Las nuevas regulaciones permiten ampliar cadenas de tiendas y restaurantes, aunque los empresarios deberán cumplir requisitos y controles establecidos por el Estado
Hace diez días reabrieron bares y restaurantes en ocho de las 15 provincias de Cuba, incluida La Habana. Habían estado cerrados desde enero a causa de la pandemia.
AFP
El bloqueo petrolero de EEUU a Cuba está lastrando fuertemente al incipiente sector privado de la isla.
EFELA HABANA.– El régimen cubano amplió el marco regulatorio para las actividades comerciales en la isla mediante un nuevo decreto que establece las reglas para el comercio mayorista y minorista y contempla la creación de cadenas de tiendas, restaurantes y redes gastronómicas en todo el país.
La normativa fue emitida por el Ministerio de Comercio Interior (Mincin) y publicada este viernes en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, como parte de un paquete de disposiciones con el que el régimen busca reorganizar y actualizar las normas que regulan el comercio interno.
La medida llega en medio de una profunda crisis económica, caracterizada por la escasez de productos, inflación, dificultades para acceder a divisas, prolongados apagones y una fuerte contracción de la actividad productiva.
El Decreto 167 del Mincin establece entre sus objetivos ordenar y modernizar el comercio interior, perfeccionar las actividades desarrolladas por los distintos actores económicos y promover alianzas entre ellos.
La normativa contempla la participación de entidades estatales y no estatales, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cooperativas no agropecuarias y los inversionistas extranjeros.
El texto también plantea impulsar el comercio local, promover la competencia y mejorar las cadenas de suministro destinadas a garantizar la disponibilidad y comercialización de bienes.
Estas disposiciones se producen después de que el régimen comenzara, a partir de 2021, a permitir una mayor participación de actores privados en determinadas actividades económicas. Sin embargo, el Estado cubano mantiene un papel dominante en sectores estratégicos y conserva amplias facultades de regulación y control sobre el mercado interno.
Entre los principios incluidos en el decreto figuran la protección de los consumidores, la competencia leal, la gestión de la demanda, el uso de tecnologías y la aplicación de criterios de legalidad y transparencia.
La norma también establece que la comercialización de bienes y servicios en el mercado interno podrá realizarse tanto en pesos cubanos como en divisas.
La autorización ocurre en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo de la población, mientras el acceso a determinados productos y servicios depende cada vez más de la disponibilidad de moneda extranjera.
El Mincin publicó además la Resolución 23, que establece un nuevo clasificador para los establecimientos comerciales de la isla.
Los locales serán organizados en tres categorías, según sus condiciones de calidad y confort: Alto Nivel, Nivel Medio y establecimientos de cercanía o de barrio.
La resolución también establece cuatro grupos de establecimientos de acuerdo con la actividad que desarrollen: venta de mercancías; servicios gastronómicos; servicios personales, técnicos, comerciales y de uso doméstico; y alojamiento.
Por su parte, la Resolución 24 establece los requisitos técnicos que deberán cumplir las personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras, autorizadas para desarrollar actividades comerciales.
Entre las exigencias figuran disponer de medios de pago electrónico, garantizar su acceso a consumidores y clientes, mantener vigentes los permisos y licencias correspondientes y contar con un identificador visual que permita determinar el tipo de actor económico.
Las nuevas normas forman parte del paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobado por el Estado en junio, con el argumento de avanzar hacia una mayor descentralización y dinamización de la economía.
Según cifras oficiales, 134 de esas reformas, equivalentes al 76,1 %, ya cuentan con respaldo jurídico tras su publicación en la Gaceta Oficial.
El paquete contempla cambios en sectores como la agricultura, el comercio exterior y la actividad inmobiliaria. También incluye medidas dirigidas a otorgar mayor autonomía a empresas estatales y permitir una participación más amplia del capital privado en determinadas actividades, incluida la financiera.
FUENTE: Con información de EFE
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