Estados Unidos es una nación de inmigrantes y debe estar orgullosa de ello. Esa es una realidad incuestionable. Pero más incuestionable aún es que Miami, y el condado de Miami-Dade, es un condado de inmigrantes. 66% de su población es de origen hispano y 72% habla un idioma distinto al inglés. Es decir, que el desarrollo del condado depende en gran medida del aporte de esta comunidad.
Esta semana, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, haciendo pleno uso de sus atribuciones, pidió a las cárceles de este condado del sur de Florida que cumplan con las solicitudes federales de detención de inmigrantes.
La decisión se produce un día después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que debilita a las ciudades santuario al establecer un recorte de sus fondos federales si continúan refugiando a indocumentados.
Tal decisión debe alertar a las comunidades, pues proteger al país y al condado de la inmigración ilegal y hacer a la ciudad un sitio seguro para vivir debe ser una prioridad, siempre que se respeten los derechos humanos y se protejan a las familias.
El trabajo de los alcaldes debe ser el de proteger a todos sus ciudadanos sin importar su condición migratoria, mientras el problema de la inmigración es federal y el Gobierno de Donald Trump está en el derecho de proteger la soberanía y la seguridad de la nación, sin olvidar que el país se hace grande con el talento de sus habitantes, incluyendo el aporte de la inmigración, a la que siempre ha estado abierta el país.
Tradicionalmente, en el sur de Florida se ha protegido, de hecho, a los inmigrantes. Es una región que ha brindado oportunidades a quienes llegan de otros países.
La diversidad ha sido una de las fortalezas de Estados Unidos y el sur de Florida es una muestra de ello. A Miami han llegado aquellos que han huido de la persecución, las calamidades sociales y políticas, e incluso la guerra. Defender esta diversidad es defender la historia del país.
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