CARACAS.- Corrupción y exclusión por razones políticas en la distribución de comida a través de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), es la conclusión a la que se llegó en el informe final de la Comisión de la Asamblea Nacional, encargada de investigar las violaciones de Derechos Humanos con motivo de las protestas por hambre registradas en Venezuela.
El informe fue aprobado por la bancada opositora en la plenaria del Parlamento, tras un acalorado debate en el cual no sólo se acordó pedir una investigación ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, sino que se declaró la responsabilidad política de Freddy Bernal, jefe del Centro de Control de los CLAP, por dirigir un mecanismo que es inconstitucional. Así lo indicó la diputada Mariela Magallanes, quien presentó el proyecto de acuerdo aprobado en el parlamento.
FUENTE: REDACCIÓN
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