En un país afectado por una bestial crisis multisistémica, servicios básicos colapsados y una terrible inflación que ha condenado al 89% de los cubanos a vivir en la pobreza, llama la atención los cuantiosos recursos que deroga el régimen para mantener engrasada su maquinaria represiva.
Mientras la mayoría de los ciudadanos comen poco y mal o pasan hambre, la dictadura destina casi el 35 por ciento del presupuesto estatal a la construcción de hoteles cuyo dueño es la empresa militar GAESA. Un auténtico gobierno paralelo en la sombra. Nadie controla al emporio verde olivo. Y es un secreto de Estado a dónde van a parar sus enormes beneficios.
Analistas coinciden en que una parte importante de los dólares que envía la emigración cubana se invierte en el aparato represivo. Y no es poco el dinero. En los años de vacas gordas o durante el deshielo de la administración Obama, se estima que solo en remesas familiares GAESA ingresó más de 3.000 millones de dólares. Con la exportación de servicios médicos, donde el régimen se apropia del 70 por ciento de los salarios de sus cooperantes, la cifra fluctuó entre 11.000 millones de dólares y unos 4.000 millones anuales en el período comprendido de 2010 a la fecha.
Recursos para reprimir
Mientras en Cuba han muerto personas por déficit de medicamentos o falta de ambulancias, las autoridades gastan cientos de millones de dólares en adquirir autos policiales, drones de alta tecnología y equipos para reprimir al pueblo. Durante las protestas del domingo 11 de julio de 2021, las tropas élites de boinas negras utilizaron balas plásticas y perdigones, movilizaron camiones cisterna con poderosos chorros de agua y novedoso armamento de contención.
Un vecino de la barriada pobre de La Güinera, al sur de La Habana, recuerda el uso de helicópteros, drones y una brigada antimotines para reprimir a las personas que salieron a gritar libertad el lunes 12 de julio de 2021 en el poblado.
La represión en Cuba es sistemática y funciona como un reloj suizo. La dictadura ha sabido reducir a sus oponentes, bien con pelotones de fusilamientos en los primeros años de la llegada al poder de Fidel Castro en enero de 1959; con largas condenas de prisión o desterrando a sus enemigos políticos el régimen castrista derrotó a la oposición armada. Pero no ha podido aniquilar a la oposición pacífica. El 28 de enero de 1976, Ricardo Bofill Pagés, quien había sido comunista y profesor universitario, fundó el Comité Cubano Pro Derechos Humanos junto a Edmigio Castillo y Marta Frayde.
La periodista independiente Tania Díaz Castro, fallecida en febrero de 2024, recordaba que Ricardo Bofill y Armando Valladares “fueron piezas clave para que las violaciones de los derechos humanos fueran conocidas en el mundo. Ellos, y otros, plantaron la semilla que luego ha germinado en cientos de periodistas, activistas y grupos independientes de la sociedad civil cubana”.
El castrismo no ha cambiado su absurdo sistema, aún mantiene la disfuncional economía planificada de corte soviético y siguen vigentes tácticas represivas contra la disidencia como los actos de repudio (linchamientos verbales de corte fascista), despidos laborales y denigrar la reputación del oponente.
Los disidentes en la Isla son monedas de cambio. La dictadura siempre ha mantenido cautivos a cientos de opositores en los húmedos calabozos de la Cuba profunda como rehenes, con la intención de negociar su libertad con un gobierno democrático a cambio de favores políticos o económicos.
Pero el panorama cambió con la llegada de internet al país en el verano de 2014. Hasta esa fecha la disidencia, acosada por la policía política, no contaba con poder de convocatoria que le permitiera movilizar a miles de personas, no podía acceder a medios locales y sus programas políticos era desconocidos por la mayoría de la ciudadanía. Ahora, cualquier ciudadano sube un video en Facebook o en X, denunciando a las instituciones del gobierno y los abusos policiales.
Se movilizó el enfado
No fue el embargo económico de Estados Unidos contra la dictadura el que movilizó ese enfado. No. Fue la inoperancia del gobierno en la administración de los servicios públicos, la obsoleta narrativa, la corrupción institucional, la falta de transparencia y los deseos de un cambio democrático. A pesar del riguroso adoctrinamiento, muchos de los que se tiraron a la calle el 11J no solo reclamaban mejores servicios básicos, también gritaban libertad y democracia.
El 11 de julio de 2021 marcó un antes y un después en la lucha pacífica contra el castrismo. Ya la oposición no son cientos de personas. La disidencia ciudadana se cuenta por millones. Es cierto que impera el miedo y algunos analistas consideran que sin liderazgo o una hoja de ruta será imposible derrocar a lo que queda del castrismo.
Sin la careta
No lo creo así. En este nuevo escenario, el régimen se ha quitado la careta. La represión y sanciones penales también afectan a personas que antes de expresar su descontento no eran activistas, como Mayelín Rodríguez, 23 años, oriunda de Nuevitas, sancionada a 15 años de prisión, y la habanera Sulmira Martínez, también de 23 años, a quien la Fiscalía le pide 10 años de privación libertad.
En 2024, según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, ingresaron a la cárcel 155 nuevos presos políticos. La cifra total es de 1,148. Además, se deben sumar 11.000 condenados por la normativa Desobediencia Penal Precriminal, el nuevo nombre que se le ha dado a la 'peligrosidad predelictiva'.
Casi todos esos 11.000 condenados son jóvenes. "Pero su escasa participación en el llamado proceso revolucionario suele ser considerada por el gobierno como una actitud contrarrevolucionaria, actitud que para las autoridades los predispone a cometer delitos comunes”, opina un abogado independiente.
De acuerdo con cifras de Prisoners Defenders, este año ingresaron a prisión nueve menores de edad. Y otros 33 adolescentes fueron condenados por motivos de conciencia. Entre los reos políticos hay 128 mujeres. Los meses con mayor cantidad de ingresos a cárcel de nuevos presos políticos fueron marzo, con 31, y noviembre con 34. La mayoría fueron sancionados por reclamar alimentos y mejores servicios.
De la oposición histórica se encuentra encarcelado José Daniel Ferrer, líder de la ilegal organización UNPACU, que ya había cumplido 8 años durante la Primavera Negra de 2003. La familia de Ferrer ha denunciado golpizas y tratos degradantes. También, en la prisión de Agüica, Matanzas, se encuentran recluidos desde el 11 de julio de 2021, el veterano disidente Félix Navarro y su hija Sayli Navarro, Dama de Blanco.
En la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, provincia de Artemisa, cumple una sanción de 5 años de privación de libertad el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara. Y en el penal de TacoTaco, Pinar del Río, se encuentra el músico urbano Maykel ‘Osorbo’ Castillo, condenado a 9 años. Ninguno puso una bomba, organizó un ataque terrorista a civiles o intentó un golpe de Estado. A Otero lo castigaron por participar en las protestas pacíficas del 11J y a Osorbo por una supuesta desobediencia civil.
La ilegalidad de las acciones represivos
La prestigiosa organización independiente Cubalex, presidida por la abogada Laritza Diversent, detalla que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 han ocurrido 281 protestas ciudadanas en la Isla. Esto incluye desde protestas masivas en las calles, hasta acciones individuales en el espacio público como carteles, consignas y enfrentamiento a autoridades, entre otras.
Cubalex precisa que en los últimos doce meses han registrado 1.563 denuncias de violaciones de derechos humanos en personas privadas de libertad, tanto individuales como a poblaciones penales de una cárcel en su totalidad. Esas violaciones fueron cometidas contra 668 reclusos, 53 mujeres y 615 hombres. Las más alarmantes violaciones fueron contra Lizandra Góngora, Sayli Navarro, Sulmira Martínez, Roberto Pérez Fonseca, José Daniel Ferrer y Virgilio Mantilla, todos presos políticos.
En lo que va de año han muerto 67 personas que se encontraban bajo custodia estatal (reclusos, soldados del servicio militar y detenidos en estaciones policiales), informa Cubalex. De 2021 a 2024 han fallecido cuatro de los manifestantes del 11J. La metódica represión de la Seguridad del Estado ha causado al menos 250 eventos represivos contra familiares de presos políticos entre marzo de 2023 y junio de 2024.
De las personas que sufrieron hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado, 66 eran mujeres, seis ancianos y cinco menores de edad. La feroz represión ha provocado que al menos 107 manifestantes del 11J optaran por el exilio. Las amenazas de cárcel y el acoso forzaron a más de 200 disidentes, activistas y periodistas independientes a emigrar en los últimos tres años.
Todo indica que en 2025 se mantendrá la represión hacia los ciudadanos que piensan diferente. La buena noticia es que el final del castrismo está cada vez más cerca.
