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MIAMI.- Dos primeros reclamantes presentaron demandas contra la compañía de cruceros Carnival en la corte federal en Miami tras la entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton.

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Se presentaron ante la prensa el médico Javier García-Bengochea, quien reclama a Carnival por utilizar la terminal portuaria de Santiago de Cuba, confiscada a su familia a principio de los años 1960, y Mickael Behn, heredero de Havana Docks Corp., dueña de la terminal de cruceros en el Puerto de La Habana.

Activación

Como se ha informado, una decisión adoptada por el presidente Donald Trump permite desde el 2 de mayo demandar en tribunales de Estados Unidos tanto a individuos y compañías cubanas, mencionadas en la Lista Restringida de Cuba, como a empresas extranjeras que hayan o estén traficando en propiedades confiscadas sin compensación alguna en la isla.

García Bengochea, que emigró a Estados Unidos hace 59 años, dijo: “Somos los primeros en anunciar demandas en virtud de la ley Helms-Burton contra Carnival”. Por su parte, Behn, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, señaló: “En la década de 1960, los hermanos Castro y sus amigos del Partido Comunista robaron la propiedad de mi abuelo y ahora finalmente podemos obtener justicia después de 60 años”.

Las primeras demandas contra Carnival Cruise Lines, que tiene su sede principal en Miami, fueron instauradas a las 00H01 del jueves anterior, en el mismo minuto en que quedó habilitada la norma por parte del Gobierno de Donald Trump, el pasado el 17 de abril, una determinación que causó “júbilo” especialmente entre el exilio cubano en Miami.

Las querellas iniciales tienen como objetivo “reparaciones económicas” por el usufructo de los puertos de Santiago de Cuba y de La Habana, tal como se puede leer en los documentos radicados en la corte. El monto que reclaman García Bengoechea y Behn, de acuerdo con sus abogados, podría ascender a “decenas de millones de dólares”.

De acuerdo con García Bengoechea, la compañía Carnival fue la “primera línea de cruceros en beneficiarse de nuestra propiedad robada, por lo que merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados bajo esta ley”. Al momento de publicar esta nota la compañía de cruceros no había hecho alguna declaración al respecto.

Cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos indican que existen alrededor de 200.000 reclamaciones de cubanoamericanos que afirman que sus bienes fueron confiscados por el régimen castrista, al tiempo que 6.000 de esos casos ya han sido “certificados”.

Reacciones

Por su parte, el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez-Boronat, quien también acompañó a los demandantes en la corte, afirmó que “a partir de ahora ninguna compañía que trafique con propiedades robadas quedará por encima de la ley estadounidense".

“Creo que hoy es un día en el que la ley se hace contar, el derecho se hace contar y se da una manifestación de que los norteamericanos y cubanoamericanos pueden acudir a una ley para hacer sus reclamos legales por el robo de propiedades en Cuba”, agregó.

Otra de las voces que se sumó a la “celebración” frente a las primeras demandas que se derivan de la activación del Título III es la de Silvia Iriondo, presidenta de la organización M.A.R por Cuba, para quien “el 2 de mayo es un día histórico en nuestra causa común por la libertad de isla”.

Añadió que “muchas propiedades están siendo usadas por empresas comerciales en contubernio con el régimen cubano” y puntualizó que “como cubana puedo manifestar que esta es una gran victoria para nuestro exilio, para la Asamblea de la Resistencia Cubana y muchas personas que han puesto su granito de arena para que esto se convirtiera en realidad”.

Horas más tarde, la Unión Europea (UE), cuyos países miembros operan algunas de las propiedades reclamadas, lamentó la aplicación de la citada ley por considerarla “contraria al Derecho Internacional” y anunció que recurrirá a “todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias, incluidos sus derechos en la Organización Mundial del Comercio y el uso del Estatuto de Bloqueo de la UE”.

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