Un total de 1,414,661 ciudadanos colombianos residentes fuera del país cuentan con la habilitación para ejercer su derecho al sufragio
En Colombia, votantes acuden a las urnas para elegir al nuevo presidente que se definirá en balotaje
AFPBOGOTÁ.- Este lunes 15 de junio comenzó oficialmente el proceso de votación en el exterior para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, jornada en la que se definirá el mandatario para el periodo constitucional 2026-2030 entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Las votaciones en el extranjero se extenderán durante siete días y culminarán el próximo domingo 21 de junio, con un horario de atención diario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, según la hora local de cada territorio, reseña la Revista Semana.
Un total de 1,414,661 ciudadanos colombianos residentes fuera del país cuentan con la habilitación para ejercer su derecho al sufragio, población integrada por 777,343 mujeres y 637,318 hombres. Para atender el flujo de votantes, la organización programó la apertura de 1,489 mesas entre los días lunes y sábado, cifra que aumentará a 2,181 mesas durante la jornada de clausura dominical. Toda la infraestructura electoral se encuentra distribuida en 253 puestos de votación localizados a lo largo de 67 países.
La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que el único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía original, la cual puede presentarse tanto en su formato físico de hologramas amarillos como en su versión digital oficial. La entidad aclaró que no se admitirán pasaportes, contraseñas de trámite ni libretas militares para este fin.
Con el objetivo de blindar el proceso en los puntos con mayor concentración de votantes, la organización electoral envió a 65 delegados para que vigilen el desarrollo de los comicios y el posterior escrutinio.
Esta medida priorizó destinos estratégicos, puesto que Estados Unidos y España concentran aproximadamente el 53% del censo electoral en el exterior, seguidos por Venezuela con un 13% y naciones como Chile, Ecuador, Canadá y México que promedian un 8% de participación. Adicionalmente, el registrador nacional Hernán Penagos confirmó el despliegue de misiones de auditoría internacional en cerca de 20 puestos de votación claves en Latinoamérica, Madrid y Francia para asegurar la legitimidad del certamen.
El escenario electoral en Colombia sumó un capítulo de alta tensión tras las declaraciones del candidato presidencial a la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella. Durante una transmisión en vivo, el aspirante y reconocido abogado denunció la existencia de una supuesta estrategia de compra de sufragios en los departamentos de la región Caribe.
Según sus señalamientos, “estas maniobras buscan beneficiar de manera irregular a la campaña del también candidato Iván Cepeda”, mediante alianzas con sectores tradicionales de la política regional.
Entre las penalizaciones mencionadas por el litigante figuran el retiro de visados estadounidenses y la posible inclusión de los implicados en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), reseña la Revista Semana.
El listado original entregado por el candidato contenía veintitrés nombres de figuras públicas con notable influencia en la costa norte colombiana. No obstante, horas después de su intervención, el propio candidato recurrió a su cuenta en la red social X para ampliar el grupo con tres identidades adicionales. De acuerdo con sus afirmaciones, una fuente de alto nivel dentro del gobierno norteamericano le suministró esos últimos datos, completando un grupo de veintiséis señalados que abarca desde congresistas en ejercicio hasta empresarios y exmandatarios locales.
La distribución geográfica de los vinculados por la denuncia detalla un fuerte arraigo en las estructuras de poder del litoral atlántico. En zonas clave como los departamentos de Atlántico y Magdalena se concentra la mayor cantidad de menciones, donde figuran líderes de movimientos alternativos y clanes familiares tradicionales. De igual forma, las acusaciones salpican a redes políticas en Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira, abarcando a exsenadores condenados por la justicia y a funcionarios con roles activos en la administración pública.
FUENTE: Con información de Revista Semana
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