Economistas venezolanos estiman que el inicio de la recuperación de Venezuela, una vez que se verifique el próximo cambio de gobierno, va a requerir de fondos que exceden los $80MMM.

Hay quienes calculan que durante los últimos 20 años, el monto extraído del erario público venezolano producto de la corrupción sobrepasa los $500MMM. Buena parte de ese monto muy probablemente se encuentre depositado en cuentas bancarias o de inversión o invertido en activos a nombre de testaferros.

De acuerdo con Wikipedia, “TESTAFERRO” es un término usado en la literatura, en las leyes y en la psicología para señalar a la persona que suplanta, encubre o se disfraza legal o ilegalmente prestando su nombre e identidad, firma o su personería, emulando el papel social de la persona mandante a la que en el fondo representa. La palabra “TESTAFERRO” significa literalmente cabeza de hierro y proviene de la conjunción de dos términos del italiano, “testa” que significa cabeza y “ferro” que significa hierro.

Al igual que los funcionarios públicos corruptos, los testaferros son también delincuentes, ya que están involucrados, en el mejor de los casos, en lavado de activos y en enriquecimiento ilícito.

No obstante ello, la comunidad internacional le ha venido dando un tratamiento diferenciado a aquellos testaferros que deciden cooperar con los órganos de administración de justicia, suministrando información válida y creíble que coadyuve en el procesamiento judicial de los corruptos, así como en la recuperación de los dineros extraídos de las arcas públicas.

Ha quedado demostrado que cuando países, como el nuestro, enfrentan problemas graves de corrupción y establecen esquemas de incentivo y protección a la delación para el enjuiciamiento de los corruptos, por lo general logran salir rápido del periodo de crisis y, además, fortalecidos institucionalmente.

Tal fue el caso “Tangentopoli” o ciudad de coimas, una inmensa crisis de corrupción por la que atravesó Italia durante los años 90, que llevó a juicio a 5,000 figuras públicas y más de la mitad de los miembros del parlamento, en una embestida de delaciones contra los corruptos que se llamó “Mani Pulite” o manos limpias.

La situación llevó a muchos políticos y empresarios corruptos al suicidio y fue tal el frenesí que, en una ocasión, un político socialista decidió confesar todo sus delitos al carabinieri que a su casa se presentó, sólo para luego descubrir que el motivo de la visita del policía era la presentación de una multa por una infracción de tránsito.

De igual manera se puede referir el caso de las gargantas protegidas en Perú, a través de la Ley del Colaborador Eficaz, que permitió la condena y la reclusión en la cárcel de Alberto Fujimori.

También debemos referirnos al Brasil con los casos Mensalao, referido a la compra de votos en el Congreso o el Petrolao, que desnudo una trama de corrupción y sobornos de políticos y funcionarios en relación con Petrobrás, así como el último y más reciente caso de la Operación Lava Jato, que logró el enjuiciamiento de muchos políticos y empresarios corruptos, incluyendo a los dueños y directivos de Odebrecht, todo gracias a la información suministradas por participantes o informantes incentivados y protegidos por la Ley de Delación Premiada.

Estas figuras de colaborador eficaz o delación premiada y otras como agente encubierto, informante, testigo de identidad reservada o agente arrepentido son todas herramientas que ya juegan un rol efectivo contra la delincuencia organizada y la corrupción en países de nuestra región.

En la medida en que estos testaferros e informantes ayuden a esclarecer los hechos delictivos o a revelar las identidades de sus autores, partícipes, cómplices o encubridores y a recuperar el dinero robado de las arcas públicas venezolanas, deberían también recibir beneficios tales como la reducción de las penas que deban pagar por sus delitos y la conmutación de ellas en arresto domiciliario o el sobreseimiento de sus causas o la suspensión de la persecución penal e, incluso, la retribución de una porción de valor de los bienes restituidos al Estado.

La propuesta de Control Civil es que, luego de que se verifique el próximo cambio de gobierno, la Asamblea Nacional apruebe una ley que otorgue, al menos, tres tipos de beneficios a los testaferros e informantes que suministren información que, efectivamente, lleve al enjuiciamiento de los corruptos y a la recuperación del dinero robado al Estado venezolano.

El primer beneficio es que se les otorgue protección, tanto a ellos como a sus familias, mientras dure la fase judicial e, incluso, luego de culminada esta.

El segundo beneficio, para los casos de testaferros delatores, es que se les ofrezcan desde importantes reducciones de las penas a ser pagadas por sus delitos con arresto domiciliario hasta el sobreseimiento de sus causas.

El tercer beneficio, probablemente el más importante de todos, es que se les retribuya con el 20% del valor de los bienes que el Estado logre efectivamente recuperar por la información entregada.

Todo testaferro que actualmente tiene que hacer magia para administrar y movilizar unos activos y un dinero que no son suyos, y que convive con la ansiedad de escapar de las investigaciones y sanciones internacionales, al tiempo que debe tener a la familia permanente prevenida para la siguiente mudanza en carrera hacia otro país, sabe que algún día tendrá que rendir cuentas y que una propuesta como esta es imposible de rechazar.

Con esta propuesta pragmática, basada en el principio de que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, Venezuela puede llegar a recuperarse con relativa rapidez luego que caiga la actual dictadura.

juanriquezes@gmail.com / @juanriquezes

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