El director de la ANPDH, Álvaro Leiva, dijo que el informe incluye el periodo del 18 de abril al 14 de junio. Las estadísticas de la represión registran un saldo de más de 1.000 heridos, más de 80 desaparecidos, y decenas de presos políticos.
El activista de derechos humanos valoró que el país se enfrenta a una profunda crisis de violación a los derechos humanos en Nicaragua por parte del estado de Nicaragua, “que no demuestra voluntad política de mejorar la situación de derechos humanos”, aseveró.
La grave crisis a los derechos humanos es una situación que la ANPDH viene denunciando desde la llegada de Ortega al poder en enero de 2007. “En Nicaragua existe un gobierno que no tiene la más mínima conciencia sobre el respeto al derecho a la vida, de tutelarlo como un derecho humano fundamental. El gobierno ha generado, dolor, sangre y luto en la sociedad nicaragüense, que con su derecho a la protesta pacífica ha recibido como respuesta represión y asesinatos”, señaló.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dictó recientemente medidas cautelares a favor de Leiva y del padre Edwin Román, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel, en la ciudad de Masaya. Ambos han recibido amenazas de grupos afines al régimen sandinista por defender los derechos humanos, fundamentalmente de la población de Masaya, una de las ciudades más afectadas por la represión de la Policía Nacional y los grupos paramilitares del gobierno.
El próximo 18 de junio se cumplen dos meses de protestas. La política de terror implementada por el régimen de Ortega, lejos de apaciguar las demandas de los nicaragüenses ha elevado el nivel de las protestas creando tranques y barricadas en todo el país para defenderse de la represión del gobierno.
Al menos en tres delegaciones de la Policía Nacional, en la ciudades de Masaya, Granada y Nagarote, los oficiales permanecen arrinconados en sus delegaciones, entre ellos, el subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Ramón Avellán, jefe de la Policía de Masaya.
Grupos armados
El gobierno es señalado de armar con fusiles de guerra y revólveres a grupos de la Juventud Sandinista, quienes se desplazan en camionetas Hilux, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional.
“Evidentemente que eso ha deslegitimado y ha hecho que la población pierda la confianza en las fuerzas policiales que avala y respalda a grupos ilegales que actúan al margen de la Ley, que se dedican a sembrar el terror y el miedo en el ciudadano que ejercita su protesta cívica y pacífica como un derecho humano y que ha dicho basta a este gobierno a fin de restituir prontamente la institucionalidad, la democracia y el respeto a los derechos humanos”.
La mayoría de las personas asesinadas eran jóvenes, la lista preliminar incluye seis menores de edad cuyas edades oscilan entre los 12 y 16 años.
“Las muertes han tenido como un común denominador disparos de francotiradores de la Policía Nacional”, dijo Leiva. La mayoría presentan disparos en la cabeza, cuello y el tórax, en áreas vitales.
Sanciones
Mientras el régimen de Daniel Ortega incrementa la represión, el gobierno de Estados Unidos ha iniciado el proceso de sanciones contra funcionarios del gobierno nicaragüense.
Una de las primeras medidas adoptadas es la revocación de visas a jefes policiales, alcaldes y funcionarios de salud que han impedido se atiendan en los hospitales públicos a los heridos durante las protestas.
El senador Bob Menéndez, el miembro de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, ha presentado una iniciativa de Ley contra funcionarios del gobierno de Ortega, que han participado en crímenes y violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Nicaragua, que iniciaron el 18 de abril pasado.
La iniciativa legislativa fue incluida en un proyecto de enmienda a la Ley National Defense Authorization Act (NDAA), (Ley de Autorización de Defensa Nacional).
El proyecto de Ley copatrocinado por otros cinco senadores, los republicanos Marco Rubio y Ted Cruz; y los demócratas, Bill Nelson, Dick Durbin y Jim Inohfe, no fue aprobada para incluir en la enmienda a la NDAA, que será discutida la próxima semana sin ninguna otra modificación.
La oficina del senador Menéndez informó que la propuesta no fue tomada en cuenta por los republicanos pero que el legislador seguirá buscando formas de presentar la propuesta legislativa ya sea como enmienda u otros vehículos legislativos o como un proyecto de ley por sí solo.
Las sanciones establecen el bloqueo de activos, prohibición de transacciones de propiedades en los Estados Unidos, suspensión o denegación de visados.
La iniciativa establece que a más tardar un año después de la fecha de promulgación de la Ley, el Secretario de Estado deberá presentar a los comités apropiados en el Congreso un informe anual que certifique que el Gobierno de Nicaragua está tomando ocho pasos efectivos: Fortalecimiento del estado de derecho y la gobernanza democrática, incluida la independencia del poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral (CSE); combatir la corrupción, incluidos agentes de investigación, fiscales y funcionarios de gobierno que son presuntamente corruptos; proteger los derechos de la oposición política, los partidos, a periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y activistas de la sociedad civil para operar sin interferencias.
El proyecto de Ley indica que si el gobierno de Nicaragua, cumple con los pasos adecuados establecidos en la legislación, el Presidente estadounidense puede otorgar un waiver (perdón) y enviaría a los Comités en el Congreso un aviso y la justificación de la medida.
Por otro lado, un grupo de nicaragüense-americanos han solicitado al Departamento del Tesoro designe sanciones a través de la Ley Global Magnitsky Act, a 32 personas vinculadas al régimen del designado presidente Daniel Ortega, por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
La lista incluye a familiares de Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, presidente y vicepresidente de Nicaragua. respectivamente. En la lista estarían incluidos siete de los nueve hijos de Ortega y Murillo, igualmente los funcionarios más cercanos que ocupan altos cargos en los poderes del estado, y colaboracionistas del régimen sandinista.
