MIAMI — Yolainis Osorio Molina, una joven madre cubana, salió de su casa en Irving para botar la basura y, antes de que pudiera reaccionar, terminó detenida en medio de un operativo policial contra otros vecinos. Los policías que participaban en el operativo le dijeron a su esposo, Ramón Alcolea, que lo de ella había sido un “daño colateral”. El procedimiento, según le explicaron, estaba dirigido a otras personas a las que pretendían detener por delitos no revelados, pero aun cuando Yolainis no tenía nada que ver con el caso penal, quedó en medio del operativo y fue puesta en custodia de ICE.
Una casa distinta, un hogar roto
Yolainis y Ramón llevan aproximadamente diez años juntos. Están casados y tienen un hijo, Maikol Alcolea Osorio, de apenas un año y seis meses. La familia ha construido su vida en Estados Unidos mientras intenta resolver por las vías legales la situación migratoria de Yolainis, que el próximo 12 de septiembre cumplirá tres meses bajo custodia de ICE .
Desde el 12 de junio, Ramón Alcolea intenta mantener en pie la familia que, de un día para otro, quedó separada por la detención, como un parteaguas en un proceso migratorio que, según relata Alcolea, lleva aproximadamente cuatro años y cuenta con representación legal de la abogada Lorena Villalon. En casa quedaron él y el bebé Maikol.
“El día a día mío y del niño es terrible desde que no está su mamá. Al principio una señora me lo cuidaba, pero me cobraba 60 dólares diarios, de 9 am a 7pm, y ya no puedo pagar ese dinero trabajando solo. En ocasiones lo dejo con la esposa de un amigo”, relata el padre.
“Esta detención fue en Dallas, Texas, en la ciudad de Irving. Ahora está en el centro migratorio Diamond Black, Oklahoma, a 4 horas de la casa y no es fácil viajar todos los domingos tantas horas, para verla, que gracias a Dios podemos verla, pero solo una hora”, dijo en exclusiva a Diario Las Américas, horas después de haber compartido un comunicado público dirigido a abogados, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación en el que afirmaba: “Detrás de un expediente hay una persona. Detrás de una detenida hay una madre. Y detrás de esta separación hay un niño pequeño que necesita a su mamá”.
Según la información proporcionada por Ramón Alcolea, su esposa no tiene antecedentes penales en Estados Unidos y no ha cometido ningún delito en el país. Dice lo mismo que muchos para ser enfático sobre el récord criminal impecable de su esposa: no tiene ni una multa de tránsito.
Un proceso migratorio que continúa
La detención no significa que el proceso migratorio de Yolainis haya terminado ni se haya pausado. De acuerdo con su esposo, no existe una orden final de deportación contra ella, sino que tiene un caso de asilo político pendiente y su defensa ha presentado distintas solicitudes ante las autoridades. Una de ellas fue la solicitud de fianza. El juez la negó al considerar que existía un posible riesgo de fuga.
“¿A dónde se va a fugar una madre que lo único que quiere es volver con su hijo y continuar su vida junto a su familia?”, se pregunta Ramón. Para él, esa decisión resulta difícil de entender. De modo que cursó una apelación de la que debe obtener respuesta para el 2 de septiembre, día en que Yolainis debe aparecer por vía Webex para una audiencia de mérito ante el juez Paul Hornick, uno de los casi 80 incorporados el pasado 21 de mayo. Si esto tampoco procediera, tiene un plan B, el habeas corpus. La defensa tiene preparado este recurso, aunque, según explicó la abogada a la familia y así lo reproduce Ramón Alcolea, todavía deben esperar debido al tiempo que lleva Osorio Molina detenida.
Abogados de inmigración como Angela Alvero indican que se requiere al menos seis meses para impulsar un habeas corpus, siempre y cuando el caso reúna las demás características basadas en los derechos humanos para que la persona pueda ser puesta en libertad.
A su angustia se suman, según Alcolea, varios cambios y retrasos en las audiencias de su esposa. Fechas previstas para avanzar en el proceso han terminado siendo pospuestas. Estos cambios y aplazamientos, según la familia, han prolongado todavía más la separación y la incertidumbre. Cada día allá adentro, además de lo que significa para quienes la esperan, supone un desgaste para ella. “La comida llega casi descompuesta a veces, es muy mala y lo que hacemos es que le pongo dinero para que compre de la que venden allí de mejor calidad pero carísima, y aun así casi nunca dan lo que uno pide, mas que todo lo que come es sopa Maruchan”. Tampoco hay buenas condiciones de higiene, el agua para tomar es del grifo y apenas ven el sol o, cuando lo hacen, pasan cuatro horas bajo el intenso calor de Texas en agosto”.
El antecedente migratorio
El caso de Yolainis también está relacionado con la situación de más de medio millón de cubanos etiquetados como “I-220A”, una clasificación migratoria que no ha favorecido su legalización. Según su esposo, aunque entraron juntos por Yuma a Estados Unidos, con la misma historia, dado que asegura que ambos eran opositores en Cuba e integraban el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), solo él obtuvo parole de 60 días mientras que ella quedó registrada bajo la categoría I-220A. Cuatro años después y con un hijo de por medio, esto se traduce en que él es residente permanente legal, pero ella sigue en una situación de vulnerabilidad que la colocó bajo custodia. La familia ha intentado defenderse legalmente durante años con asistencia de abogados, en función de que Yolainis pudiera regularizar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano. “Le puse además una petición familiar (I-130) como esposo”, dice, pero esto también está pendiente.
“Tengo que ser padre y madre”
Mientras tanto, Alcolea enfrenta una realidad que no había sopesado nunca antes: trabajar y cuidar solo a un niño que depende completamente de sus padres.
“Hay días en los que apenas puedo concentrarme, porque tengo que ser padre y madre para un bebé que todavía es demasiado pequeño para entender por qué su mamá no está en casa”, relata.
La separación también ha transformado la vida cotidiana de la familia. Lo que antes era una rutina compartida entre dos adultos y un niño ahora depende de una sola persona mientras el proceso migratorio de Osorio Molina continúa.
Alcolea insiste en que no está pidiendo un trato privilegiado para su esposa. “No estoy pidiendo privilegios. Estoy pidiendo que se revise el caso de mi esposa, que se respete su debido proceso y que podamos seguir defendiendo legalmente su situación”.
Un llamado a abogados y organizaciones
Ante la prolongación de la detención, el esposo ha decidido hacer pública la historia y pedir ayuda. Su llamado está dirigido a abogados de inmigración, organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas, medios de comunicación y personas que puedan orientarlos sobre las opciones disponibles para continuar la defensa de Osorio Molina, quien es parte de una familia que lleva aproximadamente diez años construyendo una vida en común y que ahora enfrenta una separación cuyo desenlace depende de un proceso legal que todavía permanece abierto.
Ahora, la pregunta que queda pendiente es qué ocurrió exactamente durante aquel operativo y bajo qué circunstancias una persona que, según su familia, no era el objetivo de la intervención terminó ingresando al sistema de detención migratoria.
La historia de Yolainis plantea preguntas que van más allá de su familia, requieren respuestas de las autoridades involucradas y podrían ayudar a determinar si lo ocurrido con Yolainis constituye un caso aislado o forma parte de una práctica más amplia. ¿Qué ocurre cuando un operativo policial dirigido contra determinadas personas termina involucrando a otras por su situación migratoria? ¿Cuál es el papel de las autoridades locales cuando una persona es identificada durante uno de estos procedimientos? ¿En qué momento interviene ICE? ¿Puede una persona que no era el objetivo inicial de un operativo terminar detenida únicamente por no poder acreditar su situación migratoria en ese momento? ¿Y cuánto tiempo puede permanecer detenida una persona mientras intenta defender su caso y conseguir una audiencia de fianza?
Diario Las Américas no ha accedido a la versión del Departamento de Policía de Irving, de ICE y las autoridades migratorias correspondientes, en un contexto en el que el programa 287(g) posibilita que determinadas agencias policiales locales puedan colaborar con ICE en funciones relacionadas con inmigración; pero tuvo acceso a los documentos del expediente de Osorio Molina. Mientras la frontera entre una detención local y una detención que termina en el sistema migratorio federal puede ser mucho más estrecha que antes, Ramón sigue esperando que una decisión judicial permita que su hijo vuelva a tener a su madre en casa e intenta vías legales para resolver el caso. El 12 de septiembre marcará tres meses desde que ella salió a botar la basura y no volvió a entrar a su casa.
