El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, “permitió” la independencia de Cataluña durante apenas cinco horas hasta que recibió el mandato del Consejo de Ministros para destituir a Carles Puigdemont, el presidente rebelde de la Generalidad y todo el Govern , quienes podrían enfrentar penas de cárcel de hasta 25 años de privación de libertad.

Ha sido un día muy largo y confuso. Los ánimos de los bandos enfrentados fluctuaron desde la esperanza al desánimo. En la mañana los rumores en los círculos periodísticos eran que Carles Puigdemont se retractaría y su mejor salida sería la convocatoria a elecciones en Cataluña. Así lograría que el Gobierno español no aplicara el temido artículo 155. Pero algo se torció en el camino, algunas fuentes especulan que el líder catalán pidió varios imposibles al Gobierno central a cambio de no declarar la independencia, la retirada de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la libertad de los Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, acusados de organizar las masivas manifestaciones frente al Departamento de economía los día 20 y 21 de septiembre, y que los fiscales renunciaran a actuar de oficio en Cataluña.

El Parlament se reunió y tras un largo debate entre independentistas y constitucionalista se llevaron a cabo la elecciones sobre la declaración de independencia. Tuvieron carácter secreto, a propuesta de Junts pel Sí, lo que propició el abandono de la sala de los Partidos Socialista Catalán, Ciudadanos y el Partido Popular. En estas condiciones se aprueba la declaración unilateral de independencia de Cataluña, 70 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones.

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Miles de personas se concentran en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, ante el Palau de la Generalitat, sede del gobierno catalán.
Miles de personas se concentran en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, ante el Palau de la Generalitat, sede del gobierno catalán.

Con la votación secreta de un hecho tan trascendental el Parlament pretendía complicar la acción de la justicia española que pacientemente ha estado inflando el expediente de los políticos rebeldes, hasta hoy todos con cargos pendientes por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación a causa de la implementación de la consulta ilegal del primero de octubre pasado.

Con la votación en el Parlament se materializó el delito de rebelión que el código penal español condena hasta 30 años de prisión. Las leyes del Reino de España entienden como rebelión el alzamiento violento y público a fin de derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. O como han hecho los parlamentarios catalanes, declarar la independencia de una parte del territorio nacional de forma unilateral.

Ahora todas las cartas están echadas, todas las posiciones se encuentra en un punto de no retorno. Por una parte, la Fiscalía a más tardar el próximo lunes, presentará una querella por rebeldía contra la presidencia independentista de la Generalitat. Es de suponer que Carles Puigdemont y todos los miembros de su gobierno sean citados a declarar. Y según los entendidos en leyes, Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras recibirán una petición de prisión incondicional como medida cautelar.

Por su parte, el presidente Rajoy que ha venido a rebufo, actuando en riposta contra los secesionistas, a partir de hoy no le queda más remedio que mover todas las fichas como el único jugador válido en este diferendo político.

Ahora el presidente del Gobierno español está investido con la autorización del Senado para aplicar el artículo 155 con el 80% de los votos y cuenta con el apoyo internacional expreso del Departamento de Estado norteamericano que como respuesta a la declaración de independencia dijo que: “Cataluña es una parte integral de España y EEUU apoya las medidas del Gobierno español para mantener el país fuerte y unido”.

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Manifestantes contrarios a la independencia declarada de forma unilateral por el Parlament de Cataluña recorren las calles Barcelona protegidos por los Mossos d´Esquadra.
Manifestantes contrarios a la independencia declarada de forma unilateral por el Parlament de Cataluña recorren las calles Barcelona protegidos por los Mossos d´Esquadra.

También cuenta con el apoyo del presidente de Francia quien expresó inmediatamente de la declaración de independencia que reconoce como “único interlocutor de España al presidente Mariano Rajoy”.

Por lo pronto, Rajoy ha cesado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al vicepresidente Oriol Junqueras y a todos los Consejeros del Gobierno autonómico, ha cesado al director general de la policía, Pere Soler, al secretario de general de la policía autónoma, César Puig, a los delegados del Govern en Madrid y en Bruselas y ha cerrado las “embajadas” catalanas.

Pero el paso más sorprendente del presidente del Gobierno español ha sido la convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas para el próximo 21 de diciembre. En lo que parece ser un movimiento prematuro, realizado para garantizar su endeble coalición con el PSOE hasta el fin de esta pesadilla política.

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