El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la firma de las resoluciones de extradición hacia Estados Unidos de cinco acusados de narcotráfico, lavado de activos y narcoterrorismo.
Las solicitudes, respaldadas formalmente por el Ejecutivo, recaen sobre líderes criminales cuyos trámites de entrega habían sido pausados o frenados durante la administración de Gustavo Petro bajo el marco de las conversaciones de la paz total, reseña Revista Semana.
Tres de los señalados se encuentran bajo custodia de las autoridades, mientras que las fuerzas de seguridad adelantan operativos de búsqueda para dar con el paradero de los dos restantes e implementar las órdenes administrativas de traslado internacional.
Cabecillas solicitados por la justicia estadounidense
La nómina de extraditables abarca a jefes de diversas estructuras armadas con presencia en el sur, norte y occidente del país:
- Geovanny Andrés Rojas, alias Araña: negociador de los Comandos de Frontera con operaciones en Putumayo, Caquetá y Amazonas. Detenido en 2025 bajo circular roja de Interpol, su extradición permanecía suspendida por el Ejecutivo anterior pese al aval de la Corte Suprema de Justicia.
- Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo: cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Su orden de extradición había sido desestimada en julio de 2025 bajo el argumento de su participación en los procesos de diálogo.
- Gabriel Yepes Mejía, alias H. H.: jefe de las disidencias de los Comuneros del Sur, cuyo trámite judicial también permanecía congelado por las negociaciones de paz.
- Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca: principal cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Los Pachenca), capturado en 2024.
- Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho: promotor de actividades delictivas, extorsión y tráfico de estupefacientes en la región Caribe (Magdalena, La Guajira y Bolívar).
Con la reactivación de estas órdenes ejecutorias, el Gobierno nacional ratificó el desmonte de las garantías otorgadas a mandos de grupos al margen de la ley en administraciones anteriores, priorizando los requerimientos de la justicia internacional.
