El tema de la reelección presidencial ha sido objeto de múltiples y diversas discusiones, estudios y posiciones durante toda la historia republicana en Latinoamérica, pero con mayor énfasis y frecuencia a partir de la última década del pasado milenio. Existen justificaciones objetivas tanto a favor como en contra de la idea de que un gobernante pueda ser reelecto en su cargo.

El espectro de variantes posibles desde la reelección indefinida o sin límites hasta la prohibición absoluta de reelección, pasa por algunos esquemas intermedios como la reelección inmediata abierta, en los casos en que se le permite al candidato presentarse después de un tiempo determinado desde su último mandato, o cerrada, cuando no le es permitido volver a presentarse; así como la reelección no inmediata o alterna que requiere el paso del tiempo o de uno o varios períodos presidenciales intermedios para que el candidato pueda presentarse de nuevo, que igualmente pudiera ser abierta o cerrada.

Algunas constituciones consagran normas restrictivas que imponen impedimentos que afectan a los cónyuges o familiares cercanos del presidente saliente, para presentarse como candidatos a la presidencia.

Aquellas voces que favorecen la reelección, arguyen que el no permitirla privaría a la sociedad de ejercer su soberanía a través del voto y de conservar un comprobado buen gobernante para sustituirlo por uno nuevo, cuya eficiencia se desconoce.

En el mismo sentido, sostienen que la posibilidad de reelección representa para el gobernante el mejor incentivo para desempeñar bien su gestión, pero si, por el contrario, el gobernante no pudiera reelegirse estaría entonces más tentado a sucumbir a la corrupción. Por último, alegan que la alternancia permanente de gobernantes atenta contra la continuidad y calidad de la gestión gubernamental que se vería truncada con cada nuevo presidente.

Si bien es cierto que, en puridad de criterios, los electores deberían tener la opción de votar por la continuación de lo que consideren fue un buen gobierno, la historia constitucional latinoamericana nos muestra que en países con debilidad institucional, como el nuestro, la constante entre los ocupantes de la silla presidencial es la tentación irresistible a eternizarse en el poder, para lo cual cooptan todos los demás poderes, incluyendo el poder electoral.

Muy claro lo expresa el académico argentino Mario Daniel Serrafero, al afirmar que “En América Latina encontramos dos tendencias en continuo dinamismo. De un lado, la tendencia –siempre insuficiente– de limitar el poder del presidente y, del otro, considerar que un mandatario debe tener la oportunidad de gobernar hasta tanto el pueblo así lo decida. La decisión sobre un tema tan relevante no debe circunscribirse a las opiniones y pasiones que despierta un caso particular en una coyuntura electoral concreta”.

Para lograr un justo balance que evite, por una parte, que un verdadero buen gobierno sea truncado por una norma excesivamente restrictiva y, por la otra parte, que una situación de debilidad institucional permita la manipulación fraudulenta de poderes para eternizar al presidente o a su grupo político en el poder, la propuesta de Control Civil, a nuestro entender inédita, presupone la existencia de dos mecanismos que condicionen las facultades del incumbente presidencial para postularse a una única reelección inmediata.

El primer presupuesto, conforme se ha recomendado previamente en esta columna, es que en cada proceso electoral, además de la elección del candidato, se seleccione democráticamente un grupo de índices que sirvan para medir el desempeño del gobernante en aquellos asuntos que los electores consideren más importantes y a los cuales, en consecuencia, debe dedicar el mayor esfuerzo durante su gestión. La publicación de dichos índices tendría que ser efectuada por entes bajo el control del Poder Civil y, por ende, no susceptibles de manipulación por parte del gobernante.

El segundo presupuesto, que también ha sido esbozado previamente en esta columna, es el mecanismo de premios y castigos que Control Civil sugiere adoptar para la evaluación de desempeño de la gestión pública, conforme a la cual si un gobernante logra mejorar anualmente más de la mitad de los índices seleccionados por su electorado, entonces el Estado debe premiarle con una bonificación monetaria significativa, pero si, por el contrario, no ha logrado tal mejora a la mitad de su período, entonces debería automáticamente convocarse a un referendo revocatorio de su cargo.

La propuesta de Control Civil, para el cargo de Presidente de la República, es que se establezca un período de cuatro años, con la posibilidad de una sola reelección inmediata, siempre y cuando el presidente candidato hubiere logrado en su primer período mejorar la mayoría de los índices que los electores hubieren seleccionado para medir su gestión. En caso contrario, ni siquiera podría presentarse a la reelección.

Con este esquema se lograrían evitar los peligros de una manipulación política al tiempo que se podría obtener el beneficio de conservar, hasta por un período adicional de cuatro años, a un gobernante cuya buena gestión este validada, no solamente por los votos, sino también por una medición objetiva de su desempeño.

juanriquezes@gmail.com
@juanriquezes

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