Sergio Fernández Palacios asegura haber sido separado de todo recurso de comunicación de la institución académica después de compartir un artículo sobre el caso
El abogado cubano Sergio Osmín Fernández Palacios
CORTESÍA SFPMIAMI. - Sergio Fernández Palacios, abogado cubano con un amplio currículo académico, ostentaba un Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos hasta el día que compartió un artículo controversial en un grupo de WhatsApp. El escrito en cuestión, publicado en el grupo del instituto que le otorgó el título, detallaba aspectos de una denuncia por lavado de activos que involucra a familiares del fallecido Fidel Castro.
La reacción a la publicación del artículo fue inmediata y contundente. En una entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, Fernández Palacios reveló que fue expulsado del grupo de WhatsApp minutos después de compartir el artículo, “sin recibir ninguna explicación clara”.
Su nombre también fue eliminado de otras plataformas virtuales del instituto mexicano. Ante esta situación, Fernández Palacios decidió renunciar a su doctorado como forma de protesta. “Todo esto es consecuencia de haber mencionado el caso de Alejandro Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro, y su primo José Antonio Fraga Castro, hijo de Ángela Castro Ruz”, afirmó el abogado.
El abogado compartió con nuestro rotativo imágenes que lo muestran mientras realizada el “juramento de honor” al recibir su doctorado por parte del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos (IIIDDH). Este acto, según su declaración, se llevó a cabo “durante una ceremonia oficial que presidió el señor Sergio Arellano Rabiela a inicios de diciembre de 2023”.
Fernández Palacios aclaró que su postulación para el doctorado fue iniciativa del propio instituto. “El Sr. Arellano Rabiela me contactó primero a través de LinkedIn y luego vía WhatsApp en noviembre de 2023. La iniciativa de contacto partió de él”, aseguró el experto en leyes.
“Hasta ese momento, yo no conocía quién era, ni tenía referencia alguna sobre él, ni nadie de mi círculo de contactos y conocidos le sugirió que me contactara. Fue iniciativa de él”, aseveró.
El IIIDDH se presenta en su sitio web como “parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, [de la] Red Internacional de Derechos Humanos en Ginebra y de la Red Internacional de Derechos Humanos Europa en Bruselas, siendo un organismo internacional de defensa de los derechos humanos sin fines políticos, solo académicos y de investigación”. También menciona un programa de capación con la Organización de Estados Americanos (OEA).
El abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, por su parte, ostenta un currículum destacado, según se puede apreciar en su perfil de LinkedIn. Entre sus logros académicos, se cuentan un Doctorado en Derecho con mención ‘Cum Laude’ y un Máster en Derecho en la modalidad de Investigación por la Universidad de Alcalá de Henares en España. Además, posee un Máster por la Universidad de Barcelona y es Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana.
Consultado acerca de la denuncia del letrado cubano, Arellano Rabiela se limitó a decir que “nos desligamos de cualquier tema con el Sr. Fernández Palacios, ya que dejó de pertenecer a nuestro instituto, siendo excluido por así convenir a los intereses de una organización académica y de investigación y sin tintes políticos, como se pretende manifestar equivocadamente”.
Fernández Palacio rebatió lo indicado por Arellano Rabiela, tras subrayar que “en el grupo de WhatsApp ‘Doctores HC de IIIDDH’, del cual [él] es su administrador, mis artículos sólo eran sobre violaciones de los derechos humanos en Cuba contra el activismo político. Jamás compartí en ese grupo ninguna arenga o consigna política”.
Esta polémica situación puso en contexto el Caso 14.226, que completa ocho años sin resolución en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se denuncia un cúmulo de acciones presuntamente anómalas cometidas en LABIOFAM S.A, un grupo empresarial del régimen cubano, con ramificaciones en Bahamas, Brasil, Europa, África y Asia.
Según lo narrado, a finales de 2014, recién doctorado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, el abogado comenzó a trabajar en LABIOFAM S.A., bajo la dirección de José Antonio Fraga Castro, sobrino de Fidel y Raúl Castro, hijo de Angela Castro. “La empresa se presentaba como una entidad dedicada a la producción de medicamentos y productos biológicos”, dijo.
Sin embargo, asegura Fernández Palacios, “la realidad que encontraría en el seno de la empresa distaba mucho de la imagen pública que proyectaba”.
A principios del 2015, en el ejercicio de sus funciones como asesor jurídico, el abogado describe que se topó con una serie de operaciones que califica de “sospechosas”, y lo llevaron a destapar lo que él consideró un “entramado de corrupción y lavado de activos”, que involucraría a altos mandos de la empresa, incluyendo a familiares directos de Fidel Castro.
La trama, en la cual estarían relacionadas tres empresas rumanas, “tenía como objetivo”, según Fernández Palacios, “lavar dinero proveniente de Europa del Este hacia Cuba, utilizando como fachada la construcción de una ‘biofábrica’ en Serbia”, acota el letrado en su declaración.
Al parecer, las sospechas de Fernández Palacios se vieron confirmadas, pues dice haber descubierto que José Antonio Fraga Castro, junto con Alejandro Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro, habían iniciado negocios en 2012 con el magnate rumano Ovidio Tender, presidente del Grupo Tender S.A.
Lo llamativo del caso es que Tender estaba siendo investigado en ese momento en uno de los procesos judiciales más importantes de Rumanía, por delitos financieros que involucraban sumas millonarias.
Para evitar levantar sospechas, los Castro supuestamente utilizaron la inmunidad diplomática de la embajada de Cuba en Rumanía para reunirse con Tender, quien se encontraba en libertad condicional mientras esperaba su juicio.
Fernández Palacios tuvo acceso a fotografías que evidenciaban las reuniones entre los Castro y el magnate rumano en la propia embajada cubana. El abogado compartió las imágenes a este rotativo.
Con la certeza jurídica de que estaba frente a un caso de lavado de activos, el abogado redactó un dictamen jurídico exponiendo detalladamente la trama de corrupción. Sin embargo, “el documento desapareció misteriosamente de LABIOFAM S.A., junto con otros documentos relevantes para el caso”, comentó.
A pesar de sus esfuerzos por denunciar el robo y la trama de corrupción ante las autoridades cubanas, incluyendo a la propia presidencia de Cuba, Fernández Palacios se encontró con lo que describe como un “muro de silencio y complicidad”.
Ante la inacción de las autoridades cubanas, el abogado decidió llevar su denuncia a organismos internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la citada CIDH. No obstante, a pesar de que ha transcurrido casi una década desde que presentó su denuncia, aún no se ha emitido una decisión final sobre el caso.
El 17 de abril, la CIDH envió al abogado una comunicación en la que le informa que “el caso se encuentra procesalmente listo en la etapa de fondo”, lo que significa, según se lee en la carta, “que la CIDH podrá pronunciarse sobre el asunto con base en la información disponible en el expediente”. Remarca, además, que ese organismo “planifica su trabajo fundamentalmente con base en el orden cronológico, entre otros criterios decididos por esta”.
El abogado también dirigió la denuncia a la Oficina del Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell. El 22 de mayo, Fernández Palacios recibió una respuesta: “Le agradecemos todas las informaciones proporcionadas. Dado su contenido específico en tema de lavado de activos, ya las hemos remitido a los servicios pertinentes de la Comisión Europea para su consideración y seguimiento”.
Desde que denunció la presunta trama de corrupción en LABIOFAM S.A, Fernández Palacios ha “sufrido” las consecuencias de enfrentarse al poder en Cuba.
Acorde con sus palabras, el especialista en leyes ha sido “víctima de un sistemático bloqueo profesional”, imposibilitándole ejercer su profesión en ninguna institución u organización de la isla, a pesar de su currículum.
Las circunstancias que motivaron la renuncia del doctorado conferido al abogado cubano despertaron a su vez una reacción en cadena de activistas y defensores de los derechos humanos, que expresaron su solidaridad a Fernández Palacios.
Entre las voces de respaldo, la activista Myriam Andrade, quien aseguró haber sido “la invitada de honor en la ceremonia que presidió el Sr. Sergio Arellano Rabiela”, dijo que se une “al apoyo moral” del letrado, “por su entrega incondicional a favor de los DDHH y denunciar la criminalidad del régimen totalitario de Cuba. Es una vergüenza el proceder del presidente del IIIDDH”.
Entretanto, Yaíma Sardiñas calificó como “impropio, falto de ética y profesionalidad” la “expulsión” del abogado, mientras que Cary Castro Ruiz opinó que “es inaceptable el proceder de personas que se dicen defensores de los DDHH y con sus actitudes demuestran poca transparencia y actúan contrariamente a principios y valores éticos”.
Finalmente, Fernández Palacios enfatizó que se ha “seguido la línea de invisibilizar la denuncia y al denunciante del Caso 14.226 contra Cuba, lo mismo que ha hecho el régimen totalitario de la isla respecto a mi persona”.
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