Solo entre México y Colombia hay casi 400,000 personas, cuyo paradero se desconoce. La Cruz roja exhorta a los Estados de la región hagan más en prevención
Las personas desaparecidas en México suman 130.000 casos (EFE)
GINEBRA.- Más de 130,000 personas continúan desaparecidas en México y más de 226,000 casos están documentados en el marco de los conflictos armados en Colombia, dos cifras que reflejan la magnitud de una problemática que afecta a miles de familias en estos y otros países de América Latina, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, se conmemora el 30 de agosto, la organización formuló este viernes un llamamiento para que los Estados de la región hagan más para la prevención y respuesta a la desaparición de personas, dando más recursos humanos, técnicos y presupuestarios a los mecanismos de búsqueda e identificación.
La desaparición de personas responde a contextos muy diferentes en la región, desde los conflictos armados y otras situaciones de violencia, hasta fenómenos que requieren respuestas específicas de las autoridades.
Aparte de Colombia y México, otros países también exhiben cifras significativas: Brasil registró 85,233 personas desaparecidas en 2025, mientras que Perú experimentó un aumento del 18 % de los casos ese mismo año, señaló el CICR.
No obstante, el CICR también aclaró que cada situación es particular y que las cifras no son comparables entre sí.
La primera razón es que los sistemas de registro (en ciertos casos inexistentes, no centralizados o desactualizados), los periodos contabilizados y los contextos de las desapariciones difieren entre los países, por lo cual la dimensión real del problema en la región sigue siendo difícil de determinar.
El CICR —que juega un rol de intermediario humanitario en decenas de conflictos en el mundo— sostuvo que de manera general la búsqueda debe activarse de inmediato ante una desaparición y se debe permitir la participación de las familias durante todo el proceso.
Asimismo, se necesitan servicios forenses capaces de recuperar e identificar restos y garantizar su restitución digna a las familias.
Con ocasión de esta conmemoración, el CICR recordó que desde hace décadas trabaja con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja latinoamericanas y las familias para mejorar estos mecanismos.
Argentina, Colombia, Perú, Brasil y México cuentan con leyes específicas sobre desaparición de personas.
En Colombia, además, el 5 de agosto de 2026 entró en vigor el Decreto 1029 de 2026, que adoptó una política pública integral con un horizonte de implementación de 10 años para la atención, prevención, búsqueda e identificación de personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado.
La política colombiana establece cuatro componentes:
También incorpora ejes de gobernanza, fortalecimiento de capacidades, participación, memoria y gestión de información.
El CICR planteó cuatro prioridades para convertir las normas en resultados concretos: activar las búsquedas desde las primeras horas; garantizar la participación de las familias en cada etapa; asegurar presupuestos y políticas que trasciendan los gobiernos; y fortalecer los servicios médico-legales para recuperar, identificar y restituir dignamente a las personas fallecidas.
Mariano Griva, coordinador de Protección de Vínculos Familiares del CICR, señaló que una ley pierde capacidad de respuesta, sino está acompañada de activación inmediata, presupuesto y capacidad forense. Para las familias, agregó, el valor de las normas se refleja en la certeza sobre el destino de sus seres queridos.
El organismo internacional informó que mantiene asistencia técnica a los Estados y acompañamiento a las familias en distintos puntos de la región.
En México y Centroamérica impulsa mecanismos de búsqueda; en Colombia y la región andina trabaja en contextos de conflicto armado; en Venezuela apoya capacidades forenses y en Brasil y el Cono Sur promueve políticas públicas y bancos de datos genéticos.
El CICR sostuvo que toda persona desaparecida tiene derecho a ser buscada y que las familias tienen derecho a conocer qué ocurrió con sus seres queridos, independientemente del tiempo transcurrido o de las circunstancias de la desaparición.
FUENTE: Con información de EFE/Sociedad de Noticias
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