El Nacional, emblemático diario fundado en 1943, dejó de circular en edición impresa en diciembre de 2018 tras 75 años de historia, incluidas dos décadas de choque con los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor, Maduro.
AFPCARACAS.- La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) acordó condenar el fallo confiscatorio proferido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el régimen, en perjuicio del diario El Nacional, así como las medidas destinadas a ejecutar dicho acto.
El documento aprobado este martes 18 de mayo en la reunión de la Comisión Delegada, solicitó iniciar un procedimiento de investigación en contra de los intervinientes en los mencionados procesos judiciales por la aparente violación de los derechos a la libre expresión del pensamiento y a la información oportuna contenidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y de Medios de Comunicación del Parlamento Nacional, diputado Jony Rahal, se comprometió a realizar todas las acciones pertinentes en conjunto con el representante permanente de Venezuela designado por el Gobierno interino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, para denunciar todos los abusos contra la libertad de expresión que hay en Venezuela.
El parlamentario indicó que el país y el mundo fueron testigos de que la dictadura de Maduro asaltó las instalaciones del diario El Nacional, “se robaron las instalaciones del Nacional, un periódico que tiene más de 77 años al servicio de la libertad de expresión y la democracia en Venezuela”.
Indicó que “esbirros de la dictadura” ejecutaron una supuesta medida cautelar de embargo y una demanda por daños morales, a favor de “un inmoral como lo es Diosdado Cabello”.
Aseveró que con esa acción demostraron una vez más el abuso del poder, contraviniendo el Código Procesal Civil que establece que los embargos deben ejecutarse desde la 6 de la mañana hasta la 6 de la tarde, “pero ellos fueron en la noche, actuando como lo que son, unos delincuentes procediendo al margen de las leyes”.
Rahal denunció que esa acción de embargo no presentó una orden judicial, ni un decreto de medida, solo pegaron un cartel y desalojaron a todos los que se encontraban en el lugar, tampoco tuvo presencia el juez ni el secretario o cualquier otro funcionario del TSJ.
Advirtió que todo funcionario que se preste para apoyar cualquier violación contra los derechos humanos tendrá que asumir sus responsabilidades y no podrán burlar la justicia internacional.
La diputada por el estado Zulia, Marianela Fernández, deploró que el dirigente chavista Diosdado Cabello se haya convertido en el carcelero de los medios de comunicación.
Condenó la sentencia emitida por el TSJ, que solo "conoce y decide a favor de la 'maquinaria roja'", y que en este caso cumplió instrucciones de Diosdado Cabello.
En tanto, el diputado por el estado Mérida, Williams Dávila, precisó que la toma militar de las instalaciones del diario El Nacional es una demostración de la dictadura que se vive en Venezuela.
“No hay liberad ni democracia, solo existe una máscara que utiliza el régimen para esconder sus intenciones contra la dignidad del pueblo de Venezuela. La única libertad que permite la dictadura de Maduro es la de morirse de hambre, porque en definitiva el que pasa hambre no puede ni hablar ni escribir, por eso elimina la libertad de expresión para que el pueblo siga entumecido”, dijo.
A juicio de Dávila, la toma de El Nacional es una acción represiva que viola los derechos de la propiedad, demostrando que el país además de no contar con una seguridad alimentaria, tampoco cuenta con seguridad jurídica.
“Qué inversionista extranjero vendrá a Venezuela si este Estado de dictadura desconoce los derechos de propiedad y el derecho de tener una justicia imparcial”, manifestó. Aseveró que solo en democracia se logrará la libertad de comercio, para contar con una economía sana y robusta.
FUENTE: Centro de Comunicación Nacional
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