La DEA dejó claro que EEUU no se detiene ante el crimen organizado. El exmandatario Hernández, sentenciado a 40 años, tiene una deuda pendiente por corrupción
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, durante su intervención en la ceremonia de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP26 en Glasgow, Escocia, el lunes 1 de noviembre de 2021.
ARCHIVO APMIAMI. - La Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022, a 45 años de prisión por conspirar para importar cocaína a EEUU y poseer armas de fuego, entre otros cargos.
El dirigente del Partido Nacional, conocido en su país como JOH, pasó el 26 de junio a engrosar la lista de los exmandatarios latinoamericanos condenados por delitos relacionados con el narcotráfico. La sentencia impuesta a Hernández incluye también cinco años de libertad supervisada y una multa de 8 millones de dólares.
Será el segundo expresidente de Honduras y el cuarto de Centroamérica que cumplirá prisión en EEUU. Anteriormente, el expresidente Rafael Callejas Romero (1990-1994), quien falleció en 2020, fue sometido a la justicia estadounidense por las corruptelas cuando estuvo al frente de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras.
Hernández tiene hasta el 8 de julio para apelar la decisión. “No creo que haya una reducción de la pena, queremos que haya un nuevo juicio. El expresidente considera que en un nuevo proceso sería declarado inocente”, dijo su abogado, Renato Stabile.
“Soy inocente, no culpable, por lo que me han acusado en este juicio. Fui acusado y condenado de manera injusta e indebidamente. Esta es la oportunidad de explicar a Honduras, a Estados Unidos y al mundo el atropello del que he sido objeto, al igual que mi familia, el equipo de gobierno y la soberanía de Honduras por esta conspiración en mi contra”, argumentó JOH en una carta enviada al juez Kevin Castel.
Según el jurado, el expresidente hondureño convirtió a su país en “un narcoestado”, mientras ofrecía la imagen de que cooperaba en la guerra contra el narcotráfico. JOH, de 55 años, fue detenido en febrero de 2022 y extraditado a Estados Unidos en abril del mismo año.
“Para Honduras hay una sensación de que hay justicia. No obstante, sí hay una percepción de que es una justicia parcial, porque no recibió la condena que debió haber recibido luego de que se abordara tanto en su juicio como en el de su hermano, Juan Antonio Hernández, su participación en la instauración de este narcoestado”, señala Nincy Perdomo, investigadora del Laboratorio Ciudadano Honduras.
En 2021, el diputado Juan Antonio, Tony, Hernández fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en la corte del distrito sur de Nueva York. Durante el juicio, se le expuso como intermediario entre el poder político y el poder criminal en Honduras durante 12 años. Esta misma sentencia fue la que inicialmente se solicitó contra el expresidente.
“Para toda la familia, la noticia que se espera de Nueva York será dolorosa. ¿Y qué más se puede decir de un juicio en el que el testimonio del principal "cooperador" de los fiscales ahora queda expuesto por las grabaciones secretas de la propia DEA como una mentira?”, respondió el entonces presidente Juan Orlando Hernández.
La investigadora Perdomo puntualiza que la condena del exmandatario es un mensaje para la clase política de que, aunque en Honduras, no se recibe una condena, en otro país podrían recibirla. Refiere que también uno de los hijos del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, Fabio Lobo, fue condenado por EEUU por narcotráfico en 2017 y fungió como testigo en el caso de Hernández.
“Hay que recordar que la presidente Lobo es el que permite a Juan Orlando Hernández asumir la presidencia del Congreso Nacional y luego lanzarse como candidato presidencial e incluso repetir un mandato. Allí es cuando se empieza a hablar sobre como el narcotráfico incide en la política, incluso se menciona al hermano del expresidente Lobo, Ramón Lobo, como una persona que está involucrada”, asevera.
La también comunicadora hondureña afirma que una de las razones por las que se establece el narcoestado es el tema electoral.
“Una de las cosas que se estableció durante el juicio es que Hernández recibió una cantidad importante de dinero proveniente de narcotráfico para ser usado en la campaña electoral. En 2016 se aprobó la Unidad de Fiscalización y Transparencia de partidos políticos y campañas electorales conocida como la unidad de política limpia con el objetivo de evitar que estos fondos ingresen en las campañas”, señala.
No obstante, dice, la unidad no tiene las atribuciones y la fuerza para cumplir con su cometido.
A JOH se le acusó de participar desde 2004 hasta 2022 en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Se señaló que recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el Ejército para sustentar organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros países.
Arnold Burgos, periodista hondureño del canal HCH, indica que para su país es verdaderamente preocupante la condena contra el expresidente. “En temas de sociedad civil, en temas políticos, impacta la situación de que es una muy mala imagen de nuestro país; los políticos del Partido Nacional, la organización de Hernández, lamentan lo que está ocurriendo, pero se lavan las manos asegurando que fue juzgado como una persona natural y no como un instituto político, dejándolo prácticamente solo”.
Agrega que el partido Libertad y Refundación de la presidenta Xiomara Castro aprovecha para arreciar ataques contra el Partido Nacional argumentado “que los políticos se convirtieron en narcos y narcos en políticos los que gobernaron los últimos 12 años”.
El expresidente fue detenido pocos días después de culminar su segundo mandato en 2022.
Tras su aprehensión, Anne Milgram, administradora de la DEA, señaló que las investigaciones de varios años revelaron que Juan Orlando Hernández “fue una figura central en una de las mayores y más violentas conspiraciones de tráfico de cocaína del mundo. Hernández usó las ganancias del narcotráfico para financiar su ascenso político y, una vez elegido presidente, aprovechó los recursos policiales, militares y financieros del gobierno de Honduras para promover su plan de narcotráfico”.
Milgram sostuvo que este caso “debería enviar un mensaje, a todos los líderes políticos del mundo que comercian con posiciones de influencia para fomentar el crimen organizado transnacional, de que la DEA no se detendrá ante nada para investigar estos casos y desmantelar las organizaciones de narcotraficantes que amenazan la seguridad y la salud del pueblo estadounidense”.
En 1992, el general Manuel Antonio Noriega, dictador de Panamá entre 1983 y 1989, fue condenado a 40 años de cárcel tras ser acusado por delitos vinculados con el narcotráfico y lavado de dinero.
Por su parte, Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá (2009-2014), fue sentenciado a más de 10 años de prisión por blanqueo y está asilado en la Embajada de Nicaragua, El exmandatario guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004) cumplió condena en Estados Unidos de 70 meses por lavado de dinero luego de ser extraditado en 2013.
“El caso de Hernández es algo que los políticos están analizando. Se sabe que Estados Unidos actúa cuando un político deja de estar en el poder y es acusado de este tipo de delitos”, expresa Nincy Perdomo, investigadora del Laboratorio Ciudadano Honduras.
Agrega que esta situación podría extenderse a países donde sus presidentes “han permanecido largo tiempo en el poder precisamente por no quieren enfrentar juicios ya sea en su mismo país o en el exterior, y uno de esos casos es Nicaragua”.
En el caso de Venezuela, en marzo de 2020, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció la presentación de cargos criminales por narcotráfico contra Nicolás Maduro. El funcionario dijo que la denuncia incluye cargos de lavado de dinero. EEUU ofreció una recompensa de US$15 millones por la captura de Maduro, quien el 28 de julio aspirará un tercer mandato.
Para el periodista Arnold Burgos, el expresidente Juan Orlando Hernández ha sido utilizado “como un trofeo de la justicia estadounidense para mandar un mensaje claro a toda Latinoamérica de que no importa el puesto de alguien, si tienen un acuerdo de extradición va a lograr llevarse a todos estos exmandatarios. Hernández apoyó sistemas de extradición sin saber que él y su hermano eran los primeros a los que se les iba a aplicar la medida”.
Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández y precandidata presidencial por el Partido Nacional, recorre Honduras con sus hijas y replica la frase dicha por el exmandatario ante la Corte de Nueva York: “Díganle al mundo que soy inocente”.
García dijo al periodista Arnold Burgos que le dolió que dijeran que “mi esposo le hizo daño a Estados Unidos, cuando luchó contra el narcotráfico”. Calificó la condena como “injusta y torcida”.
@snederr
FUENTE: AFP / La Tribuna / La Prensa
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