El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, emitió un segundo informe sobre “la alteración del orden constitucional y del orden democrático en Venezuela” este 14 de marzo, pasando a la fase final de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) para una solución institucional a la crisis provocada por el régimen dictatorial venezolano. En 30 días Nicolás Maduro debe realizar un “llamado a elecciones generales, liberación de los presos políticos, validación las leyes que han sido anuladas, elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución”, o caso contrario, la OEA suspenderá al gobierno de Venezuela.

La Carta de la OEA “reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”. Aplicando ese principio y el propósito de “promover y consolidar la democracia representativa” todos los estados miembros aprobaron la CDI el 11 de septiembre de 2001, que en su articulo primero reconoce que los “pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, y proclama que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”. Fija los “elementos esenciales de la democracia”, afirma que “la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos”, y que “la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente”.

La CDI no es solo un instrumento conceptual y declarativo pues en su capitulo IV contiene mecanismos de “fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”, estableciendo del artículo 17 al 22 un sistema para que la “democracia no sea inerme o indefensa”. Es un procedimiento de cumplimiento obligatorio para los estados miembros por medio de sus gobiernos. Por eso la activación y aplicación de la CDI es solo el cumplimiento de las propias normas que sobre democracia se han dado los estados, sujetando sus actos a obligaciones que reflejan principios y valores de vigencia universal en garantía de los pueblos que son los titulares de la soberanía.

Durante toda la década del secretariado general de Insulza en la OEA los principios y obligaciones relativos a la democracia fueron premeditada y deliberadamente soslayados, manipulados e incumplidos por acción directa y mandato del poder político Chávez-Castro que controló la mayoría de votos en base a la prebenda del petróleo venezolano (Petrocaribe), las millonarias ayudas económicas y el temor a la desestabilización y derrocamiento de gobiernos no alineados. La estrategia castrochavista buscaba acabar con la OEA a la que siempre señaló como instrumento del imperialismo norteamericano, para lo que crearon organismos de suplantación como UNASUR. No terminaron con la OEA pero si la paralizaron y desprestigiaron, haciéndola inútil frente al derrocamiento de gobiernos constitucionales en Bolivia 2003 y Ecuador 2000 y 2005, o haciéndola actuar al revés como en Guatemala 2009.

El Secretario General Luis Almagro con su extraordinario primer informe sobre “la crisis en Venezuela” el 30 de Mayo de 2016 puso en marcha el rescate del cumplimiento de los objetivos y propósitos de la OEA. Logró que el 23 de junio de 2016 se reuniera el Consejo Permanente para tratar el informe y de esa manera “activó la CDI”. El impacto fue tremendo para el castrochavismo agrupado en el socialismo del siglo XXI (SSXXI) pues consideraba controlada la OEA con su mayoría de votos y además entendía que Almagro era “propias filas” como hombre de izquierda, elegido por ellos y ex ministro de José Mujica en Uruguay. La reacción del régimen venezolano plagada de insultos, se concentró en simular mediación y diálogo, que como bien señala el Secretario General en su segundo informe, “fue decisivamente funcional a la estrategia del Gobierno de sostenerse en el poder”.

El segundo informe Almagro sobre Venezuela es lapidario. Demuestra con valentía que “Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana”; afirma que “nuestros esfuerzos deben concentrarse en restaurar el derecho a la democracia del pueblo venezolano”; que “el pueblo de Venezuela se enfrenta a un gobierno que ha dejado de ser responsable, la Constitución ha dejado de tener sentido”; que “el estado de derecho no esta vigente en Venezuela, ha sido eliminado por un poder judicial completamente controlado por el Poder Ejecutivo”; que “hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos”; que toda la situación demostrada y de conocimiento mundial “nos hace cómplices desde la comodidad de esperar por la acción de otros” y “genera responsabilidad por omisión”.

El “informe de seguimiento” señala que “si no se realizan elecciones generales bajo las condiciones estipuladas (en 30 días) pasaría a ser el momento necesario para aplicar la suspensión a Venezuela de las actividades de la Organización en función del Art. 21 de la CDI”. La propuesta urge una “salida real” a la crisis reconociendo que “cuando la gente habla de salida real habla de derrocar a un gobierno” y afirmando que “nosotros (en la OEA) debemos hablar de elecciones”. El Secretario Almagro asegura la suspensión de Venezuela cuando les dice a los gobernantes de la región que “los valores de la Organización y de nuestros países no permiten compartir la mesa con un gobierno que rompe el orden democrático, que viola con impunidad los derechos de sus nacionales, que mantiene presos políticos, que tortura, que roba, que corrompe, que trafica drogas y que mantiene a su población sometida la falta de alimentos, de medicinas y de dinero para subsistir”

*Abogado y Politologo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

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