El régimen comunista de Cuba está angustiado, asustado y, peor aún, desesperado. Las diversas iniciativas con que el pueblo busca darle continuidad a la voluntad popular expresada el 11 de julio, lo tiene temeroso. La vieja argumentación de que el comunismo significa “el pueblo al poder”, se ha deshecho y los comunistas desde el poder, le han declarado la guerra al pueblo.

La respuesta torpe con que el régimen inicialmente quiso frenar la marcha del 20 de noviembre, anunciando unas maniobras militares en esa fecha y en las calles, quedó desacreditada rápidamente cuando los organizadores cambiaron la fecha para el 15 de noviembre. Entonces, el régimen se quitó la careta y mostró sus habituales colmillos para prohibirla. Pero, sin tener el coraje para reconocer que la prohíbe porque no admite oposición de ningún tipo.

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La argumentación que le entregaron a los organizadores es tan falsa como lo es toda la estructura jurídica y legal del régimen que ni siquiera respeta sus propias “leyes”. Lo que ha regido en Cuba bajo el comunismo es la arbitrariedad y, por supuesto, acompañada de la impunidad.

La solicitud, dice el régimen, no es “lícita” porque la intención de los solicitantes es el cambio de régimen. Es decir, que ahora son “adivinos” y pueden saber las intenciones de las personas aunque no las manifiesten. Por supuesto que echaron a un lado las intenciones expresadas en la solicitud que son: “contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de los cubanos, por la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.

La carta de denegación hace referencia comparativa a marchas “ensayo” en otros países y es oportuno recordar que en las marchas y protestas en El Alto, Bolivia, en noviembre del 2019, varios funcionarios cubanos resultaron arrestados por entregar dinero a los grupos que participaban en las protestas. Los arrestados fueron: Idalberto Delgado Baró, Amparo Lourdes García Buchaca, Ramón Emilio Álvarez Cepero y Alexander Torres Enríquez. Se les ocupó un total de 90,000 pesos bolivianos equivalentes a US$13,000. Esas protestas sí fueron pagadas desde el exterior.

También, en su argumentación el régimen recurrió, por enésima vez, al cacareado argumento del “anexionismo” intentando descalificar a la juventud que rechazó pública y masivamente el sistema comunista. Irónicamente, fue el régimen castrista el que dejó bien clara su vocación anexionista cuando incluyó en su texto constitucional su servidumbre hacia la Unión Soviética.

El régimen “asigna” a los organizadores de la marcha un supuesto propósito de “cambio de régimen”. Pero, ¿acaso no tiene derecho el pueblo a cambiar el gobierno?, ¿No dice el Artículo 3 de la llamada constitución castrista que la soberanía reside en el pueblo y que éste es la fuente del poder del Estado? Lo que vimos en las calles de toda Cuba, el 11 de julio, fue el pueblo en su expresión más espontánea y genuina, ejerciendo esa soberanía. Pero, el régimen en lugar de oír al pueblo y respetar su condición de soberano, lo que hizo fue balearlo, apalearlo y arrestarlo. El próximo paso represivo será, evidentemente, la militarización de las ciudades para evitar que el pueblo ejerza su soberanía.

El régimen trata también de otorgarse legitimidad argumentando que el 86% de los votantes aprobó la constitución castrista, pero esas “votaciones” casi unánimes solo ocurren en los países bajo el comunismo por el grado de coacción social que se ejerce sobre la población. La evidencia de falsedad de esas votaciones es que después que terminan los regímenes comunistas, jamás vuelven a ocurrir esas votaciones semi-unánimes. Además, el 14% que no votó a favor de esa constitución, ¿no tiene derechos?

Es oportuno recordar que en Cuba reina la doble moral política donde la gente finge adhesión al régimen para evitar la represión y la discriminación por causa política. ¿Acaso no recuerdan los casos de Carlos Aldana, Carlos Lage, Felipe Pérez Roque y Remírez de Estenós, por solo mencionar algunos? Todos ellos fingían adhesión al régimen, pero lo detestaban y sabían que era un fracaso. Si esa situación ocurre a los más altos niveles, ¿cómo será en la generalidad del pueblo?, ¿Tiene alguna validez una votación bajo esa realidad?

Tampoco se debe pasar por alto la argumentación del régimen tratando de descalificar a los organizadores de la marcha por supuestos vínculos con exiliados o compatriotas allá que han expresado su respaldo a una acción militar contra el régimen castrista. Por supuesto que el régimen edita esas opiniones y borra la condicionalidad de “en caso que ocurra una masacre contra las personas que protestan”. ¿Habrá alguien en Cuba o en el exilio que se oponga a que Estados Unidos o una coalición de países realice una intervención armada en Cuba si el régimen realiza una masacre contra personas desarmadas que salen a manifestarse pacíficamente?

El régimen castrista es el que menos puede mencionar las palabras “intervención armada” porque desde su llegada al poder comenzó a hacerlo contra otros pueblos y países. En el mismo 1959 lanzó grupos armados contra Nicaragua y Venezuela. Durante décadas entrenó, armó y financió guerrillas contra todos los países de Latinoamérica, con la excepción de México, como desvergonzadamente reconoció Fidel Castro en Uruguay en 1998.

También realizó invasiones armadas en Angola y Etiopía. Intervino en la guerra árabe-israelí en las Alturas de Golán. Sus tropas ejecutaron una horrible masacre en Angola en mayo de 1977, masacre que recientemente reconoció el actual presidente angoleño, João Lourenço, el 25 de mayo pasado, y pidió perdón a los familiares de los miles de asesinados.

Con un historial como ése, el régimen castrista debía cuidarse de los argumentos que use. Tal vez sería mejor que tuviera el valor de llamar las cosas por su nombre, reconociendo que no dará ningún permiso para marchas porque en Cuba mandan ellos y el pueblo no tiene ningún derecho. Cualquier otra razón, es una sin razón.

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