La aplicación de la amnistía avanza entre reclamos por demoras, falta de transparencia y control político de la justicia
Diego Casanova (C), familiar de un preso político, interviene durante una rueda de prensa en Caracas el 23 de febrero de 2026. Más de 200 presos políticos venezolanos se encontraban en huelga de hambre el 22 de febrero de 2026 para exigir su liberación en el marco de una nueva ley de amnistía que excluye a muchos de ellos.
AFPCARACAS - El régimen chavista informó la excarcelación de 179 presos políticos tras la entrada en vigencia de una ley de amnistía aprobada por el Parlamento controlado por el oficialismo, en medio de crecientes denuncias sobre dilaciones judiciales y obstáculos para acceder al beneficio.
La normativa fue impulsada por Delcy Rodríguez la nueva cabecilla del régimen chavista, quien asumió el poder tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro durante una operación estadounidense realizada el pasado 3 de enero. Desde entonces, el nuevo liderazgo enfrenta una fuerte presión internacional, particularmente de Washington, para atender la situación de los detenidos por motivos políticos.
La ley contempla el sobreseimiento de causas penales y la anulación de sentencias contra cientos de personas perseguidas por razones políticas. Sin embargo, su aplicación no es automática: los beneficiarios deben acudir a los tribunales del propio sistema que los procesó para solicitar la revisión individual de cada caso.
El diputado oficialista, Jorge Arreaza, informó recientemente que el sistema judicial ha recibido 4,293 solicitudes de amnistía, las cuales deben ser procesadas en un plazo de 15 días. Del total de beneficiados hasta ahora, 3,052 personas que se encontraban bajo libertad condicional obtuvieron libertad plena, también en el marco de esta ley.
Las primeras excarcelaciones se registraron en el penal Rodeo I, a las afueras de Caracas, donde 34 presos políticos fueron liberados entre manifestaciones de familiares que permanecían acampados desde hacía más de un mes. Sin embargo, numerosos detenidos continúan privados de libertad pese a cumplir con los requisitos legales establecidos.
En paralelo, se reportó una huelga de hambre dentro del recinto, a la que se sumó el gendarme argentino Nahuel Gallo, como protesta ante la lentitud del proceso. Las liberaciones están condicionadas a evaluaciones previas de la Cruz Roja, lo que ha generado nuevas demoras y reclamos por parte de familiares y abogados.
Defensores de presos políticos denunciaron que varios tribunales se han negado a recibir solicitudes de amnistía o han retrasado su tramitación bajo distintos argumentos administrativos. Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas durante el chavismo y actualmente en libertad condicional, aseguró que el sistema judicial continúa operando como un mecanismo de castigo político.
Abogados vinculados a dirigentes opositores, incluidos miembros del entorno de la Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostuvieron que la estructura judicial responsable de la persecución política sigue intacta.
Desde el oficialismo, Arreaza restó gravedad a las denuncias y atribuyó las demoras a problemas operativos, mientras el sindicato de trabajadores de la prensa denunció que ningún tribunal recibió los escritos presentados por un grupo de periodistas que solicitó acogerse a la amnistía.
La aplicación de la ley, según denuncian familiares y defensores de derechos humanos, continúa dependiendo de un sistema judicial cuestionado por su falta de independencia y por su papel en la criminalización de la disidencia en Venezuela.
FUENTE: Con información de AFP
Descarga LA APP
video