La pregunta útil no es solamente qué quiere hacer Estados Unidos con Venezuela. La pregunta verdaderamente estratégica es: ¿Qué propuesta venezolana podemos colocar frente a Estados Unidos para demostrar que una digna Venezuela democrática, institucionalmente estable, segura y económicamente recuperada también responde a intereses estratégicos estadounidenses?.
Una realidad que no podemos ignorar. Estados Unidos constituye hoy el actor externo con mayor capacidad de incidir sobre la evolución venezolana. Washington mantiene una relación directa con el gobierno provisional, ha participado en las negociaciones políticas, exige elecciones libres y, simultáneamente, ha establecido una relación energética de extraordinaria magnitud con Venezuela. Pero todavía no existe una fecha cierta para elecciones presidenciales. Delcy Rodríguez regresó de su reciente visita a Estados Unidos sin un calendario electoral definido, mientras las reformas institucionales discutidas, específicamente del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, podrían prolongar el proceso electoral por más de un año.
Entretanto, la relación económica avanza. En septiembre, las exportaciones petroleras venezolanas hacia Estados Unidos alcanzaron aproximadamente 629.000 barriles diarios, frente a 553.000 en agosto. Al mismo tiempo, el FMI estudia establecer una oficina en Venezuela, aunque todavía no exista solicitud formal de un programa financiero, ni gestiones solidas hacia ello. Sin embargo, podemos decir que; la normalización económica puede comenzar a avanzar más rápidamente que la normalización democrática. Ese desequilibrio merece nuestra atención.
Venezuela no es todavía un país normalizado: La salida de Maduro no hizo desaparecer automáticamente las estructuras opresivas y corruptas, que durante años han sostenido al sistema político venezolano, trastocado por la pretensión de imponer una ideología hegemónica con leyes acondicionadas a solidificar dicho sistema en contra de todo Estado de Derecho.
Persisten presos políticos. Foro Penal contabilizaba 344 al 14 de septiembre, entre ellos 144 militares, y advertía además que miles de antiguos detenidos continúan sometidos a procedimientos o restricciones. Posteriormente se produjeron nuevas excarcelaciones, lo cual constituye una evolución siempre humanamente favorable, pero la existencia misma de centenares de detenidos por razones políticas demuestra que el problema no ha concluido.
Tampoco han desaparecido de un día para otro la politización de instituciones, los colectivos armados, la presencia de organizaciones irregulares en zonas fronterizas, el narcotráfico, la debilidad institucional ni las consecuencias de años de deterioro económico y social. Y existe un asunto particularmente delicado que no puede quedar fuera de ninguna planificación seria: la Fuerza Armada Nacional. Venezuela necesitará una institución militar profesional, constitucional, políticamente neutral y dedicada exclusivamente a la defensa de la soberanía y del Estado. No basta sustituir mandos dentro de la misma cadena que ejerció la viciada condición política de ascenso y otorgamiento de cargos bajo la supuesta “lealtad al proceso revolucionario”. Será necesario un proceso profundo de reinstitucionalización y reconstrucción doctrinaria.
Tampoco podemos ignorar lo que Venezuela necesitará de Estados Unidos. Esta realidad conduce a una reflexión incómoda pero necesaria. Venezuela probablemente necesitará cooperación estadounidense para recuperar plenamente su democracia y fortalecer instituciones; para enfrentar narcotráfico y organizaciones irregulares; para reconstruir capacidades de seguridad; para facilitar una renegociación sostenible de su deuda; para recuperar acceso a tecnología, inversión y mercados internacionales; y para enfrentar las consecuencias humanitarias acumuladas durante años.
Estados Unidos, por su parte, también tiene intereses concretos. Necesita seguridad energética. Necesita reducir las redes internacionales de narcotráfico. Tiene interés en contener organizaciones armadas irregulares próximas al Caribe. Busca disminuir presiones migratorias y evitar que Venezuela vuelva a convertirse en una plataforma estratégica para actores adversarios. Aquí existe una oportunidad. No necesitamos que los intereses venezolanos y estadounidenses sean idénticos. Necesitamos identificar dónde convergen, eso es verdaderamente un ganar-ganar estratégico.
La diáspora no puede quedar fuera. Existe además una dimensión humana que corre el riesgo de quedar atrapada entre la política migratoria estadounidense y una interpretación prematura de que Venezuela ya se encuentra normalizada. Cientos de miles de venezolanos permanecen sujetos a diferentes situaciones migratorias: solicitudes de asilo pendientes, consecuencias de la terminación o modificación de protecciones temporales, antiguos beneficiarios de parole y personas sometidas a procedimientos migratorios o riesgo de deportación, que ha derivado, en muchos casos, en experiencias sumamente traumáticas.
Aquí debemos ser extremadamente claros. Maduro salió del poder. Eso no significa automáticamente que hayan desaparecido las causas que obligaron a cada venezolano a abandonar el país. Asilo, TPS y parole responden además a fundamentos jurídicos diferentes. Especialmente en materia de asilo, el análisis debe considerar las circunstancias y riesgos individuales.
La existencia de presos políticos, procedimientos judiciales todavía abiertos, estructuras de seguridad heredadas, colectivos y otras condiciones obliga a evitar una equivalencia peligrosa: Salida de Maduro = Venezuela segura = retorno automático. Esto no funciona así ni es la absoluta realidad del país.
La política migratoria debería evolucionar conforme evolucionen las condiciones reales del país, mediante indicadores verificables de seguridad, institucionalización y garantías de retorno. Y cuando Venezuela pueda ofrecerlas, la diáspora dejará de ser vista únicamente como consecuencia de una crisis y deberá convertirse en uno de los grandes recursos para la reconstrucción nacional. Allí están nuestros médicos, ingenieros, empresarios, técnicos, académicos, trabajadores especializados y millones de venezolanos que adquirieron conocimientos y experiencias alrededor del mundo. El retorno, cuando llegue, debe ser seguro, voluntario y productivo.
Hay otro adversario silencioso, el tiempo. Existe una variable que considero indispensable incorporar a cualquier apreciación estratégica, ganar tiempo también puede constituir una estrategia. Desde los primeros días o semanas de quedar Delcy R. como provisional, señalé en un articulo la estrategia del tiempo, hoy lo reafirmo aún más. No debemos afirmar sin pruebas cuáles son las intenciones personales de quienes permanecen dentro de la estructura de poder venezolana. Pero sí tenemos la obligación de contemplar una hipótesis, más allá de los antecedentes que si marcan por si solo, la prueba fehaciente de sostenerse en el poder a cualquier costo.
Sectores del aparato político, económico, militar o de seguridad podrían cooperar tácticamente con Washington, cumplir determinadas exigencias, disminuir tensiones y favorecer parcialmente la apertura económica mientras procuran preservar y reprogramar suficientes estructuras internas para esperar circunstancias internacionales más favorables. La hipótesis contraria también debe considerarse, teniendo en consideración los factores en contra que internamente aún se mantienen, esencialmente la masiva población a favor de su salida del poder. Y esa cooperación que ofrecen hoy, podría evolucionar efectivamente hacia una transición democrática. No necesitamos adivinar cuál de ellas es correcta. Necesitamos estar preparados para ambas.
Rusia, China e Irán tampoco necesitan actuar precipitadamente. Para ellos, esperar puede tener valor estratégico. Los gobiernos permanecen, las relaciones acumuladas durante décadas no desaparecen instantáneamente y el escenario internacional continúa profundamente inestable. Venezuela, por tanto, está sometida simultáneamente a varios relojes.
Está el reloj venezolano: interinato, presos políticos, crisis social y económica imperante, reforma institucional y elecciones. Está el reloj estadounidense: elecciones legislativas de noviembre, nueva correlación en el Congreso y final constitucional del mandato presidencial en enero de 2029. Está el reloj migratorio: asilos pendientes, protecciones temporales, detenciones, deportaciones y condiciones de retorno. Y está el reloj geopolítico: Rusia, China, Irán, Ucrania, Medio Oriente, energía y competencia internacional. Todos avanzan simultáneamente. La planificación estratégica parte de una premisa elemental: el futuro no puede adivinarse y resulta peligroso construir una política suponiendo que podemos hacerlo.
Por eso propongo estudiar escenarios amoldados a esta realidad con su propia condición extraordinaria en lo incierto:
En el primero, la estabilización conduce hacia una transición democrática. Se establece un cronograma electoral verificable; continúan las liberaciones; se reconstruye la independencia judicial; comienza la reinstitucionalización militar; se reducen las estructuras armadas irregulares; se expulsan fuerzas antagónicas extranjeras, se producen elecciones competitivas y transparentes, Venezuela avanza hacia un gobierno legitimado electoralmente y se establece una alianza sólida extraordinaria con los EEUU.
En el segundo, ocurre algo mucho más sutil: la estabilización termina sustituyendo a la transición. Mejora parcialmente la economía. Aumenta la producción petrolera. Washington obtiene cooperación energética, migratoria y antinarcóticos. Llegan algunas inversiones. El gobierno provisional proporciona gobernabilidad. Disminuye parte de la represión. Pero las elecciones continúan postergándose. Las estructuras fundamentales permanecen. Y la provisionalidad comienza lentamente a transformarse en permanencia.
No afirmo que alguno de estos escenarios vaya a ocurrir exactamente así. Precisamente ese es el punto. Los escenarios no se construyen para acertar el futuro. Se construyen para evitar que el futuro nos encuentre sin alternativas.
De la protesta a la propuesta. Durante demasiados años los venezolanos hemos debido denunciar, resistir, sobrevivir y pedir ayuda internacional. Ahora necesitamos añadir otro verbo: planificar. En lugar de preguntarnos únicamente qué decidirán Donald Trump, Marco Rubio, el Congreso o la próxima administración estadounidense, debemos construir una propuesta capaz de sobrevivir a todos ellos. Una estrategia venezolana no puede diseñarse exclusivamente para un presidente estadounidense. Debe diseñarse para relacionarse institucionalmente con los Estados Unidos.
Debe poder presentarse ante el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, Defensa, Energía, Tesoro, Homeland Security, el Congreso y los organismos financieros internacionales como una arquitectura coherente de transición y reconstrucción.
Y esa propuesta debe demostrar algo fundamental: Una Venezuela democrática puede ofrecer mayor seguridad jurídica para las inversiones; una Fuerza Armada profesional puede contribuir a la seguridad regional; instituciones legítimas pueden combatir mejor el narcotráfico; una economía recuperada puede reducir la migración forzada; un sistema judicial independiente puede proteger ciudadanos y capitales; y una Venezuela soberana e institucionalmente estable será mucho menos vulnerable a convertirse nuevamente en plataforma de penetración estratégica de potencias extrarregionales contra la seguridad hemisférica y especialmente en contra de los EEUU..
Ha habido y ha llegado el momento de elaborar un Plan Estratégico Venezolano de Transición y Reconstrucción 2026–2029. Lo hay? No como programa partidista. No como documento electoral. No como una nueva colección de aspiraciones o ambiciones personalistas. Debe ser un instrumento de planificación construido alrededor de intereses nacionales, escenarios, amenazas, oportunidades, indicadores, objetivos, líneas de esfuerzo, puntos de decisión y acciones concretas. Debe contemplar democracia, institucionalidad, seguridad, Fuerza Armada, economía, petróleo, deuda, crisis humanitaria, migración, retorno de la diáspora y relaciones internacionales solidas.
Y, fundamentalmente, debe responder una pregunta: ¿Qué debe estar preparado Venezuela para hacer si Washington acelera la transición y qué debe estar preparado para hacer si Washington decide que la estabilidad existente resulta suficiente?
Los planes cambiarán. Los escenarios probablemente no ocurrirán como los imaginamos. Las circunstancias obligarán a modificar objetivos, tiempos y procedimientos. Eso no disminuye el valor de planificar, lo confirma. Porque el futuro pertenece menos a quienes creen poder predecirlo que a quienes se preparan responsablemente para enfrentarlo. Venezuela ha pasado demasiado tiempo esperando decisiones ajenas. Ha habido la hora o quizás sea hora de colocar sobre la mesa una propuesta propia.
No se trata de pedir a Estados Unidos que construya la Venezuela que queremos. Se trata de demostrarle por qué una Venezuela democrática, segura, soberana y próspera también puede ser parte de la arquitectura estratégica que Estados Unidos necesita en el hemisferio.
Y entonces sí podremos hablar de un verdadero ganar-ganar: no el acuerdo circunstancial entre dos gobiernos, sino una asociación duradera entre dos naciones basada en intereses convergentes, instituciones legítimas y respeto mutuo, de tú a tú como plena y única especie humana que somos.
Porque los gobiernos pasan. Los intereses nacionales permanecen y deben corresponderse por generaciones, en bien de las que siguen.
Gral. Brig. Ing. Antonio Rivero G.
M.Sc. (Estrategia)
Analista Político-Militar
X: @antonioriverog
