El veredicto se produjo al final de un juicio en un tribunal de la ciudad de Doha (capital de Catar) en el que, según Naciones Unidas, al colombiano no se le permitió el derecho a la defensa ni gozó de un traductor todo el tiempo para comunicarse con el tribunal que lo declaró culpable.
El salto múltiple ocurrirá el próximo 22 de marzo, en la población colombiana de Flandes, departamento de Tolima, centro andino del país.
El infortunio del colombiano, graduado en Administración de Negocios en la Universidad de Buckingham, Inglaterra, comenzó en 2010 cuando trabajaba para el Ministerio del Interior catarí como instructor de paracaidismo.
Iragorri pertenece a una de las familias más tradicionales de Colombia, originaria de la ciudad colonial de Popayán.
Todo comenzó cuando Juan Pablo empezó a ser acosado por un ciudadano de Catar que se identificó como trabajador de un grupo de traficantes de drogas, contó en Colombia su hermano, Mauricio Iragorri, en diálogo con DIARIO LAS AMÉRICAS.
“Fue estigmatizado por ser colombiano y le pedían traficar [con] drogas. Obviamente, Juan Pablo le dijo que no, pero el hombre siguió acosándolo y en un momento lo trataron de sobornar y amenazar, y le dijeron que iba a tener problemas”, relató el hermano.Llegó el tiempo de sus vacaciones y Juan Pablo quiso viajar a Austria, donde tiene fijada su residencia, con el objeto de reunirse con su familia. No obstante, el Gobierno de Catar le impidió salir y le bloquó su visa. Catar y Arabia Saudita son los únicos países del Golfo Pérsico que exigen permiso de salida para extranjeros.
En junio de 2011, cuando estaba llegando a su casa, fue arrestado por oficiales que no vestían uniforme, no se identificaron ni exhibieron ninguna orden judicial. Revisaron su carro y sus pertinencias pero no encontraron drogas, narró el hermano.
Luego, fue llevado al Hotel Sheraton, de Doha e intimidado con armas de fuego, lo hicieron arrodillarse frente a un cargamento de cocaína y dinero y lo fotografiaron en esas condiciones.
Las torturas
Juan Pablo fue encerrado durante un mes en una celda de un metro por dos, sin ventanas, baño, ducha, ni cama. Posteriormente lo pasaron a otra infestada de hormigas.
“Le ponían las esposas muy apretadas, lo ponían a arrodillar durante horas, lo torturaban, lo amenazaban constantemente con armas de fuego diciéndole que si no cooperaba lo ejecutaban y lo enterraban en el desierto”, prosiguió el hermano.
Juan Pablo también fue usado como intérprete y carnada de la policía en operaciones relacionadas con drogas, aseguró su hermano.
“Bajo tortura, fue obligado a firmar varios documentos en árabe, idioma que desconoce, y un año más tarde se enteró de que los documentos eran confesiones de culpabilidad por narcotráfico”, agregó Mauricio Iragorri.
Varios días después del arresto, amigos de Juan Pablo fueron a una estación de policía para reportar su desaparición y estos recibieron amenazas de arresto. En medio de la angustia, acudieron a los consulados de Colombia en Londres y El Cairo pero tampoco obtuvieron respuesta.
El caso judicial
Llegó el juicio y, de acuerdo con Mauricio y un informe de la ONU sobre el caso, continuaron las violaciones. Desde el principio le negaron un traductor y un abogado. Luego, consiguió un defensor y logró salir bajo fianza a finales de 2011. Para ese momento carecía de ingresos económicos y de un lugar para vivir.
En marzo de 2012 fue arrestado de nuevo y un tribunal acusó a Juan Pablo Iragorri de obtener visas de turistas para facilitar la entrada de drogas al Estado de Catar, recibir y consumir drogas, cambiar de residencia en forma sospechosa y usar dos números telefónicos para llamar a otros acusados del tráfico de drogas.
La parte acusadora adujo tener grabaciones de conversaciones interceptadas, pero nunca las mostró. Además, las audiencias duraban entre cinco y 10 minutos y los testigos nunca comparecieron ante el tribunal de la causa. Nunca hubo evidencia aparte de la fotografía que le fue tomada de rodillas en el Hotel Sheraton y la declaración en árabe (sin traducción al inglés o al español), supuestamente bajo presión.
El cónsul de Colombia de Emiratos Árabes Unidos, Rafael Arismendy, estuvo presente en la mayoría de las audiencias, dado que Colombia no tiene relaciones diplomáticas directas con Catar. Sin embargo, Mauricio Iragorri mostró su descontento con la cancillería y la embajada.
Sin apoyo
“El cónsul de Colombia Arismendy estando presente y viendo todas estas irregularidades, nunca defendió a Juan Pablo” alegó Mauricio Iragorri. “Ellos dicen que está por fuera de su función, pero para qué sirve la cancillería en un país, ¿para estar sentada y no tomar ningún tipo de acción?”.
Finalmente, Juan Pablo fue condenado a cadena perpetua, en diciembre de 2012. La decisión fue apelada por su abogado Najeeb al Nauimi con pruebas como las versiones virtualmente inconsistentes de los oficiales de la Policía que lo arrestaron. La corte de apelaciones no aceptó ninguna de las pruebas pedidas por el acusado y ratificó la condena, en noviembre de 2013.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un oficio en febrero de 2014, dirigido al Gobierno de Doha, para llamar la atención sobre el arresto, detención, juicio y encarcelamiento de Juan Pablo Iragorri. El Gobierno de Qatar, por su parte, no ha emitido ninguna respuesta a esta comunicación.
La carta de las Naciones Unidas fue firmada por los relatores de Detención Arbitraria, Derechos Humanos de Inmigrantes, Tortura y castigo cruel inhumano o degradante, y la relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados.
Esta periodista pidió a la Cancillería colombiana un reporte sobre el caso de Juan Pablo Iragorri y la respuesta consistió en asegurar que ese ministerio siempre ha estado pendiente no solo del proceso de Iragorri, sino de otros cuatro colombianos condenados en Catar por narcotráfico. No obstante, esa atención solamente se produjo después de la carta de la ONU a Qatar, en abril de 2012.
La cancillería aclaró en Bogotá que los funcionarios consulares no pueden actuar como representantes judiciales y/o apoderados de ninguna persona connacional ante los jueces y tribunales extranjeros.
Contrario a lo que dice la cancillería, el hermano de Iragorri le pidió a ese ministerio revisar y hacerse cargo de la situación.
“La cancillería no pelea por los derechos de sus connacionales, no hace nada, son puestos que dan de favores políticos para que la gente vaya y esté de vacaciones”, sostuvo.
La familia de Iragorri le pidió a la cancillería colombiana tramitar la repatriación del preso, lo que no puede ocurrir sin que sea autorizado por el Gobierno de Catar.
Producto de esta situación, la Defensoría del Pueblo (entidad defensora de los derechos humanos en Colombia) envió un comunicado a la cancillería en solicitud de un informe detallado de las actividades realizadas con respecto al caso y la exhortó a agotar las medidas diplomáticas a fin de evitar una injusticia y garantizar los derechos de Iragorri.
Falta de garantías
El abogado penalista colombiano Carlos Toro declaró que en el caso se puede ver una clara violación a las garantías fundamentales al debido proceso. Aseguró que Colombia, a través de la cancillería, tiene la obligación de proteger a sus connacionales, no importa las circunstancias que hayan rodeado su caso. También debe exigir que se les respeten los derechos que le hayan sido vulnerados.
“Si esas garantías no se reconocieron en el proceso, el proceso estaría viciado de nulidad y deben existir mecanismos en el derecho interno de ese país para que esa situación desde el punto de vista jurídico se remedie”, afirmó.
Las redes sociales se han saturado de mensajes de descontento y rechazo a la supuesta injusticia cometida con Iragorri.
El reconocido periodista colombiano Gustavo Gómez dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que conoció a Juan Pablo Iragorri hace más de 15 años, quien ya era uno de los instructores de paracaidismo más respetados del país.
“Salté con él, me dio confianza, es muy bueno en lo que hace y en todas partes le iba muy bien porque el tipo es una decencia absoluta, el típico buen hijo de familia y enamorado del paracaidismo”, expresó el periodista Gustavo Gómez.
Por su parte, el congresista Rodrigo Lara Restrepo, amigo personal y compañero de estudio de Iragorri desde la infancia, consideró que en el proceso y en el juicio hubo serias irregularidades.
Cuando ejercía el cargo de ministro de Justicia de Colombia, el padre de Lara Restrepo (Rodrigo Lara Bonilla) fue asesinado en los años 80. El funcionario encabezó la primera gran avanzada contra los carteles de las drogas y, entre otros éxitos, logró destruir “Tranquilandia”, el laboratorio de cocaína más grande que ha existido.
Lara Restrepo dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que considera que su amigo Iragorri no tiene nada que ver con el delito por el que fue condenado en Qatar, y estima que si hubiera tenido derecho a la defensa habría podido demostrar su inocencia.
Catar es conocido por violar con frecuencia los derechos de los trabajadores inmigrantes al punto de ser considerados como esclavos. Así lo indicó un estudio de Human Rights Watch según el cual ese país tiene una de las leyes de defensa para los acusados más restrictivas de la región del Golfo Pérsico, ya que los trabajadores no pueden cambiar de trabajo sin el permiso de sus empleadores.
Los trabajadores son sometidos a detenciones arbitrarias, retención de pagos, abusos, deducciones salariales ilegales, el hacinamiento y la insalubridad de los campos de trabajo.
