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MIAMI.- La Casa Blanca pasó del “dicho al hecho”. El miércoles 17 de abril Washington decidió activar plenamente el Título III de la Ley Helms-Burton, una medida que era esperada desde hace cerca de 23 años por cubanos y cubanoamericanos que quieren ver realizado el sueño de recuperar las propiedades confiscadas por el régimen castrista al comienzo de los años 1960, y que hoy son objeto de lucro por parte de compañías extranjeras que nada dejan al pueblo de la isla caribeña.

La decisión generó un sentimiento de satisfacción y consecuente “victoria” en el exilio cubano afincado en el sur de la Florida, en donde se concentra un significativo número de personas procedentes de la nación gobernada por el castrismo desde hace seis décadas, tras los cuales la pobreza y el desabastecimiento han sido el común denominador, además de la represión que nunca ha faltado en las calles y todos los espacios de esa nación insular.

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No obstante el consenso general, una de las voces consultadas por DIARIO LAS AMÉRICAS tras el anuncio de las medidas no estima conveniente la resolución del presidente Trump, y considera que el “interés político” del mandatario estadounidense es atraer el voto cubano en el Estado del Sol, con miras a las elecciones del 2020.

“Aplaudo a Trump”

Para el congresista republicano Mario Díaz-Balart, de origen cubano, “por fin las víctimas de propiedades confiscadas tendrán la oportunidad de presentar reclamos para recuperar las pérdidas sufridas a manos del régimen de Castro”, y agregó: “Aplaudo rotundamente al presidente Trump y su administración por esta decisión audaz y valiente sobre este tema de importancia histórica”.

El legislador no vacila al afirmar que Trump ha demostrado una “notable solidaridad con el pueblo cubano y las otras víctimas del régimen”, particularmente en Venezuela y Nicaragua, en donde se aplican los mismos esquemas “exportados” por Cuba, al tiempo que cree que el hecho de permitir que las demandas avancen “marca un momento decisivo en la historia de Cuba”.

Añadió: “Con esta decisión monumental del presidente Trump, el régimen en Cuba y sus inescrupulosos socios comerciales serán responsabilizados por décadas de explotación de propiedades robadas. Las empresas que hayan disfrutado de casi veintitrés años de impunidad, con el Título III finalmente serán responsables por sus roles en el refuerzo de la dictadura y tendrán que pagar por eso”.

Díaz-Balart considera que el presidente Trump ha “demostrado que continuará sus grandes avances en la política de los Estados Unidos y Cuba” y llamó al regente de la Casa Blanca “un defensor fiel del pueblo cubano”.

Al dirigirse a los que denominó “aliados y amigos de los Estados Unidos”, les dijo: “Si no está traficando con propiedades robadas, entonces no tiene nada que temer con la aplicación del Título III, una disposición de casi 23 años en la ley de los EEUU.

Puntualizó que “los inversionistas potenciales y actuales en Cuba recuerden: asociarse con un tirano brutal y antiamericano no solo es incorrecto, sino que también les costará.”

En semanas recientes, países europeos como España habían pedido al Gobierno del presidente Trump que no cumpliera sus amenazas de activar el Título III de esa ley de 1996, para “no afectar a compañías españolas”, como el grupo Meliá, que tienen inversiones en la isla.

De hecho, cuando fue promulgada la ley, el bloque europeo y otros países con intereses comerciales en Cuba se opusieron a la misma con una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). De igual manera, a raíz de la decisión recién anunciada por Washington, la Unión Europea se quejó por la medida y anunció futuras acciones.

“Razones políticas”

Por su parte, Frank Mora, exsubsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental y actual director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) afirmó que la medida tomada por Washington tiene un “tinte político” que busca “el voto de la comunidad cubana”.

El académico se preguntó: ¿Por qué el presidente [Trump] decide hacerlo ahora y no dentro de sus dos primeros años en la Casa Blanca? Y de inmediato afirmó: “Lo está haciendo por razones políticas”.

Dijo estar “cansado de que vengan a la comunidad cubana y exploten nuestras emociones por el sufrimiento y la tragedia de nuestro pueblo, y que vengan a decir ‘Cuba sí, Castro no’, tomen medidas económicas, se vayan a sus casas y quieran contar con nuestro voto”.

También Mora se refirió a “muchos estudios realizados en FIU”, cuyo resultado, en su opinión, dejarían en claro que “sanciones económicas no producen cambios políticos” y alertó sobre los “riesgos” que puede traer la citada ley en las relaciones comerciales con Europa y Canadá, aunque explicó que “el impacto solo se verá en dos o tres años”.

“Instrumento útil”

Desde otra perspectiva, el comisionado del condado Miami-Dade Javier D. Souto, también de origen cubano, quien señala a la dictadura castrista de haberle confiscado algunas propiedades a su familia en la isla, afirmó que apoya “totalmente” esta medida y anticipó que la misma “debe traer cosas muy buenas para el pueblo cubano”.

Souto, que representa el distrito 10 de Miami-Dade, dijo que la activación de ese acápite de la que se conoce también como Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana será un “instrumento útil” para golpear a un “desgobierno de asesinos y ladrones que se robaron miles de propiedades” desde que llegaron al poder en 1959.

La Ley Helms-Burton recrudeció el embargo instaurado por Estados Unidos contra la dictadura cubana, pero su Título III se había mantenido inactivo parcialmente por presiones de la Unión Europea.

Una medida esperada

A su turno, el exprisionero político cubano Luis Zúniga aseguró que esa es “una medida largamente esperada y necesaria porque no es justo que inversionistas extranjeros estén llevándole dinero a la dictadura castrista para que siga manteniéndose en el poder a base de represión y miseria”.

Más adelante dijo que “son 60 años de lo mismo y no hay una solución en contra de ese régimen en cuanto a un cambio ni ningún tipo de apertura que le pueda dar al pueblo de Cuba algún tipo de oportunidades de recuperar el control de su destino”.

Desde la perspectiva de Zúñiga, quien estuvo en cárceles del régimen cubano por espacio de 19 años, “esta medida va a acelerar el fin de la dictadura castrista y le va a traer libertad al pueblo cubano que tanto lo necesita”.

El exprisionero político admitió que la determinación adoptada por EEUU “va a tener consecuencias”, pero –advirtió– “ya que el mismo régimen está anunciando un apretón de cinturón [frente a la posibilidad de un segundo periodo especial], esperemos que ahora sí podamos salir de esta dictadura".

Cuando fue promulgada esta ley, el bloque europeo y otros países con intereses comerciales en Cuba se opusieron a la misma con una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque temían que sus compañías fueran demandadas en EEUU.

“Mecanismo de presión”

Johnny López De la Cruz, presidente de la Brigada 2506, organización que aglutina a los exiliados cubanos que participaron en la avanzada militar que en 1961 desembarcó en Cuba por Bahía de Cochinos, subrayó que “nos sentimos contentos y muy orgullosos por esta medida que se convierte en otro mecanismo de presión contra el régimen cubano”.

Añadió que “me parece una acción que puede dar paso a la libertad de Cuba y especialmente del pueblo cubano”.

En esencia, la norma establece “castigos” a empresas extranjeras que hacen negocios en Cuba y que sacan provecho de bienes expropiados por el régimen cubano a ciudadanos o empresas estadounidenses.

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