados. Teniendo como meta el mayor acceso posible a la enseñanza, requiere que los datos se desagreguen según subgrupos demográficos específicos (por ejemplo, negros, blancos, hispanos, alumnos con discapacidades, entre otros). Y esto cuenta a la hora de evaluar los resultados de la escuela.
En septiembre cada estado debe presentar al Departamento de Educación federal su plan sobre cómo piensa aplicar dicha ley. La Florida le adicionará exenciones en varios puntos fundamentales que, precisamente, se refieren a los estudiantes cuyo progreso la ley de 1965 —y las actualizaciones de 2002 y 2015— quiso preservar.
Tallahassee vuelve a la carga
Vale aclarar que hasta ahora Tallahassee se las ha arreglado para que Washington apruebe sus exenciones a ESSA. Así pues, ahora solicita que le permitan nuevamente lo siguiente:
- No tomar en cuenta, para la evaluación anual de las escuelas, el desempeño de los subgrupos antes citados, sino solo los resultados del total de estudiantes.
¿QUÉ SIGNIFICA?
Para Tallahassee no interesa la situación de los subgrupos sino el promedio general de la escuela. Aunque esta refleje el balance académico de los subgrupos (por ejemplo, negros e hispanos), las cifras permanecerían, debajo de la alfombra, como estadística comprometedora que no conviene mostrar.
¿CUÁLES SON SUS IMPLICACIONES?
La escuela no está obligada a considerar el desempeño de los subgrupos dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Los avances o retrocesos no servirán de base para diseñar los planes de clases. El rendimiento se aprecia de manera global, sin rostros, resultado de un promedio.
- Utilizar el examen de English Language Arts (idioma inglés), que mide el conocimiento y habilidades de alumnos angloparlantes, para evaluar el progreso de todos los estudiantes, incluidos aquellos que aprenden dicho idioma.
¿QUÉ SIGNIFICA?
Para medir el progreso se valora el resultado de un examen concebido para estudiantes nativos, que incluye experiencias culturales ajenas a quienes aprenden el idioma. Aunque la escuela aplique la prueba adecuada a las características de los segundos (English Language Proficiency, ELP), esta sería irrelevante para Tallahassee.
¿CUÁLES SON SUS IMPLICACIONES?
El examen de English Language Arts no está diseñado para evaluar el progreso de quienes aprenden inglés. En consecuencia, no proporciona información útil para adecuar la enseñanza a las necesidades de los alumnos. Esto comporta efectos negativos en todas las asignaturas. Además, al no figurar en el informe oficial, las administraciones le restan importancia, lo que equivale a menos atención y recursos.
- No facilitar al estudiante la posibilidad de realizar exámenes de suficiencia en su lengua materna.
¿QUÉ SIGNIFICA?
ESSA recomienda que los estudiantes rindan exámenes de suficiencia (dominio de conocimientos en varios campos) en su lengua nativa. Sin embargo, la Florida se niega aplicar esta parte de la ley, pues alega que violaría la Constitución del estado, cuyo idioma oficial es el inglés.
¿CUÁLES SON SUS IMPLICACIONES?
Ante todo, evaluar en la lengua nativa no implica violar la Constitución. En contraste, forzar al estudiante a examinarse en un idioma que ignora, resulta altamente frustrante a más de injusto. Por un lado, le impide demostrar sus conocimientos (en Ciencias, Historia y Matemáticas, por ejemplo); por otro, lo condena a un fracaso rotundo. Esto es particularmente nocivo en High School, donde provoca deserción escolar, bajas tasas de graduación y consecuencias nefastas para la futura vida laboral.
CONSECUENCIAS PARA MAESTROS, PADRES Y ESTUDIANTES
Para los maestros, menos información sobre el alumnado, sus progresos o retrasos, e imposibilidad de aprovecharla para perfeccionar clases y atender de manera diferenciada las necesidades de los estudiantes. Es, asimismo, una fuente segura de frustración: trabajar a ciegas no es precisamente el mejor modo de estimular la profesión, ya de por sí difícil, poco remunerada y rebosante de tareas burocráticas. Las exenciones solicitadas afectan el proceso de enseñanza, la labor y evaluación de los maestros y el aprendizaje de los alumnos.
Muchos padres, por diversas razones, permanecen ajenos a lo que sucede en la escuela. Algunos conceden total confianza a las decisiones de las autoridades (sean estado, distrito o colegio) sin reparar en el hecho de que estas no siempre son acertadas ni responden a los mejores intereses de sus hijos. Las exenciones que pide Tallahasse y que el distrito escolar de Miami-Dade respalda, son un ejemplo.
El grito en el cielo
Se percibe cierto tufillo racista en esta petición del Departamento de Educación. No en balde grupos de derechos civiles y expertos en la enseñanza de idiomas las han rechazado. The Leadership Conference on Civil and Human Rights —una coalición de más de 200 organizaciones nacionales— y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), entre otros, están muy preocupados de que, de aprobarse la solicitud, la Florida podría ignorar las necesidades de los estudiantes de minorías.
Minorías. Estamos hablando de negros, hispanos, además de niños de familias pobres o con discapacidades. Y si una ley, o su aplicación, las perjudica, como podría ser el caso, ¿no sería lícito calificarla de racista o, cuando menos, considerar que arrastra prejuicios raciales?
Mari Corugedo, maestra de Miami-Dade y directora estatal de LULAC, defiende el acceso igualitario y de alta calidad a la enseñanza. Teme que, si las exenciones se aprueban, estas tendrían repercusiones negativas duraderas. “Sus efectos se sentirían inmediatamente y hasta más allá de una década”, apunta. Corugedo estima que la comunidad debe movilizarse para impedirlo. “Una vía efectiva es enviar mensajes en inglés o español al Gobernador Rick Scott ([email protected]) rechazando los waivers”, sugiere.
Curiosamente, Tallahassee convocó a todos los supervisores de los distritos escolares del estado a una reunión para conseguir el apoyo a las exenciones de marras. ¿El desenlace? “Aprobadas por unanimidad”. Que Sarasota o Volusia levantaran sus manos pudiera entenderse. Pero uno nunca lo esperaría de Miami-Dade, con población eminentemente hispana e irritantes bolsones de pobreza. ¿Y qué dice la Junta Escolar? Pues ya se sabe que, por lo general, permanece en silencio hasta tanto no finalice la batalla, el paisaje despejado y el vencedor bien definido.
Follow the money
Me explica un exfuncionario escolar que, en el fondo, es una cuestión de dinero. Cada una de las exenciones obliga a los distritos a gastar cientos de miles de dólares por concepto de pago a maestros, tutorías, recursos materiales y aplicación y evaluación de exámenes. Y nunca han faltado tijeretazos.
Tómese en cuenta, además, que la Florida ocupa el furgón de cola de los estados respecto al gasto por estudiante. Según datos del National Center for Education Statistics del año 2014, la Florida gasta $8,714 por estudiante, comparado con el promedio nacional de $10,936. Para colmo, con tantos dólares fluyendo a los bolsillos de los ejecutivos de las escuelas charters, hay menos recursos financieros que nunca.
Hace dos años estalló en Miami una protesta debido al intento de eliminar los programas de español. El distrito escolar escuchó el clamor, rectificó e introdujo ciertos cambios, si bien insuficientes. Pero se sabe que a muchos padres les interesa, por sobre todas las cosas, que sus hijos aprendan inglés. Desde luego, no es solo para que les sirvan de intérpretes cuando lidian con la compañía de teléfonos. Se trata de que ello es una condición imprescindible para su éxito académico y avance social. Sin inglés no hay sueño americano.
Empero, no son solo las familias las más afectadas. Cualquier decisión que afecte el normal desenvolvimiento de la enseñanza del inglés tiene consecuencias catastróficas para la actividad económica en el sur de la Florida, cuyo bilingüismo le proporciona ventajas reales en el comercio global.
¿Racismo, prejuicio racial o pura estulticia? Pues bien, si Tallahassee se sale con la suya, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con una estrella amarilla en la frente. Convendría impedirlo.
Periodista, profesor de Nova Southeastern University
[email protected]
http://www.sehablaespanolblog.wordpress.com
