En EEUU el Gobierno está compuesto por tres ramas: la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Cada una tiene ciertas responsabilidades y parámetros dentro de los cuales debe operar. Esto fue creado para establecer un balance de poder  y para que una rama no pueda ejercer más influencia que las otras.

A veces me preguntan por qué hacemos o no hacemos ciertas cosas cuando tratamos ciertos casos criminales. La respuesta es que nosotros, los fiscales, trabajamos con las leyes que existen. Es nuestra obligación aplicarlas. Las leyes son creadas y establecidas solamente por la legislatura.

Hay ocasiones donde vemos que no existen ciertas leyes y eso crea una brecha legal que impacta en los derechos de las víctimas y los casos criminales. Entonces  tenemos que acudir a nuestros legisladores. Por eso fui a Tallahassee para hablar con nuestros legisladores estatales, en la Cámara de Representantes y en el Senado, sobre temas y asuntos  de importancia para la seguridad de nuestra comunidad. Es importante que ellos sepan cómo las leyes que ellos ponen en vigor afectan el proceso judicial y a las víctimas de crimen.

Estoy muy contenta que una vez más he podido reunirme con ellos, con el vicegobernador  y el gobernador. He participado en reuniones  en las cuales se han tratado todo tipo de tema que nos afecta como individuos y como comunidad.

Uno de esos temas es sobre  la pena de muerte y el proceso por el cual se impone este tipo de sentencia.

Hace poco la Corte Suprema de EEUU declaró que el proceso de imponer la sentencia de pena de muerte en la Florida no es constitucional. Cuando el acusado es encontrado culpable por un jurado y la pena de muerte es lo que busca el estado, comienza la última fase del caso.

El jurado determina si la pena de muerte es apropiada en este caso y le da una “recomendación” al juez, quien después revisa la evidencia y toma la decisión oficial de condenar a la pena capital. Pero la Corte Suprema del país ha dicho que  sólo es legal si es el jurado, no el juez,  quien decide esta condena.

Como pueden imaginar, esto ha causado mucha conmoción a través de la Florida. Mis colegas, los fiscales elegidos en los 20 circuitos legales del estado y yo fuimos a Tallahassee para asegurar que las leyes que se vayan a crear y poner en practica sobre el proceso, de cómo poner en vigencia esta sentencia,  sea una que tome en cuenta los derechos y el dolor de las víctimas de estos crimines inhumanos.

Otro tema que tratamos en Tallahassee fue el de ‘direct file’, que es cuando un menor de edad es encausado como adulto en el sistema criminal. Esto sólo pasa en casos de crímenes violentos y aquí en el condado Miami-Dade se nos ha reconocido como un lugar donde se aplica este proceso con sabiduría y conocimiento. Pero esto no sucede de la misma manera a través de la Florida y se está discutiendo si deben ser los fiscales o los jueces quienes deberían tomar la decisión de tratar a un menor como un adulto ante la ley.

Y por supuesto que sigo luchando contra el crimen espantoso del tráfico humano, o sea, la  venta de nuestros niños y jóvenes por sexo.  El año pasado logramos conseguir fondos para que  Camillus House  creara un albergue para víctimas de tráfico humano que tienen 18 años o más. Este año le hemos pedido a la Legislatura que siga asignando fondos para este proyecto tan necesario y único de su tipo en Miami-Dade.

La sesión legislativa dura hasta la mitad de marzo. Es importante contactar a sus senadores y representantes para que escuchen sus voces sobre estos y otros temas importantes. Como siempre estaré aquí para informarles de todo lo que afecta a nuestra seguridad y nuestro sistema judicial criminal.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

 

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