Los cubanoamericanos deberían simplemente abstenerse de viajar a Cuba, como método eficiente de “persuasión económica”, mientras el pasaporte de Estados Unidos no les sea reconocido
Una semana después que Cuba anunció que permitiría la entrada por vía marítima a quienes nacieron en ella, el barco crucero que originó la controversia visita La Habana y la nueva batalla se centra en el reconocimiento de las ciudadanías adquiridas.
Según el artículo 32 de la constitución vigente, establecida por el Gobierno de Fidel Castro en 1976 y enmendada por su hermano, el gobernante Raúl Castro, en 2008, los cubanos pierden la nacionalidad, y por ende la obligación a portar un pasaporte cubano, cuando “adquiera una ciudadanía extranjera”.
No obstante, exigir la presencia de un pasaporte cubano, cuyo costo de renovación suele alcanzar los 400 dólares, representa una entrada de divisas que el Gobierno cubano no quiere perder.
Es la remuneración económica la razón principal que incita al régimen de la isla a incumplir su constitución, cuál violación incuestionable, que compaginan con el control absoluto sobre el visitante, cuando éste no puede reclamar protección del exterior por haber aceptado entrar a Cuba con un documento nacional.
De cualquier manera, haber obtenido la victoria de entrar al país por vía marítima, sin distinción del origen de nacimiento, no significa que será igualmente posible hacer cumplir la constitución y alcanzar el reconocimiento de las ciudadanías adquiridas.
Esta vez, los cubanoamericanos no tendrán el respaldo de la ley estadounidense que penaliza la discriminación en su territorio y por lo tanto tendrán que acudir a la presión internacional, particularmente el país que representa la nacionalidad obtenida, para ganar el asalto definitivo de la pelea. O simplemente abstenerse de viajar a Cuba, como método eficiente de “persuasión económica”, mientras el pasaporte de Estados Unidos no les sea reconocido.
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