La Casa Blanca ha extendido el Estatus de Protección Temporal, TPS, por sus siglas en inglés, a ciudadanos residentes en Estados Unidos y provenientes de naciones de Centroamérica, el Caribe, Nepal y Sudán. Sin dudas, es resultado de un intenso lobby diplomático en Washington para evitar poner fin a este alivio inmigratorio de protege a unas 400.000 personas. No obstante, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía ha dicho que esta extensión obedece a la espera por la resolución del caso Ramos vs. Nielsen, en corte federal, cuyo litigio impidió la cancelación del TPS.

Uno de los países que se destacó a la vanguardia de defender la permanencia de sus nacionales en Norteamérica fue Honduras, que además de una Cancillería activa que extendía y resolvía las preocupaciones, desde Tegucigalpa hasta la capital estadounidense, mostró preocupación sobre el destino de aproximadamente 44.000 hondureños que son protegidos por el TPS.

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Desde el comienzo de la administración de Donald Trump, el gobierno de Honduras se había fijado como meta no desamparar a sus connacionales que ya se han instalado en Estados Unidos, bajo el estatus temporal, y cuyas familias ya cuentan con una vida de producción y arraigo en el hogar del sueño americano.

El presidente Juan Orlando Hernández, advirtiendo incluso la posibilidad de eliminación de este recurso inmigratorio, sostiene un plan de regreso para la reincorporación de aquellos hondureños que deban, necesariamente, volver a la patria. Durante este 2019, el mandatario centroamericano ha expuesto el potencial de su país ante el mundo, reiterando la disposición de una mano de obra especializada para la puesta en marcha de inversiones de capital privado y destacado en Honduras.

Hernández también ha reconocido el valor de esos tepesianos que pudieran regresar más preparados para fortalecer el crecimiento de la producción nacional de Honduras. Una mano de obra calificada y con emprendimiento demostrado en Estados Unidos, es fundamental para una economía emergente.

La Cancillería de Honduras igualmente ha desplegado esfuerzos consulares en Estados Unidos para atender la incertidumbre de quienes temen tener que regresar, ante la interrupción de este recurso para la legalidad inmigratoria. Oficinas fijas e itinerantes de la representación diplomática hondureña recibieron a esas familias que temían perder años de permanencia en suelo norteamericano.

No obstante, La Casa Blanca, a pesar de la firmeza del cumplimiento de la campaña de Trump, debió reconsiderar la anulación del alivio temporal pues la cuenta regresiva hacia las elecciones del 2020 inquietan a quienes aspiran a mantenerse en el poder.

Hasta enero del 2021 estará en vigencia el TPS, tiempo suficiente para recalcular la vía inmigratoria del futuro a largo plazo en Estados Unidos de los amparados. El presidente Juan Orlando Hernández ha celebrado esta decisión y dejó claro también que su administración seguirá trabajando “para encontrar una solución permanente y humana para nuestros hermanos hondureños”.

El lobby continúa. De hecho, el mandatario también anunció la oportunidad que Estados Unidos ha ofrecido para la legalización temporal de hondureños que sean contratados para el desarrollo de obras de infraestructura.

Mientras transcurren los meses para el vencimiento de esta prórroga, tanto el gobierno de Honduras como sus ciudadanos en Estados Unidos, de seguro lograrán esa vía de permanencia legal y potenciar las condiciones de ese país centroamericano, para darle la bienvenida a esos ciudadanos que quizás regresarán por cuenta propia, pues saben que la prosperidad estará por venir.

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