MIAMI.- El Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN) señaló que la denuncia del Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional (CPI), por parte de las "ilegítimas autoridades" que hoy gobiernan Venezuela, y sus consecuencias jurídicas "están viciadas de nulidad absoluta".
En un comunicado, el Comité indicó que quienes hoy dicen ostentar la representación del Estado venezolano, bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez tras la captura del exdictador Nicolás Maduro, "son personas que detentan cargos usurpados y, en consecuencia, sus actos están viciados de nulidad absoluta, como lo dispone el artículo 138 de la Constitución que rige a la nación".
El gobierno interino de Venezuela notificó, el 24 de julio, al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión “firme e irrevocable” de abandonar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada “definitiva” de la CPI.
Desde el Comité contra la Impunidad señalaron que Maduro, reo en una cárcel de Nueva York por delitos de narcoterrorismo, perdió su legitimidad desde el año 2019, "cuando asumió el cargo de Presidente como consecuencia del fraude electoral del año 2018. Esta usurpación se hizo aún más evidente al desconocer el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia, del 28 de julio de 2024".
Argumentaron que, "en el supuesto negado", de a que a Delcy Rodríguez se le reconociera alguna legitimidad como presidenta interina, perdió esta prerrogativa al transcurrir más de 6 meses después de la extracción de Maduro y no haberse convocado elecciones presidenciales, como lo dispone el artículo 234 de la Constitución, "quedando sus actos viciados de nulidad absoluta, y configurándose un vacío de poder, que es suplido por la intervención manifiesta de los Estados Unidos de América, lo que afecta la normalidad Constitucional del Estado venezolano".
Para el Comité existe "una cadena de usurpaciones". Consideraron que el retiro de la CPI "evidencia la intención de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las últimas dos décadas, de tratar de eludir la acción de la justicia internacional; esos crímenes son imprescriptibles y contra ellos no es oponible inmunidad alguna; actualmente están siendo investigados en la CPI".
Solicitud a la ONU
El comunicado está firmado por William Cárdenas, presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, Paciano Padrón, vicepresidente, y Walter Márquez, director general. En el texto también piden que "a las autoridades responsables de la ONU revisar la idoneidad de la solicitud" de Venezuela sobre la CPI.
"En el caso de que dicha írrita denuncia sea aceptada, sólo sería viable un año después de su solicitud, y no tendrá ningún efecto sobre los hechos y crímenes que hoy se investigan en la CPI. Tampoco lo tendrá sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por Delcy Rodríguez y los miembros del ilegítimo gobierno interino, con ocasión de los dos terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio pasado, y sobre aquellos que se están cometiendo y se puedan seguir cometiendo hasta que se formalice el retiro, si ello llegase a ocurrir", puntualizó el Comité.
Destacaron que la decisión del gobierno interino no exonera a Venezuela de las obligaciones contraídas antes de la denuncia: "Ni los exámenes, investigaciones o enjuiciamientos penales así como las obligaciones financieras se disuelven".
También subrayaron que el hilo de la constitucionalidad en Venezuela está en manos de Edmundo González Urrutia, "el presidente electo por voluntad soberana de los venezolanos el 28 de julio de 2024, cuando María Corina Machado logró demostrar a la Comunidad Internacional quién había obtenido la victoria en Venezuela. El pueblo venezolano, que continúa siendo atropellado, perseguido, y especialmente castigado por crímenes de competencia de la CPI, con cientos de presos políticos en sus cárceles, mantiene intacta su dignidad; las víctimas y sus familiares harán valer ante el mundo lo que en justicia corresponda".
FUENTE: Con información del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN),