CARACAS.- JUAN FRANCISCO ALONSO
Especial
El tráfico de drogas, el secuestro, los robos de vehículos e incluso el contrabando de alimentos, medicinas y otros productos subsidiados o regulados no solo atentan contra los ciudadanos que son víctimas de estos delitos, sino que amenazan a la institucionalidad democrática del país. Al menos así lo consideran la inmensa mayoría de los venezolanos, según la II Encuesta sobre Delincuencia Organizada difundida ayer en Caracas, la cual arrojó que el 87,4% de los entrevistados ven en las bandas criminales un riesgo para la forma de Gobierno prevista en la Constitución de 1999.
“La gente percibe que no se trata solo de un problema de delitos sino de convivencia entre los ciudadanos (…) La gente siente que en muchas partes del país no es el Estado sino grupos delincuenciales los que regulan las relaciones sociales, económicas y culturales, poniendo en riesgo la convivencia”, afirmó el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, agrupación que junto a Paz Activa elaboró el estudio, para el cual fueron entrevistadas 3.500 personas de siete regiones de Venezuela.
Por su parte, el director de Paz Activa, Luis Cedeño, advirtió que el hecho de que el 42% de los consultados consideren que detrás de cualquier delito que se comete en el país hay una banda revela que el país corre el riesgo de seguir los pasos de El Salvador, donde las llamadas “maras” ejercen un control superior al de Estado.
El estudio también puso en evidencia a quién culpan los ciudadanos por el auge delictivo: Al Gobierno. Para el 66% de los consultados el Ejecutivo no solo ha sido incapaz de enfrentar el problema, sino es que lo ha aupado con iniciativas como las zonas de paz, que para el 54,7%, son focos de delincuencia o mediante los colectivos, cuya creación el 62,6% achacan a las autoridades.
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Datos alarmantes
Pese a que en los últimos dos años el Gobierno ha lanzado dos iniciativas en materia de seguridad ciudadana (Patria Segura y la Operación Liberación del Pueblo) la percepción de inseguridad en el país ha hecho más que crecer en ese lapso, según el estudio. Así por ejemplo el número de quienes consideran que le sería fácil mandar a matar a alguien pasó del 35% en 2013 al 50%.
Por su parte, quienes creen que les serían fácil conseguir un arma de fuego pasó del 46% hace dos años a 58% ahora. Esto pese a que las autoridades han reforzado la prohibición de comerciar armas y municiones y se jactan de haber destruido miles de ellas.
Por si fuera poco la inmensa mayoría muestra temor en acudir a las policías, a la Fiscalía o a los tribunales para denunciar a una banda criminal. 82% de los encuestados cree que es peligroso reportar un crimen, 79,8% dice lo mismo de participar en un juicio como testigo y 76,7% de cooperar con la policía para esclarecer un delito.
“¿Cómo pueden hacer su trabajo las policías y el sistema de justicia penal si la gente teme colaborar con ellos?”, se preguntó Briceño.
No se lo cree nadie
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La tesis oficial de que buena parte de los delitos que ocurren en el país son responsabilidad de paramilitares colombianos que han sido traídos al país por la oposición o porque han decidido mudar sus actividades a Venezuela no es creída por la mayoría de los ciudadanos. Solo el 19,7% cree verosímil esta versión, frente al 50,7% que lo achaca a bandas de delincuentes.
La decisión gubernamental de negociar con organizaciones delictivas es rechazada por la mayoría, lo mismo que la creación de las llamadas “zonas de paz”, espacios donde las autoridades acuerdan con las bandas delictivas que allí actúan retirar a parte de los agentes de la ley que las resguardan para facilitar un proceso de entregar de armas y de reinserción social de los criminales.
En contraposición la resolución presidencial de utilizar a los militares para combatir el crimen tiene respaldo popular. 68,4% cree que el Ejército debe utilizarse para este fin, pese a que los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han recomendado no hacerlo por no estar preparados para la materia y por el largo historial de abusos.
