MIAMI.- Los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI han impulsado, alientan y sostienen la existencia de grupos y organizaciones violentas que, bajo diferentes denominaciones, se encargan de ejercer violencia criminal contra los defensores de la democracia, los opositores, los ciudadanos y quienes puedan representar amenaza a la perpetuación indefinida del régimen.  Es el caso de los denominados “colectivos” en Venezuela, que forman parte del aparato político de la dictadura y que pone en evidencia la inexistencia del Estado de derecho y su reemplazo por el “Estado criminal”.

En ningún país con democracia se podría siquiera imaginar la existencia de grupos armados dedicados a la violencia organizada, promovidos por el Gobierno. Estos son instrumentos característicos de las dictaduras.  Cuando aparecen o forman parte de alguna organización política, sus actuaciones al margen de la ley ponen de  inmediato a sus miembros en el escenario de lo criminal y al margen de la política. Pero cuando es caudillo  y es el Gobierno el que organiza y sostiene este tipo de organizaciones, ya no existe ninguna posibilidad de respeto a los derechos humanos del ciudadano.

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La prensa internacional ha informado en los últimos días sobre los “colectivos en Venezuela”, llamando la atención sobre este mecanismo que existe hace muchos años.  Estos grupos han sido acusados por líderes de oposición de ejecutar los actos de violencia y muerte en el régimen de Hugo Chávez y Maduro. Son parte del aparato del Socialismo del Siglo XXI, son “oficiales” y fueron creados por Chávez para ser “el brazo armado de la revolución bolivariana”.  Ejercen intimidación, violencia, extorsión, asesinatos y toda clase de crímenes, pero tienen “impunidad”.

Son muchos y no recientes los casos de ejercicio criminal de los “colectivos de la dictadura venezolana”, desde sus acciones en los procesos electorales, los ataques a medios de comunicación como el caso de Globovisión, atentados en bandas motorizadas contra votantes en las zonas de influencia de los opositores, acciones de amedrentamiento y asesinatos contra protestas estudiantiles, golpizas y detenciones de estudiantes, hasta asesinatos sin esclarecer…  Pero mas allá de la política, ejercen poder estatal dirimiendo controversias, ejerciendo como ley, aplicando la violencia entre y sobre los ciudadanos comunes a los que extorsionan y aterrorizan.

El Gobierno les dio armas, equipos de comunicación, motocicletas, instalaciones, edificios y recursos.  Se ha probado que dependencias oficiales y policiales son hoy recintos ocupados por los “colectivos”.  Es tan evidente el rol político y oficial de estos grupos que la ministra venezolana de Servicio Penitenciario, Iris Varela, ha declarado que “los colectivos son un pilar para la defensa de la patria” y los estudiantes manifestantes “le tienen culillo a los colectivos” (como no les van a tener miedo si delinquen con aval del Gobierno).

Todo este cuadro característico de una dictadura se ha convertido en noticia después del asesinato del diputado Robert Serra, dirigente del partido oficialista PSUV con su base de poder vinculada a los “colectivos” y al llamado “Frente Francisco de Miranda”, formado por jóvenes adoctrinados por la dictadura cubana.  El poder político de los “colectivos” -que utilizan los símbolos y colores del partido de Gobierno- hizo que lograran la salida del ministro del Interior, Miguel Rodríguez, y ahora exigen la renuncia de Diosdado Cabello del cargo de la presidencia de la Asamblea Nacional.

Todo esto podría ser parte de la anarquía de un régimen en descomposición; podrían ser ajustes de cuentas entre antiguos compañeros; podría tratarse también de un proceso de purga interna digitado por Maduro con los efectivos mecanismos castristas que vienen salvando a la dictadura venezolana con operadores cubanos; o tal vez se trate del ajuste de cuentas en la estructura política usando los medios propios de la dictadura...

Lo que está claro es que estamos frente a las notas característicos de las dictaduras que tienen el control total de sus países por medio del fraude, el amedrentamiento, la persecución, el exilio, los asesinatos y mecanismos violatorios de los derechos humanos y las libertades individuales. Son las diferencias entre la vigencia de la ley y la imposición del poder, entre democracia y dictadura, entre el  Estado de derecho  y el “Estado criminal”.

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