CARACAS.- Las delegaciones del régimen chavista y la oposición salieron de República Dominicana con tres acuerdos: la definición de una agenda de discusión, la conformación de un grupo de países amigos (Chile, México, Bolivia y Nicaragua) para dar seguimiento a las conversaciones y la fecha de un nuevo encuentro, a desarrollarse el miércoles 27 de septiembre.
“La reunión de ayer (miércoles) fue buena y la de hoy (jueves) fue mejor”, declaró el anfitrión y presidente de República Dominicana, Danilo Medina. En ese mismo tono optimista, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, afirmó en representación del gobierno venezolano que “ésta ha sido la oportunidad en que de manera más firme y de manera clara nos hemos acercado a un acuerdo”.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) emitió un comunicado donde subrayó que “la postura presentada en este acercamiento reafirmó nuestro compromiso de construir mecanismos para una solución política a la crisis”, reiterando que “solo a través de un cambio democrático y no violento será posible superar la actual tragedia social y económica que azota a los venezolanos”.
La alianza opositora se cuidó de aclarar que el cónclave de Santo Domingo fue una “reunión exploratoria” y no el inicio de un “proceso de negociación formal”. Para llegar a ese punto, indicaron, hace falta “el establecimiento de un cronograma de implementación de acuerdos con garantías y acompañamiento internacional”, así como “la definición de un país neutral sede” para los contactos. Sin embargo, la promesa de continuar en dos semanas demuestra que ya se han registrado avances positivos entre las partes.
El mundo gira
A finales de julio, el diálogo estaba muerto para la opinión pública. A pesar de que el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se trasladó a Caracas para promover un entendimiento por “la convivencia democrática y la paz” antes de las elecciones de la Constituyente del domingo 30, el esfuerzo desembocó en una nueva frustración.
Tras el fracaso de su facilitación, Zapatero sumó a la lista de temas a discutir la necesidad de “fijar nuevas reglas y garantías para que la Asamblea Constituyente se comprometa de forma inequívoca con el respeto a los principios de la República, a los poderes constitucionales y al sufragio universal como fuente exclusiva de legitimación del poder”.
El dictador Nicolás Maduro le jaló las orejas al antiguo mandatario español por expresar su opinión “de manera inconsulta” y le pidió que rectificara. Y no solo cuestionó sus palabras, sino que confirmó el carácter plenipotenciario de la Constituyente, que sin “nuevas reglas y garantías” removió a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, vulneró el principio de la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias legislativas del Parlamento.
Sin embargo, pronto el panorama cambiaría. La instalación de la Constituyente desató la condena de la comunidad internacional, encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el 25 de agosto impuso sanciones económicas al régimen chavista que prohíben “realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal (Pdvsa)”.
La Unión Europea también ha endurecido su postura ante Caracas. La representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, admitió que podían aplicar “medidas restrictivas selectivas” contra el gobierno de Maduro, aunque resaltó que continúan poniendo el acento “principalmente en la actividad diplomática y política”.
El aislamiento de la revolución chavista contrasta con el respaldo conseguido por la mayoría opositora del Parlamento, cuyo presidente, Julio Borges, acaba de completar una gira donde fue recibido por los presidentes Emmanuel Macron (Francia) y Mariano Rajoy (España), la canciller alemana Ángela Merkel y la primera ministra británica, Theresa May.
Contra las cuerdas
Los intentos de diálogo en Venezuela se cuentan por descalabros. Una decepción ha seguido a otra. Nada asegura que ahora la situación sea distinta, pero lo que sí es cierto es que en este momento las condiciones no son las mismas. En principio, la crisis económica empeora cada día, agudizando la escasez de alimentos y medicinas, la devaluación del bolívar y la destrucción del aparato productivo.
En el plano internacional, los papeles se han invertido. El gobierno venezolano es calificado como una dictadura y las naciones más importantes de América y Europa apoyan la causa democrática que impulsa la oposición.
La paciencia de Occidente parece haberse agotado. El canciller de Francia, Jean-Yves Le Drian, le advirtió a su par venezolano, Jorge Arreaza, sobre el “riesgo de sanciones europeas y la necesidad de ver rápidamente evidencia de que el gobierno está listo para relanzar las negociaciones con la oposición, y participar en un proceso creíble y sincero”.
En la misma línea de su homólogo francés, el titular de Relaciones Exteriores de España, Alfonso Dastis, aseveró que “es indispensable que se concrete en un proceso sin dilación de negociaciones que resulten en acuerdos con concesiones concretas y con garantías de cumplimiento de los acuerdos alcanzados”.
La oposición tampoco la tiene fácil. Luego de cuatro meses de protesta, que arrojaron un saldo de más de 130 muertos, la Unidad trata de reagruparse y definir su estrategia para enfrentar la embestida de una Constituyente que amenaza con liquidarla. “Si el gobierno no quiere sanciones, entonces que respete la Constitución. El 27 de septiembre sería la próxima reunión, si hay voluntad para resolver la crisis, para esa fecha ya debería haber resultados”, sentenció el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski.
En menos de dos semanas, se sabrá si esta negociación podrá transformar el rumbo del país, o si será una desilusión más que profundizará la confrontación en Venezuela.
