En el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, estuvieron el presidente colombiano, Gustavo Petro; el registrador nacional (entidad que organiza las elecciones), Hernán Penagos; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y otras autoridades.
Las autoridades asistentes al acto coincidieron en hacer un llamado a que en el país haya "paz electoral" y a que se respeten los resultados, ante el manto de duda que ha tendido Petro sobre estas elecciones.
"Hoy el llamado es a la ciudadanía, a que salga a votar con entusiasmo, a que revalide sus principios democráticos", dijo Penagos y agregó que los colombianos deben ser "capaces de resolver pacíficamente" las "diferencias políticas".
Petro, por su parte, pidió a los colombianos "salir a votar como sea, venciendo todo obstáculo, dificultad geográfica o logística", e insinuó que el resultado que acatará será el del escrutinio que hagan los jueces de la república, y no el conteo preliminar de las elecciones.
"A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez", expresó el mandatario.
Las encuestas de intención de voto dan en primer lugar al abogado De la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado en la primera vuelta y tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, senador del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro.
Para estas elecciones están habilitados para votar 41,4 millones de colombianos en 122.016 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación en todo el país.
En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57,88 %, De la Espriella, llamado 'el Tigre' por sus seguidores, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda recibió 9,7 millones (40,98 %).
El Ministerio de Defensa movilizó a 408.000 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para garantizar la seguridad de las elecciones y evitar la interferencia de grupos armados ilegales, principalmente en algunas zonas rurales en las que hay denuncias de amenazas a los votantes y a la población civil en general.
El candidato presidencial colombiano, el derechista Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, y el senador de extrema izquierda Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, de Gustavo Petro.
AFP
Mano de hierro
La plataforma de gobierno de De la Espriella propone una reingeniería profunda del Estado colombiano, articulada sobre dos pilares controvertidos que aún tratan de comprender los más escépticos.
El primero es una doctrina de seguridad de "mano de hierro" que marca una ruptura total con los esfuerzos de paz de las últimas décadas. Su lema es que "la paz no se negocia, se impone" con la fuerza de las armas y las leyes.
La manifestación más polémica de esta visión es su propuesta de "dar de baja" a los criminales que no se sometan a la autoridad, una idea que genera tano aplausos como reproches.
Esta política, que evoca un estado de guerra permanente contra la delincuencia, se complementa con su promesa de eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a la luz del acuerdo con las FARC en 2017, a la que califica como un "bodrio" que garantiza la impunidad.
El segundo pilar es una “terapia de choque económico” de inspiración libertaria. Su propuesta más emblemática es la reducción del tamaño del Estado en un 40%, pues considera que el aparato burocrático es un "elefante blanco" que consume recursos sin generar valor.
Para ejecutar esta reforma de manera expedita, propone un atajo constitucional: la declaratoria de un Estado de Emergencia Económica. Con esta herramienta, busca eludir los procesos legislativos democráticos para tomar decisiones ejecutivas rápidas en materia fiscal, de gasto y de explotación de recursos minero-energéticos.
Su visión es la de un Estado mínimo que desregule la economía para que el sector privado genere riqueza, una filosofía que choca frontalmente con la estructura y las funciones del Estado social de derecho colombiano.
El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, hace un gesto de triunfo mientras vota en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
AFP
Espejo global
La candidatura de De la Espriella no es un fenómeno aislado, sino la adaptación colombiana de una tendencia política global. Él mismo se identifica explícitamente con figuras de la nueva derecha y su proyecto es un modelo híbrido que toma elementos de cada uno.
De Nayib Bukele, presidente de El Salvador, adopta el modelo de seguridad. Tras visitar ese país, respaldó sin fisuras su política de mano dura y encarcelamiento masivo como la única solución viable contra la criminalidad.
De la Espriella promete una versión de esta política, aunque la nacionaliza al afirmar que Colombia ya tuvo su propio "Bukele a la décima potencia": el expresidente Álvaro Uribe, a quien considera su mentor.
La afinidad con Javier Milei, presidente de Argentina, se sitúa en el plano ideológico y estilístico. La propuesta de reducir el Estado en un 40% es el equivalente colombiano al "plan motosierra" de Milei.
Ambos comparten un desprecio por la “casta política tradicional”, un enfoque económico libertario radical y una retórica de confrontación que utiliza la controversia como principal herramienta de comunicación.
De Donald Trump, presidente de Estados Unidos, toma el arquetipo del outsider exitoso y el manual de comunicación nacionalista. Se presenta como un empresario rico que no necesita la política para su sustento, lo que, según él, lo hace inmune a la corrupción.
Su estilo agresivo, centrado en la descalificación del oponente y con un uso intensivo de las redes sociales para eludir a los medios tradicionales, sigue el libreto trumpista.
De esta manera, De la Espriella sintetiza la promesa de orden autoritario de Bukele, la justificación ideológica de Milei para una terapia de choque económica y el manual de Trump para movilizar a una base descontenta.
El candidato presidencial colombiano del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 1 de junio de 2026, un día después de las elecciones presidenciales.
AFP
Confrontación
Una parte fundamental de la identidad pública del precandidato presidencial se define por su relación conflictiva con la prensa. Este enfrentamiento ha escalado al ámbito judicial, donde el abogado ha protagonizado una serie de acciones legales contra periodistas y medios de comunicación que lo investigan o critican.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha documentado un patrón de al menos catorce actuaciones judiciales desde 2018, en su mayoría demandas civiles que buscan cuantiosas indemnizaciones económicas por alegados daños a su buen nombre.
Organizaciones de prensa y expertos califican esta estrategia como un caso paradigmático de "acoso judicial", conocido internacionalmente como SLAPP (Demanda Estratégica contra la Participación Pública).
Casos notorios incluyen los múltiples procesos contra la columnista Cecilia Orozco, la demanda contra el director de La Nueva Prensa, Gonzalo Guillén, e incluso acciones en jurisdicciones extranjeras, como la que interpuso en Florida contra el periodista Daniel Coronell.
Una de las tácticas más controvertidas fue la solicitud de embargo no solo contra los bienes del periodista Ignacio Gómez, sino contra todos sus homónimos en el país, una medida que expertos calificaron como un “claro abuso” del derecho procesal con efecto intimidatorio.
El conflicto de De la Espriella con la prensa se ha desarrollado en un contexto complejo. El ecosistema mediático colombiano se caracteriza por una alta concentración de la propiedad en manos de grandes conglomerados económicos con agendas e intereses políticos definidos.
Esta realidad alimenta una percepción extendida de falta de imparcialidad. En este escenario, figuras como De la Espriella encuentran un terreno fértil para deslegitimar el escrutinio periodístico, aunque existen medios en Colombia que han destapado grandes escándalos y se les percibe como practicantes de una buena prensa.
Al presentarse como una víctima de una “prensa sesgada”, como él lo dice, transforma su batalla legal en una cruzada contra un "establishment" mediático. Su ofensiva judicial, por tanto, se beneficia de un ambiente donde la línea entre el periodismo de fiscalización y la operación política a menudo se percibe como difusa.
FUENTE: Con información de EFE/REDACCIÓN