Desde que comenzamos con esta columna hace ya tres meses, hemos intentado transmitir las bases estructurales y esenciales de nuestra propuesta, a la que hemos denominado “Control Civil” y que tiene como objetivo principal sensibilizar a todos los ciudadanos venezolanos, respecto de la necesidad y la conveniencia de aprovechar el marcado deterioro institucional que sufre Venezuela y su inminente colapso, para renegociar un nuevo Pacto Social que reordene los poderes fácticos de la sociedad y ubique al individuo en el centro de la acción del Estado.

Para que dicho nuevo Pacto Social genere sus frutos de una manera que sea sustentable e irreversible, desde Control Civil hemos venido proponiendo lo siguiente:

Que se generen cambios a la arquitectura de contra-balances institucionales mediante un nuevo esquema de separación de poderes a dos niveles, contraponiendo al Poder Político, bajo el cual quedaría el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo, un nuevo Poder, denominado Poder Civil, al cual se redistribuirían los poderes Judicial, Electoral y Moral, así como todos aquellos entes que por su naturaleza han de ser ajenos al control político, para equilibrar nuestra muy maltrecha ecuación de separación de poderes

Que el Poder Civil sea regido por un Consejo Rector conformado por representantes legítimos de los cuerpos intermedios de la sociedad (sindicatos, gremios, cámaras, colegios profesionales, universidades, ONGs, Iglesias) y cuyo miembros rectores durarían 3 años en sus cargos, debiendo renovarse al menos un tercio de ellos cada año, para que la sociedad civil participe en el control y supervisión de la gestión pública.

Que se establezca un impedimento estricto para que los funcionarios que hayan prestado servicios a alguno de los poderes (Político o Civil) o sus familiares cercanos, no puedan prestar servicios a entes del otro poder hasta que pasen 10 años desde que hubieren cesado en sus cargos, para evitar se repita la cooptación que ha corroído el sistema venezolano por décadas.

Que todos los entes que manejan la recaudación, procesamiento, análisis, y divulgación de data estadística, pasen a estar adscritos a entes bajo el control del Poder Civil, para que la ciudadanía pueda contar con toda la información que necesite o desee de manera oportuna y confiable.

Que los ciudadanos además de elegir libremente a sus candidatos, también puedan seleccionar los índices que sirvan para medir la gestión del gobernante, para que el buen gobernante sea bonificado económicamente, mientras que el mal gobernante sea objeto de un referendo revocatorio automático.

Que, para evitar la tentación a los políticos, todos los bienes, derechos, entidades y activos productivos del Estado que no sean estrictamente necesarios para servir de asiento del gobierno o para el cumplimiento de sus funciones básicas (Seguridad, Justicia, Salud, Educación e Infraestructura.), sean transferidos al Fideicomiso Nacional para el Futuro (FNF), a ser constituido en un país desarrollado y en divisas, cuyos propietarios y beneficiarios serían todos los ciudadanos debidamente registrados a una fecha determinada.

Que dicho Fideicomiso (FNF) sea administrado corporativamente por un ente conformado por profesionales de primer nivel, supervisado permanentemente por el Consejo Rector del Poder Civil y bajo reglas claras que establezcan la seguridad, la liquidez y el rendimiento como el orden de los criterios de inversión, para garantizar que logre sus frutos.

Que por sus primeros 20 años, el FNF distribuya una porción no mayor al 50% de su rentabilidad anual con el objetivo de sufragar el costo de pólizas de seguros de salud y de la mejor educación posible de todos los beneficiarios y de sus familiares, a su libre elección, para que al final de ese período contemos con ciudadanos sanos y bien formados.

Que al vigésimo aniversario del FNF, éste se convierta en una o varias corporaciones y se distribuyan acciones a todos los beneficiarios, de manera tal que cada ciudadano beneficiario pueda disponer inmediatamente de una porción de esas acciones y gradualmente del resto de sus acciones en un período de 20 años, para que contemos también con un país de propietarios.

Que se aproveche la tecnología para que cada gobernante deba consultar a los ciudadanos sobre decisiones especiales, sobre la direccionalidad de sus esfuerzos, sobre su plan de gobierno y sobre sus metas específicas, así como para que cada ciudadano pueda contrastar los resultados de la gestión pública con data estadística oportuna y confiable generada de manera independiente.

Nadie puede anticipar las nuevas estructuras que se implantarán en Venezuela luego que caiga la dictadura, pero sí está claro que más pronto que tarde habrá cambios profundos y que los políticos tendrán que negociar con los civiles. Todo lo que el Poder Civil no reclame para sí, le será arrebatado por el Poder Político.

Como anillo al dedo, concluimos citando al poeta español Antonio Machado: “En política sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire; jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela.”

juanriquezes@gmail.com

@juanriquezes

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