El Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe pide crear instancia internacional de respuesta rápida
Los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores son la población más vulnerable en catástrofes naturales (EFE)
CARACAS. Tras los recientes sismos gemelos (doblete sísmico) ocurridos el pasado 24 de junio, Venezuela no solo enfrenta la destrucción en infraestructura física, daños en los servicios públicos básicos y una eventual emergencia sanitaria, sino también, el riesgo del colapso de la seguridad en la cadena alimentaria y con ello, repercusiones en la salud pública, sobre todos en las personas afectadas por estos eventos y que se encuentran en refugios.
Hasta el 7 de julio, más de 14,600 personas permanecían en 87 campamentos tras el doble terremoto en Venezuela. Cifra que con el pasar de los días fue aumentando.
Expertos y organismos internacionales advierten que la magnitud de este desafío requiere una respuesta coordinada que trascienda la asistencia inmediata.
Es por ello que el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC), a través de su representante en el país suramericano, el ingeniero agrónomo, Saúl Elías López, lanzó un SOS con el cual solicita la activación urgente de un mecanismo internacional de respuesta rápida, ante la crisis humanitaria que azota la nación andina.
La importancia radica en que: “La cadena alimentaria crea una barrera que ayudará a mitigar el riesgo de una posible crisis sanitaria”.
López explicó que, en conversaciones con la secretaría técnica del ODA-ALC y apoyados por la FAO, ante este tipo desastres se debe crear un mecanismo internacional de organización, respuesta rápida y financiamiento, que permita, en este caso, centralizar y articular de forma transparente toda la existencia y los recursos que ya de alguna forma se han recabado y que seguirán llegando a Venezuela.
El ingeniero agrónomo, al igual que otros expertos en materia sanitaria, de atención a víctimas y de nutrición, entre otros, destacó que la situación de Venezuela no es coyuntural, sino que después de esta devastación, “viene una carrera larga, de un proceso mínimo de dos años, con este periodo coincidimos varios organismos y expertos como Caritas, la doctora Susana Raffaelli, especialista en ayuda humanitaria”.
Indicó que se trata de implementar mecanismos de articulación para desburocratizar un poco y, sobre todo, quitando todos los intereses políticos para atender de manera equitativa la emergencia, especialmente alimentaria y logística: “Es lo ideal y lo que ha funcionado en distintos países donde han ocurrido tragedias”.
Relató que este mecanismo ha funcionado en otros países que han sido asolados por desastres naturales como, por ejemplo, México y Chile.
La operatividad del sistema alimentario se encuentra severamente comprometido en Venezuela como consecuencia de la ruptura de las cadenas de transporte, el daño en las vías y la parálisis de los mercados locales, que han creado una interrupción crítica en el flujo de suministros esenciales, principalmente en el estado La Guaira.
A esto se suma el colapso de servicios indispensables como el agua y la energía eléctrica, elementos fundamentales no solo para el consumo humano, sino para el procesamiento y la conservación segura de los alimentos.
Subrayó que: “Sin estas condiciones, la inocuidad alimentaria, la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor se ve gravemente amenazada, convirtiéndose en un foco potencial de enfermedades”.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS han señalado reiteradamente que los desastres naturales, además de causar traumas directos, alteran el saneamiento básico, facilitan el hacinamiento en refugios y contaminan las fuentes de agua.
Y, además, provocan:
Enfermedades infecciosas: la interrupción del agua potable y el saneamiento inadecuado elevan el riesgo de brotes de gastroenteritis y otras enfermedades transmisibles relacionadas con la contaminación fecal.
Malnutrición y vulnerabilidad: la falta de una dieta balanceada debilita el sistema inmunológico de las poblaciones refugiadas, haciéndolas más propensas a contraer enfermedades. Especial atención requieren los grupos más vulnerables: niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Colapso de servicios: en un sistema sanitario ya limitado, la carga adicional de personas heridas, sumada a la posibilidad de brotes infecciosos, estresa al límite la capacidad de respuesta hospitalaria.
López recomienda que Venezuela no intente actuar en solitario. La propuesta de crear un mecanismo internacional de respuesta rápida y financiamiento busca centralizar y articular recursos de manera transparente.
El plan que propone tiene cinco ejes principales:
Financiamiento directo: apalancado por multilaterales como el Banco Mundial, el BID y la CAF. Ya están actuando en esta crisis sísmica.
Logística de refugio: gestión eficiente del desplazamiento y atención a damnificados. Ya se han creado, 26 en La Guaira y 39 en Caracas.
Protección social: implementación de subsidios y transferencias directas para sostener el consumo familiar. Se anunció un pago mensual a los afectados durante cerca de 183 días, pero no se fijó monto.
Recuperación temprana: rehabilitación coordinada de la vialidad y redes de transporte.
Criterios de prioridad: distribución con enfoque humanitario, garantizando que la ayuda llegue primero a quienes más lo necesitan.
El ingeniero agrónomo insiste en el enfoque humanitario, coordinado, por supuesto, en el que esté el interinato, las agencias multilaterales, la sociedad civil, priorizando a las poblaciones más vulnerables, que son niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Acota que este es el enfoque lógicamente, porque los números que han informado de manera oficial son bastante alarmantes. Más de 17.000 personas sin viviendas.
“Para evitar el uso del alimento como una herramienta de control social y asegurar la dignidad de los afectados es imperativo que las agencias de la ONU, las ONG locales y el sector privado trabajen en conjunto”.
La cita de López hace recordar, épocas pasadas cuando el gobierno ha utilizado la distribución de alimentos como control social, por ejemplo, con el Programa de Comités Locales de Abastecimiento y producción, conocidos popularmente como CLAP.
Reiteró que el sector privado es fundamental en esta tarea. Contar con gremios como la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos, (CAVIDEA), es primordial para garantizar la cadena de frío, la preservación de productos proteicos y la manipulación técnica adecuada de los alimentos.
Recomienda la descentralización de los procesos de registro para ONG, lo que permitirá que la sociedad civil organizada sea un brazo ejecutor vital en los territorios afectados.
“La respuesta a esta emergencia no es un tema coyuntural, sino una carrera larga que requiere la articulación técnica de especialistas, nutricionistas, médicos y logísticos, para garantizar que el derecho a la alimentación sea protegido como un baluarte contra la crisis sanitaria que amenaza a la nación”.
Agregó que, uno de los primeros aspectos que está vinculado con la alimentación y que repercute directamente en la salud, es justamente lo que se consume, o sea, desde el punto de vista de la disponibilidad, el acceso a los alimentos, la estabilidad y la inocuidad de esos alimentos.
López señaló que esa instancia de respuesta rápida también va a permitir que no solo el interinato, sino la sociedad civil y el sector privado estén vigilantes de la distribución de alimentos, medicinas e insumos, sobre todo cuando ya hay desplazados de La Guaira y Caracas a otros estados del país, sean equitativamente distribuidas.
“Ya ocurrió una denuncia. La del alcalde de Panamá sobre un presunto desvío de ayuda humanitaria, hay que evitar este tipo de temas. Procurar que también las organizaciones, la sociedad civil, las asociaciones civiles sin fines de lucro, tanto nacionales como internacionales, sobre todo las internacionales articulan arriba y las nacionales son los socios locales que vayan implementando”.
Aboga, porque la distribución se haga con base en las necesidades de las personas y una vez que lleguen a esos refugios se haga una clasificación.
“Para saber quién es celiaco o padece ciertas enfermedades, cuáles deben ser los regímenes alimenticios y con base en eso poder dar seguridad en la alimentación, porque es un derecho que se tiene que garantizar a la población vulnerable como consecuencia de esta tragedia”, afirmó.
Son grandes los desafíos que entrañan una tragedia como la que vive Venezuela que ya tenía una crisis humanitaria y ahora, con los dos terremotos tiene una crisis multistémica dentro de la misma.
FUENTE: Redeacción
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