NUEVA YORK.- Tras varios meses de conversaciones y análisis, seis países americanos firmaron hoy en Nueva York una petición dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI) para que abra una investigación sobre posibles delitos de lesa humanidad perpetrados en Venezuela.
Se trata de un paso sin precedentes. Nunca en la historia de la corte, con sede en La Haya (Holanda), un Estado ha denunciado a otro.
La acción de Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay, a la que se unió Canadá en el último momento, no supondrá una apertura automática de una investigación en la CPI, aunque sí puede acelerar el inicio de una si la fiscalía, que analiza el caso venezolano desde febrero, concluye que se cumplen todos los requerimientos para ello.
¿Cuándo comenzó a gestarse la petición?
El canciller peruano Néstor Popolizio habló ya en julio de una acción conjunta de varios países. Como base, "existe un informe de expertos solicitado por la OEA sobre la violación de derechos humanos en Venezuela con ejecuciones extrajudiciales que se imputan al régimen chavista. Además, están los pronunciamientos del Alto Comisionado de Naciones Unidas en derechos humanos", dijo.
¿Qué dice el informe de expertos pedido por el secretario general de la OEA?
En mayo, tres juristas internacionales seleccionados por Luis Almagro para investigar la situación en Venezuela presentaron un informe de 400 páginas que denuncia ejecuciones extrajudiciales en el marco de protestas contra el régimen de Maduro, casos de tortura y violencia sexual y detenciones arbitrarias que en casos llevaron a "desapariciones forzosas". Aseguraron que hay un "ataque generalizado y sistemático" con intención política y pidieron denunciar al régimen de Maduro a la CPI.
¿Quién más se ha pronunciado?
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra'ad Al Hussein sugirió en junio que la corte debe investigar. "Dado que el Estado (venezolano) parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia", dijo.
¿Por qué se acude a ese tribunal?
La CPI es un tribunal de Justicia internacional permanente cuya labor es juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. No pertenece al sistema de la ONU, pero tiene un acuerdo con él. Creado por el Estatuto de Roma, comenzó a operar en 2003. Tiene competencia en los países que ratificaron el tratado -que son los que pueden denunciar y ser denunciados-. Venezuela fue el primero de Latinoamérica en ratificarlo.
¿Hay denuncias previas contra Venezuela ante la CPI?
La fiscalía de la CPI abrió en febrero un examen preliminar por crímenes presuntamente cometidos desde al menos 2017 en el marco de las manifestaciones y los disturbios políticos. No es una investigación, sino una fase que puede llevar a ella o no. "El propósito es determinar si existe base razonable para proceder con una investigación", dijeron fuentes de la CPI. "Eso requiere un estudio de jurisdicción, de actuaciones nacionales, gravedad de los presuntos crímenes y del interés de la justicia".
La oficina de la fiscal Fatou Bensouda evalúa actualmente la información, tanto la pública como la remitida a La Haya. Entre quienes han remitido información está la destituida fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, y un grupo de legisladores latinoamericanos. Almagro envió el informe de los juristas.
"La remisión de un Estado no conduce automáticamente a la apertura de una investigación", indicaron las fuentes de la CPI. Tampoco es preciso para que la fiscalía decida abrirla. Pero si al concluir el examen preliminar considera que se cumplen todos los requerimientos del Estatuto de Roma, la remisión de un Estado podría acelerar la apertura de una investigación, dijeron.
El vicecanciller peruano Hugo de Zela dijo que el paso obliga a la corte a ir dando cuenta del resultado de sus pesquisas, algo que no ocurre actualmente. Antes de que acabe el año, no obstante, está previsto que la Oficina de la Fiscal presente un informe sobre los exámenes preliminares que ha llevado a cabo a lo largo de 2018, entre ellos el de Venezuela.
¿Cuáles podrían ser las implicaciones negativas de esta denuncia?
Geoff Ramsey, investigador sobre Venezuela de WOLA, organización que promueve los derechos humanos en América, considera que se sienta un "impactante precedente" que hace a los países que ha presentado la denuncia vulnerables al mismo proceso.
Además, apunta a posibles efectos negativos sobre una posible solución a la situación venezolana. "Quienes siguen la crisis en Venezuela entienden que debe haber algún tipo de incentivo para Maduro para resolverla, una especie de rampa de salida", dice, y lanza una pregunta: "¿Qué podría llevar a Maduro a dejar el poder si teme ser arrestado por crímenes contra la humanidad?".
FUENTE: dpa
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