MIAMI.-El Departamento de Justicia (DOJ) acaba de certificar que el condado Miami-Dade cumple con la norma establecida para que los gobiernos locales tengan comunicación con las autoridades federales de inmigración.

Así lo indicó el alcalde Carlos Giménez en un memorando en el que dijo estar “muy contento de informar que el DOJ tomó esa determinación y [por lo tanto] cumplimos con los requisitos para obtener los recursos de programa Byrne JAG, por un valor de $481.347, para el año fiscal 2016. [Dichos recursos] serán utilizados por el Departamento de Policía de Miami-Dade para mejorar la obtención de información de inteligencia y la operatividad de la policía, mediante la inversión en tecnología y equipo especializado”.

Esta certificación, que acaba de expedir el DOJ, era buscada por el Condado hace más de un año, cuando dicha entidad federal clasificó al condado como una jurisdicción santuario.

Una decisión tomada por la Comisión en 2013 exigía a la agencia de inmigración y aduanas (ICE) que reembolsara los gastos en los que incurriera el Condado al retener a un indocumentado, por solicitud de ICE, por un tiempo mayor al que obligaba la ley.

El 27 de enero Giménez emitió una directiva en la que aseguraba que el Condado iba a cumplir con todas las solicitudes de ICE para retener por más tiempo del indicado a una persona en custodia del departamento de prisiones del Condado. Y éste no iba a pedir, como en el pasado, que el gobierno central reembolsara los costos de tener a ese detenido por un lapso mayor al que ordenaba la ley.

La decisión del edil de Miami-Dade generó una gran polémica entre la comunidad inmigrante porque fue vista como una medida apresurada que buscaba seguir los lineamientos migratorios del presidente Trump, quien a través de una orden ejecutiva amenazó con cortar los recursos federales a los gobiernos locales que no cumplieran con las exigencias de las autoridades migratorias federales.

El debate sobre las ciudades santuario sigue muy encendido. El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, anunció que no se iba a dejar “chantajear” por el gobierno federal, y que lo iba a demandar por su política de condicionar la entrega de dineros federales al cumplimiento, por parte de los municipios o condados, de las exigencias de las autoridades migratorias federales.

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