Los últimos hechos siguen legitimando el descontento ciudadano, que continua presionando en las calles por la renuncia del mandatario y reformas a un sistema gubernamental “perverso” que sirvió a solo a mafiosos y perversos, según el director del organismo de transparencia Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín.
Fraude al Seguro Social
Lo irónico en una Guatemala doblada de rodillas ante la corrupción, lo simboliza la última denuncia de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al revelar un fraude en el alquiler de un edificio al Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS) que condujo a la captura de cinco personas, y pidieron a la Corte Suprema de Justicia levantar la inmunidad al diputado opositor Baudilio Hichos, sospechoso de participar en el escándalo.
El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Walter Vásquez, sostiene el aviso de "se busca" de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, en Ciudad de Guatemala. Monzón está prófugo en Guatemala por ser el supuesto líder de una red de defraudación en las aduanas del país conocida como "La Línea". (EFE)
Hichos era presidente de la una comisión parlamentaria que investiga al presidente Pérez Molina, señalado de participar en los otros escándalos de corrupción que sacuden su gobierno y ha provocado renuncias, destituciones y capturas. El legislador tuvo que renunciar tras la denuncia.
Según la Fiscalía y la CIGIG, Hichos es propietario de un edificio que en octubre pasado arrendó el Seguro Social en el departamento de Chiquimula (provincia este), mediante un contrato por 27 meses y un valor de 280,000 dólares.
Las partes se asociaron para fingir una inexistente remodelación del edificio, a lo que se prestó una empresa constructora local. El diputado es acusado por fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias.
El Gobierno de Pérez Molina se tambalea
Esta denuncia se suma a otros dos grandes casos que mantienen tambaleado a Pérez Molina y su Gobierno.
Uno de los casos es el llamado La Línea, en el que ahora exfuncionarios de su Gobierno están señalados de defraudación aduanera, cobrando sobornos a empresarios para evadir el pago de impuestos por importaciones. Este caso provocó la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, el pasado 8 de mayo.
Doce días después de esta renuncia explotó el otro escándalo, al ser arrestados el presidente del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y el titular del Instituto Guatemalteco del IGSS, el militar Juan de Dios Rodríguez, cercano al presidente; acusados de un fraude de 15 millones de dólares contra la seguridad social.
En medio de la ebullición popular, la Corte de Constitucionalidad (CC) frenó el proceso judicial de antejuicio que se sigue contra el mandatario, al otorgar un amparo provisional a su favor.
La Corte, en voto dividido de 3-2, otorgó el amparo provisional solicitado por la abogada Karen Fisher, una ex fiscal, lo cual detiene la labor de una comisión legislativa que presidía el diputado Hichos y debate retirarle o no la inmunidad al mandatario.
“Se otorga amparo provisional solicitado, en el sentido de dejar en suspenso temporal, mientras se tramita y resuelve en definitiva el presente amparo, la resolución del 10 de junio de 2015 —por medio de la cual la CSJ dio trámite al antejuicio contra el gobernante—”, dictó la Corte de Constitucionalidad.
Roberto Molina, uno de los magistrados constitucionales que votó a favor de para el antejuicio, cuestiona que la Corte Suprema no analizó la denuncia que motivó darle curso al antejuicio, “y no establece de ninguna manera la vinculación que podría existir entre los actos por los cuales terceras personas están siendo juzgadas por defraudación aduanera y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con el presidente”.
“Lo único que cita es el hecho de que él nombró a algunos de ellos, lo cual es por mandato legal. Esta situación provoca y pone en peligro la institucionalidad del país”, justificó Molina.
Diputado opositor: Retroceso contra la impunidad
El diputado opositor Amílcar Pop, quien puso la denuncia para el antejuicio, consideró como un retroceso contra la impunidad. Una bofetada contra el pueblo, según él, que podría traer consecuencias gravísimas a su país por decisiones como la de la CC.
Pop presentó la denuncia contra Pérez Molina el pasado 20 de mayo y luego denunció haber sido víctima de amenazas de muerte por promover el antejuicio, sin embargo aseguró, que "no desistirá" en su intento de quitarle la inmunidad al funcionario.
“Me llegó información de que habrían decisiones para matarme, de grupos y fuerzas dentro y paralelas al gobierno que verían afectados sus intereses. Luego una llamada telefónica en la que se me conminó a desistir de las acciones contra el presidente”, denunció.
Los cinco legisladores que investiga al mandatario también denunciaron amenazas para votar a favor del antejuicio porque Pérez Molina tiene que dejar del poder, según Hichos, ahora ex presidente de esta comisión.
Ninguna denuncia llegó a la fiscalía y solo buscaron respaldo de la Procuraduría de Derechos Humanos. Después de las supuestas amenazas.
Lo único que he recibido son amenazas de muerte para dejar la Comisión", dijo Hichos sobre las denuncias de corrupción en su contra.
Protestas masivas
Guatemala vive una serie de escándalos de corrupción, con una reacción popular nunca vista en sus últimos años. La gente ha despertado del letargo en la que estaba debido a la impunidad y ha salido a protestar masivamente a las calles.
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Públicamente insisten en la renuncia del mandatario para que se someta a los tribunales, que a su vez permita reformar un sistema gubernamental “perverso” que sirvió a solo a mafiosos y perversos, según Marroquín.
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La crisis del país en medio de la cual miles piden una refundación institucional, se extenderá durante meses hasta que el sistema electoral acepte a candidatos transparentes para las elecciones generales de septiembre, se cambien reglas del juego como la reelección indefinida de diputados, alcaldes, y modificar la elección de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia para combatir la impunidad, añadió Marroquín.
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A esta grita se suman los sindicatos, cuyos gremios demandan la nacionalización de la energía eléctrica y los recursos naturales, una reforma educativa y la promoción del desarrollo rural para reducir la pobreza, que afecta al 51% de los 15 millones de guatemaltecos.
"Queremos que nuestra agenda sea discutida igual como están siendo discutidas las otras agendas", exigió Joviel Acevedo, líder del magisterio nacional.
