MIAMI. - Las calles de las principales ciudades colombianas han sido escenario de protestas que, en su gran mayoría, terminaron convertidas en actos de vandalismo. Más de 24 muertes y centenares de heridos dejan ver un panorama desolador para millones de colombianos.

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia (Fedegan), José Félix Lafaurie, en declaraciones exclusivas para DIARIO LAS AMÉRICAS, afirmó que detrás de las manifestaciones hay reclamos genuinos de la comunidad, pero también intereses de la izquierda radical que urge recursos para continuar su tarea en la región.

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El dirigente gremial cree que la coca colombiana podría ser el trasfondo de las movilizaciones, en busca de financiar a los actores de la izquierda en sus “ideales revolucionarios”, a raíz del descalabro del petróleo en Venezuela. Recuerda que en Colombia hoy existen más de 200.000 hectáreas de coca y que el negocio de la droga hoy es más lucrativo que hace 20 años.

¿Por qué surge el paro nacional en Colombia y usted cómo analiza ese proceso?

Aquí hay errores que cometió el Gobierno al presentar una reforma tributaria necesaria, pero inoportuna. Todos los países a nivel global han tenido un desajuste en materia de sus finanzas públicas por la pandemia. Al Gobierno de Colombia, el manejo de la pandemia le costó el año pasado cerca de 83 billones de pesos, que no tenía contemplados, recursos que principalmente estuvieron orientados a atender, a través de subsidios monetarios no condicionados, a muchas personas que evidentemente perdieron sus empleos. También hubo ayudas a las pequeñas y medianas empresas, algunas de las cuales terminaron en quiebra, buscando que estas no terminaran despidiendo más personal y agravando la crisis social. Paralelamente, el Gobierno tuvo que atender los gastos de salud y otros gastos adicionales, entregando recursos al sector financiero. Había que hacer algo: la deuda pública creció y, en consecuencia, el Gobierno intentó presentar una reforma tributaria en un momento absolutamente inadecuado y fue la chispa que terminó por validar una serie de manifestaciones de descontento.

¿En qué momento se abre un espacio al vandalismo que se ha visto en algunas ciudades colombianas?

Aquí también tenemos que diferenciar algo, y debo referirme al Comité del Paro. Estos son unos actores en algunos casos sindicales y en otros casos personas que tienen un sesgo de izquierda radical, que aprovecharon la coyuntura para poder construir una narrativa en contra del Gobierno. No podemos olvidar que ese mismo Comité del Paro intentó algo similar en 2019 y llevó al país en noviembre de ese año a generar unas dinámicas de criminalidad que aún recordamos, por ejemplo, los incendios a los CAI (Centro de Atención Inmediata de la Policía) en Bogotá y otras acciones. Pero, evidentemente, estos mismos actores aprovecharon en medio de la pandemia, la desesperanza de 3 o 4 millones de colombianos que terminaron empujados otra vez a una dinámica de pobreza no sostenible. Esa masa amplia, especialmente juvenil, compró una narrativa y se lanzó a las calles, y detrás de ellos, gente pagada por el narcotráfico, gente pagada por la izquierda radical, que tienen vínculos con sectores armados, y estas son las personas que han generado este tipo de situaciones que hemos visto en Colombia. Hay vándalos en las ciudades reclutados por esos sectores que terminan generando el caos, pero entiendo que la mayoría de esas masas están desesperadas buscando una luz al final de un largo túnel que aún no ha terminado.

¿El Gobierno del presidente Iván Duque cómo ha actuado frente a esas circunstancias que usted denuncia?

El Gobierno ha actuado con inexperiencia, ingenuidad, tratando de sentarse a conversar con aquellos que no van a generar ningún espacio posible. Esta semana, el Comité de Paro terminó más bien haciendo arengas a la salida del palacio de gobierno [en Bogotá] para luego convocar otro paro de carácter nacional y lo que vemos es que siguen los disturbios en muchas zonas del país, con mayor agresividad en Cali, que es la tercera ciudad de Colombia, una ciudad que en el fondo tiene un nivel de absorción de empleo importante por varias razones, primero, por los mandatarios territoriales. El alcalde de Cali evidentemente ha facilitado todo ese proceso, pero, segundo, porque Cali está muy cerca del Cauca y el Suroccidente, que es la zona cocalera colombiana. Veremos que muy rápidamente se podrán descubrir las verdaderas motivaciones [del paro] y es la no aplicación del glifosato [herbicida para erradicar cultivos de hoja de coca], que es una herramienta que tiene cualquier gobierno para disminuir el impacto de los cultivos ilícitos y, en consecuencia, los recursos que ese negocio genera.

Como antecedente a lo que hoy vemos en Colombia tenemos lo que se dio en Chile. ¿Todas estas circunstancias hacen parte de un mismo engranaje o son hechos aislados?

No son hechos aislados. Esta es una clara conspiración internacional del hoy Grupo de Puebla, antes el Foro de Sao Paulo. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es aquella que los años 1980 y 1990 comenzó a recorrer América Latina. La izquierda armada se dio cuenta que sus teorías de entonces no daban resultados. Personajes como el Che Guevara y otro planteaban desde los años 1960 la posibilidad de tomarse el poder como sucedió en Cuba, y eso no dio resultado. La capacidad de respuesta de los Estados fue superior a la insurgencia armada que pretendieron desarrollar. Después dijeron que esto se podía lograr por las urnas y fue cuando empezaron a hacer un trabajo político de fondo permeando las universidades, el sector de la Justicia, los medios de comunicación y el primer país que cayó fue Brasil, por el Foro, y luego Venezuela, y con el dinero de estos dos países el dominó de América Latina terminó desmoronándose. Entraron en esa línea Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, con gobiernos de concentración nacional de partidos de izquierda no radicales, y todo eso permitió desafiar los instrumentos multilaterales en América Latina. Esos aires corrieron en América Latina. Venezuela luego terminó en bancarrota y ahora cabe preguntar qué les queda en esos ideales revolucionarios: la coca de Colombia, gracias al expresidente Juan Manuel Santos, quien en el acuerdo [de paz con las FARC] en La Habana fue absolutamente, yo no diría que permisivo, sino que intencionalmente facilitó y generó opciones para que Colombia, que había reducido sus cultivos ilícitos a 47.000 hectáreas subiera a más de 200.000 hectáreas. Una hectárea de coca hoy da mucho más dinero que lo que daba hace 20 años.

dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

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