LA HABANA.- El régimen Cuba podría disponer en abril de otra herramienta legal represiva para enviar a la cárcel, hasta por diez años, a quienes reciban fondos o financien lo que las autoridades consideren "actividades contra el Estado y su orden constitucional".

Se trata de un artículo que no estaba contemplado en el Código Penal y que corresponde al Capítulo V, titulado "Otros actos contra la seguridad del Estado", reseña el portal web Diario de Cuba

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El Artículo 143 del anteproyecto del nuevo Código Penal, que dio a conocer en su página web el Tribunal Supremo Popular, establece que: "Quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años".

De ser aprobado el nuevo Código Penal, el régimen de Cuba tendría otro recurso para encarcelar a activistas, periodistas independientes y otras voces disidentes, a quienes descalifica constantemente utilizando el argumento del financiamiento extranjero.

"La filantropía y el financiamiento a organizaciones e individuos que pretenden desarrollar labores lícitas no es considerado delito en la mayor parte del mundo. Al contrario, la aplicación a fondos públicos o privados, nacionales o extranjeros es una forma muy común de sostener actividades tan diversas como la promoción de los derechos humanos o la investigación científica. Sobre lo que sí existe bastante consenso es en torno a la necesidad y pertinencia de prohibir el financiamiento extranjero a partidos políticos y organizaciones terroristas", señaló el abogado cubano Eloy Viera Cañive en un artículo en la revista independiente El Toque.

"Es improbable que alguien pueda sostener que el Partido Comunista de Cuba mantiene toda su estructura e influencia solo con las aportaciones de sus afiliados. Es un hecho que algunas de las organizaciones de la oficialmente denominada 'sociedad civil socialista' también utilizan fondos públicos y financiamiento externo para sostener su labor", añadió.

El financiamiento y otorgamiento de fondos ha sido la justificación utilizada por el régimen de Cuba y sus defensores para estigmatizar y reprimir ejercicios legítimos de derechos humanos básicos como la libertad de expresión o la libertad de asociación.

Para Viera Cañive, la propuesta de artículo 143 del futuro Código Penal "deja claro que al poder cubano le da igual de dónde venga el dinero. Lo que le importa es si consideran o no la actividad financiada como un atentado al Estado y a su orden constitucional".

La nueva herramienta legal emplea términos genéricos que profundizan la inseguridad jurídica y que permitirían a las autoridades de la dictadura considerar como financiamiento y entrega de fondos hasta la más simple muestra de apoyo o el rol de los periodistas independientes.

"El nuevo delito propuesto utiliza verbos generales como apoyar, financiar, fomentar y proveer para determinar la responsabilidad del financista. Al mismo tiempo, considera responsable de ser un financiado —también punible— a quien reciba o posea fondos o recursos materiales o financieros", destacó Viera Cañive.

El uso de esos términos generales posibilitará que las autoridades cubanas incluyan en esa modalidad delictiva a todas las formas de financiamiento que consideren molestas para sus intereses, incluidas las más insignificantes.

Si el artículo 143 del anteproyecto se incorpora al futuro Código Penal, uno de sus blancos más evidentes será el periodismo independiente, objetivo priorizado de la maquinaria represiva del régimen.

Los periodistas independientes cubanos son rutinariamente acosados por la Seguridad del Estado y catalogados por las autoridades como "mercenarios". Sin embargo, no se les han imputado delitos relacionados con el ejercicio de su labor, excepto en los casos en los que han sido acusados de usurpación de funciones (el régimen solo reconoce la capacidad para actuar como periodistas a los empleados de la prensa estatal).

Para encarcelar a periodistas independientes en los últimos meses, el régimen ha utilizado delitos comunes como la resistencia o el desorden público.

El anteproyecto cubano emula leyes dictadas por regímenes aliados como el de Nicaragua, que se ha armado de mecanismos legales para controlar a las organizaciones no gubernamentales, periodistas y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero en Nicaragua, directa o indirectamente, de otros gobiernos o asociaciones extranjeras. También ha ido ahogando a numerosos medios digitales críticos.

FUENTE: DIARIO DE CUBA

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