Tras casi 50 años de existencia, la Ley de Ajuste Cubano no abandona la palestra de la discordia. Hoy más que nunca, cuando el Gobierno cubano libera ciertas regulaciones que obligaban a sus nacionales a permanecer en la isla o abandonarla para siempre, hay cubanos que arriban a EEUU y enarbolan el derecho a recibir ayudas económicas, para luego regresar a Cuba, y lo que es peor, volver al territorio estadounidense, con su greencard en la mano, a pedir más.
El Gobierno cubano no reconoce la culpabilidad que recae sobre sus hombros, cuando acusa al estadounidense de ser el causante de esta situación, así como del éxodo desordenado que atribuye a la Ley de Ajuste Cubano.
Cuba tampoco reconoce que el cubano que arriba a EEUU y miente para obtener el estatus de asilo, que está acompañado de una jugosa ayuda económica, está motivado a hacerlo porque aprendió a mentir en la escuela del diario vivir que significa subsistir en la isla.
No obstante, la nación estadounidense tiene el derecho a proteger los intereses de sus ciudadanos, particularmente los intereses de quienes contribuyen económicamente a la bondad que caracteriza a este gran país, para que sus fondos públicos no sean entregados a quienes no lo merecen.
Es por eso que la propuesta legislativa Ley de Oportunidad de Trabajo para el Inmigrante Cubano de 2015, presentada por el congresista cubanoamericano Carlos Curbelo, podría ser un buen comienzo para acabar con el uso abusivo de la ley federal que otorga los beneficios económicos.
De cualquier manera, si la proposición es aprobada, la Ley de Asistencia y Educación para Refugiados de 1980 sería modificada de tal manera que los cubanos tendrán que demostrar, al igual que otras nacionalidades, que son perseguidos políticos en su país de origen, antes de obtener un centavo de ayuda del erario público.