En procedimientos policiales y militares recientes, el actual régimen venezolano ha embestido de manera frontal y con fuerte represión contra bandas delincuenciales que mantienen en estado de sitio a la ciudadanía caraqueña y otras ciudades del país. Situación delictiva que trasciende la cultura de valores y principios que debe existir en una sociedad cívica, tanto en cifras como en modalidades o modus operandi, más allá de una delincuencia común de nuestras sociedades latinas.
Pero, este procedimiento, que si bien puede ser resaltado como el deber de las instituciones garantes de la seguridad, para la protección de toda persona ante cualquier situación de amenaza, vulnerabilidad o riesgo, contra su integridad física, sus bienes y el disfrute de sus derechos, no deja de ser una acción meramente reactiva ante el desdoblamiento que han tenido los grupos afectos y al servicio del oficialismo, llamados por una parte “colectivos sociales” o los emplazamientos de estas bandas bajo una estrategia de contención delictiva, denominando a sus áreas de dominio delincuencial como “zonas de paz”.
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¿En qué consiste el llamado desdoblamiento que han tenido estos grupos? Básicamente en la división o separación de sus fuerzas del régimen o entre ellos. Por una parte, al asumir posiciones opuestas al propio régimen que les formó y ha sustentado, debido a la crisis que genera la disminución de aportes financieros para su manutención, las misiones y actividades sociales en que los ocupa el régimen. Por otra parte, en la vuelta de estos grupos o parte de ellos a las acciones delictivas, basadas en las raíces de su práctica contra la sociedad.
Para entenderlo mejor basta rememorar el origen de estos grupos, situándose inicialmente en las raíces de grupos subversivos urbanos como los tupamaros y colectivo la piedrita, entre otros ubicados en el sector oeste de Caracas, específicamente en la parroquia de Catia. Grupos de izquierda que se plegaron a la llegada del régimen del difunto Chávez y que posteriormente comenzaron a expandirse con el surgimiento de los llamados “círculos bolivarianos”, teniendo bases organizacionales y misiones de índole social, sustentados financiera y logísticamente por el régimen, entre esta logística, la entrega de armas.
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Dichos grupos tuvieron un mayor crecimiento a raíz de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril del 2002, con una referencia y estrategia castrocomunista, dada en dos vertientes; una por la vía de agrupaciones civiles y otra por la vía militar. Todo esto con la máxima del difunto, que el rescate de la presidencia del 13 de abril fue hecho por el pueblo y que ante la posibilidad de nuevas sublevaciones cívico-militares “contrarrevolucionarias”, se constituyera el pueblo en armas.
De esta manera comenzaron a incrementarse y formarse los llamados grupos colectivos con fuerzas de choque motorizadas, que se expandieron por todo el país bajo la cabeza de gobernadores, alcaldes, jefes de instituciones civiles, empresas del estado y jefes militares de algunas guarniciones. Cada quien quería tener su fuerza defensiva y armada ante el mandato del difunto. Gran parte de estos grupos lo constituyeron miembros de bandas delictivas o funcionarios policiales que habían sido señalados y dados de bajas por acciones delictivas. Sumándose posteriormente algunos reos de las liberaciones consensuadas y acordadas hasta con pranes.
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Por otra parte, se constituyó lo que es el Frente Miranda, la joya de la corona, con una estructura institucional dentro del Estado y con presupuesto bajo una razón social, pero encubierto se organizaba una fuerza de combatientes con una formación ideológica y de cuadros, que inicialmente comenzó en Cuba, donde fueron enviados una gran numero de jóvenes de diversos estratos sociales.
Dicha organización solicitó la asignación de armamento que el difunto avaló de manera pública durante un evento de ese grupo en Puerto Ordaz. Finalmente en el sector militar y creada de manera inconstitucional, la mal llamada y habida milicia, con asentamiento ilegal a la institución de la Fuerza Armada Nacional. Mujeres y hombres, en gran parte manipulados y utilizados, aprovechados en su nobleza y condiciones de estratos sociales con escasa o ninguna entrada económica, para incorporarlos a las filas de tal unidad paramilitar. Allí de igual manera se integraron elementos con prontuario delictivo.
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Pues asumiendo el dicho, cría cuervos y te sacaran los ojos, o efecto boomerang, que ante la presión ejercida contra las propias fuerzas que inicialmente les sirvieron de manera ciega, al faltarles recursos para seguir ostentando el poder sobre la ciudadanía y la pretensión de bienes ostentosos, tal cual sus denotados jefes y padrinos gubernamentales, terminan siendo obstáculos para el régimen y son cruentamente reprimidos a muerte. La represión, allanamientos y detenciones en la Cota 905 y en Ciudad Sucre del Fuerte Tiuna, terminan siendo consecuencia de la anarquía reinante en los predios del poder por la falta de control sobre estos colectivos y bandas delictivas, teniendo que proceder por la vía institucional con organismos de seguridad para tratar de recuperar el dominio de los mismos.
En ambos hechos salieron a relucir aspectos a considerar sobre los planes encubiertos del régimen, en contra de eventuales manifestaciones civiles o militares utilizando dichos grupos.
En próxima entrega daré a conocer otros aspectos y los planes que surgen a raíz de estas actuaciones policiales y militares.
(Antonio Rivero es un general retirado y dirigente político venezolano)
