BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino reglamentó este viernes le ley que prorroga la declaración de emergencia social, aprobada en diciembre pasado para dedicar 1,9 millones de dólares a luchar contra la pobreza, tras la difusión de un estudio privado que reveló este jueves que en el país hay unos 13 millones de pobres.
Con la reglamentación, oficializada este viernes a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, queda declarada la emergencia social hasta diciembre de 2019.
La norma fue fruto de negociaciones entre el Gobierno y distintas organizaciones sociales ante las elevadas cifras de pobreza registradas en el país.
Desde la aprobación de la ley en el Congreso, los impulsores reclamaban al Gobierno la reglamentación de la ley, necesaria para su puesta en funcionamiento.
De hecho, pese a la oficialización del decreto, las organizaciones sociales mantienen convocada para este viernes una reunión para trabajar sobre el tema.
La reglamentación de la emergencia social llegó un día después de que se publicase el último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre la pobreza urbana en el país.
De acuerdo con el estudio, esta aumentó hasta el 32,9% en el tercer trimestre de 2016 y afecta a unos 13 millones de argentinos debido a la precariedad del mercado de trabajo y la falta de políticas de desarrollo a largo plazo.
La última cifra oficial sobre la pobreza en el país, determinada por el estatal Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), se difundió en septiembre pasado y la situó un poco por debajo, en el 32,2 %.
"Hay que trabajar en un montón de situaciones en un país que estaba agonizando, descontrolado", reconoció la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en una entrevista publicada por el diario Clarín.
Stanley llamó a no señalar "culpables", porque hay responsabilidad en "todos" los actores y también en los Gobiernos anteriores, y advirtió que la situación no se va a revertir de un día para otro.
Por su parte, el jefe de ministros, Marcos Peña, dijo ayer al canal Todo Noticias que, si bien en 2016 se notaron los efectos del proceso de "transición" desde el kirchnerismo y del "sinceramiento" de las estadísticas económicas y sociales, el problema subyacía antes de la asunción de Mauricio Macri.
La emergencia social supone una inversión de unos 30.000 millones de pesos (unos 1,9 millones de dólares) para paliar la pobreza.
La normativa crea un Consejo de la Economía Popular y de un Salario Social Complementario, además de un Registro Nacional de la Economía Popular, donde deberán inscribirse los trabajadores de esta categoría para poder acceder a beneficios como ayudas sociales o exenciones de impuesto.
"Se entiende por Economía Popular toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar", recoge el decreto publicado hoy.
"La Economía Popular se desarrolla mediante proyectos económicos de unidades productivas o comerciales de baja escala, capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo", prosigue.
FUENTE: EFE
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