BOGOTÁ.- El expresidente de Colombia, César Gaviria, envió un comunicado al actual presidente, Gustavo Petro mostró su preocupación por el trato hacia los grupos paramilitares como las disidencias de las FARC y el proceso de negociación con el ELN. Al respecto, indicó que: “El país no se les puede entregar a los criminales”.
En el marco de las elecciones regionales pautadas para el 29 de octubre en Colombia, Gaviria rechazó que se hagan negociaciones con brazos armados que, por historia, han perjudicado al país. En el comunicado, reseñado por el portal web Semana, manifestó que es los procesos de paz iniciados no pueden terminar con la legalización de las fortunas de los criminales.
“Si bien se firmó un acuerdo de paz en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el país aún enfrenta una nueva y preocupante ola de violencia”, expresa el comunicado.
A juicio de Gaviria, los grupos paramilitares que se han sumado al ELN están buscando controlar los territorios colombianos para fortalecer “el narcotráfico y otras actividades ilegales”, lo que supone un riesgo significativo “de gestar una nueva generación de combatientes”.
“Los territorios donde se desarrollan conflictos armados incluyen el sur del Meta, el norte del Caquetá, el sur de Córdoba, el Urabá antioqueño, el sur de Bolívar y Arauca, el Catatumbo, Cauca y el Pacífico nariñense. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, existen seis conflictos armados abiertos en el país en el periodo posterior al acuerdo de paz”, señala el comunicado.
El expresidente consideró que de los aspectos más alarmantes de esta nueva escalada de violencia en el país, se suma el asesinato de líderes sociales; además de que Colombia tuvo uno de los estallidos sociales más significativos de la historia.
Violencia preelectoral en Colombia
Al menos 18 militares fueron retenidos este sábado por miembros de una comunidad en el municipio de San José del Guaviare, en el sureste de Colombia, a donde habían acudido para brindar seguridad en las elecciones locales del 29 de octubre, informó el Ejército.
En medio de "agresiones verbales y físicas hacia el personal uniformado, una sección de la unidad (militar) fue retenida de manera ilegal y fue conducida con dirección hacia Puerto Cachicamo", en el departamento de Guaviare, señaló el Ejército en un comunicado.
Agregó que las unidades militares "fueron asediadas por un grupo de personas de la comunidad, quienes exigían el retiro de las unidades de la zona".
La institución no precisó si en el hecho participaron indígenas o disidencias de las FARC, que hacen presencia en la zona y adelantan un cese al fuego como parte de negociaciones de paz el gobierno.
El incidente ocurrió en el amazónico municipio, capital del departamento, donde habitan comunidades nativas y campesinas, y que ha sido históricamente golpeado por la violencia.
El Ejército consideró que la retención de los militares obstruye el trabajo de cara a los comicios de la próxima semana, en los que unos 39 millones de colombianos están habilitados para elegir alcaldes, concejales, gobernadores y diputados de asambleas regionales para el periodo 2024-2027.
Esos comicios coinciden con negociaciones de paz entre el gobierno izquierdista del presidente Gustavo Petro y algunos grupos armados para intentar desactivar seis décadas de conflicto.
El Ejército pidió convocar un consejo de seguridad extraordinario para establecer las acciones con mira a "recuperar sano y salvo al personal militar" retenido.
San José de Guaviare está rodeado de una selva espesa, donde llueve durante 16 horas al día. Además en la Amazonia colombiana hay presencia de rebeldes que se apartaron del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno en 2016.
Los comicios se han visto empañados por el aumento de la violencia electoral, ejercida especialmente por disidentes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz, la mayor banda narco del país conocida como Clan del Golfo y la guerrilla del ELN.
La Defensoría del Pueblo colombiana registró hasta septiembre 323 casos de violencia electoral contra sedes políticas, candidatos, votantes, entre otras víctimas.
FUENTE: REDACCIÓN/ Con información de AFP