Cientos de miles solo pueden intervenir en la contienda de la organización política con la que aparecen inscritos. El modelo, defendido y cuestionado a la vez, ha resistido diferentes propuestas de cambio
Un cartel señala un centro de votación instalado el día de las elecciones en Miami, Florida.
AFP
MIAMI. — Mirta —nombre utilizado en este reportaje porque la votante no fue identificada— llegó a un centro de electoral de Kendall convencida de que podría escoger candidatos republicanos. En la entrada al recinto, después de verificar sus datos, un funcionario encontró un dato decisivo: estaba inscrita como demócrata.
“Pero yo quiero votar por los republicanos”, insistió, entre molesta y desconcertada. El empleado le explicó que Florida celebra primarias cerradas: un elector demócrata recibe la boleta demócrata; uno republicano, la republicana. Para cambiar de afiliación antes de las primarias del 18 de agosto de 2026 debía haber actualizado su registro a más tardar el 20 de julio, es decir, 29 días antes.
Mirta podía participar en las contiendas demócratas y no partidistas incluidas en su boleta. Sin embargo, no podía recibir la papeleta republicana ni cambiar su afiliación con efecto inmediato. Se marchó inconforme, sin comprender por qué la preferencia que pretendía expresar ese día en las urnas quedaba condicionada por la inscripción realizada semanas antes.
La escena resume una regla que sorprende a recién llegados, electores ocasionales y hasta votantes veteranos. No fue una decisión del funcionario electoral de un precinto en el sector de Kendall ni una particularidad de Miami-Dade. Es el modelo que Florida conserva desde hace más de un siglo.
La sección 101.021 de los Estatutos de Florida dispone que, en una primaria, el elector solo puede votar la boleta del partido con el cual está afiliado. La División de Elecciones de Florida confirma que la restricción también rige en la primaria de preferencia presidencial. La afiliación puede modificarse en cualquier momento, pero el cambio debe constar antes del cierre del registro correspondiente.
Sin embargo, la norma no cierra toda la jornada. Cualquier inscrito puede votar por jueces, juntas escolares y referendos no partidistas incluidos en su papeleta. En noviembre, todos reciben la misma boleta y pueden cruzar líneas partidistas.
Para dimensionar el efecto basta mirar Miami-Dade. Al 31 de julio, el condado tenía 455.507 republicanos activos, 408.147 demócratas, 391.474 electores sin afiliación partidista y 34.416 inscritos en partidos menores.
Es decir, casi uno de cada tres estaba registrado sin partido y más de 425.000 se encontraban fuera de las dos organizaciones que dominan las principales nominaciones, según los datos oficiales de inscripción.
Revisemos otra escena: José, vecino de Westchester e inscrito sin partido, quería influir en la disputada primaria para gobernador. Recibió una boleta limitada a cargos no partidistas. “¿Eso es todo?”, preguntó entre desconcertado e inquieto. Su voto contará en noviembre, pero no influyó en la selección de los finalistas en agosto.
Elena, republicana de Homestead, deseaba apoyar a un demócrata porque —dijo muy segura— conocía su trabajo comunitario. Tampoco pudo. La primaria no preguntaba a quién prefería ese martes; consultaba qué afiliación había declarado antes del plazo.
El modelo vigente en Florida se remonta, al menos, a 1913. Antes, los dirigentes de cada partido escogían a sus candidatos en reuniones y convenciones internas. La creación de las primarias directas permitió que esa decisión pasara a manos de los votantes.
No obstante, la participación quedó limitada a las personas inscritas en cada organización política. Así nació el principio que todavía rige: cada partido elige a sus candidatos únicamente con los votos de sus propios afiliados.
Florida adoptó este modelo durante la época de la segregación racial, cuando el Partido Demócrata dominaba la política del sur de Estados Unidos. En muchas contiendas, ganar la primaria equivalía prácticamente a ganar el cargo. Aunque las primarias cerradas no eran lo mismo que las llamadas “primarias blancas”, que impedían expresamente el voto de los ciudadanos negros, ambas funcionaron en una época marcada por su exclusión política.
Con el tiempo cambió el mapa. Florida pasó de bastión demócrata a estado competitivo y luego a territorio de clara ventaja republicana. Lo que no cambió fue el principio: los partidos eligen a sus nominados con sus propios miembros.
Sus defensores sostienen que un partido es una asociación con ideas, reglas y candidatos. Permitir que adversarios intervengan facilitaría el denominado raiding: electores que entran en la primaria rival para impulsar al aspirante más débil. El registro anticipado, añaden, preserva una marca política coherente.
Ese argumento también recibió respaldo en los tribunales. Michael J. Polelle, un votante de Sarasota sin afiliación política demandó al estado porque consideraba que el modelo lo obligaba a escoger entre dos opciones: quedar fuera de las primarias o inscribirse en un partido que no representaba sus ideas.
En marzo de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito concluyó que esa exigencia imponía una carga limitada al votante y que Florida tenía razones válidas para proteger la identidad y la organización de los partidos.
La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar el caso el 14 de octubre de 2025, por lo que la decisión anterior quedó vigente. Sin embargo, no se pronunció sobre el fondo de la controversia.
Florida abrió parcialmente la puerta en 1998. Los electores aprobaron una reforma constitucional que creó la llamada “primaria universal”. La medida buscaba corregir una situación concreta: si todos los candidatos pertenecían al mismo partido y el ganador no tendría rival en noviembre, la primaria decidiría en la práctica quién ocuparía el cargo. En ese escenario, no parecía justo excluir a la mayoría de los votantes del distrito.
La reforma recibió alrededor de 64% de respaldo, cuando todavía bastaba una mayoría simple para modificar la Constitución estatal. La excepción quedó incorporada en el artículo VI, sección 5, y permite que todos los electores participen en esas contiendas, sin importar su afiliación política.
Un ejemplo reciente ocurrió el 18 de agosto en el distrito 109 de la Cámara de Representantes de Florida, en Miami-Dade. Los cuatro aspirantes eran demócratas y ninguno tendría un rival de otro partido en noviembre. Por esa razón, republicanos, demócratas y votantes sin afiliación pudieron participar. James Bush III ganó con 49.22% de los votos y se aseguró el escaño.
Aun así, la reforma dejó abierta una excepción que puede impedir la participación de todos los votantes. Se trata de los candidatos por escrito, conocidos como write-in. Estas personas se inscriben para competir en noviembre, pero sus nombres no aparecen impresos en la boleta: para apoyarlas, el elector debe escribir su nombre en el espacio correspondiente en la papeleta.
La presencia de uno de estos aspirantes cambia por completo la primaria. Por ejemplo, aunque todos los candidatos cuyos nombres aparecen impresos sean demócratas, la inscripción de un write-in para noviembre se considera oposición. Por lo tanto, la primaria deja de ser universal y solo los demócratas pueden votar en ella.
La División de Elecciones adoptó esta interpretación en 2000. En 2016, la Corte Suprema de Florida confirmó, en el caso Brinkmann contra Francois, que los candidatos por escrito cuentan legalmente como aspirantes y como oposición.
Los críticos aseguran que algunas personas se inscriben como write-in sin realizar una campaña real, únicamente para impedir que republicanos, independientes y otros electores participen en una contienda dominada por demócratas, o viceversa. Por eso las llaman “candidatos fantasma”.
Sus defensores sostienen que no se puede asumir de antemano que una candidatura carece de legitimidad solo porque el nombre del aspirante no aparece impreso en la boleta.
Entretanto, la expresión “primarias abiertas” abarca fórmulas diferentes. En un modelo semiabierto, los independientes pueden escoger la boleta de un partido, mientras que los afiliados a otra organización no pueden intervenir. En el sistema conocido como top two, todos los candidatos aparecen en una misma papeleta y los dos más votados avanzan a noviembre, aunque pertenezcan al mismo partido.
Ambas alternativas formaron parte de un intento de reforma presentado en 2018 por Bill Schifino, integrante de la Comisión de Revisión Constitucional. Su propuesta inicial buscaba permitir que los independientes eligieran una boleta partidista. Ante la resistencia que generó, la modificó para establecer un sistema de dos finalistas. La iniciativa murió en comité y nunca llegó a los votantes.
Dos años después, la Enmienda 3 planteó primarias top two para la Legislatura estatal, la gobernación y el gabinete. El empresario de Miami-Dade Mike Fernández fue su principal impulsor y aportó 7.7 millones de dólares. Su argumento era directo: casi un tercio del electorado no pertenecía a los dos grandes partidos y, de cualquier manera, ayudaba a financiar elecciones de las cuales quedaba excluido.
La propuesta unió en su contra a los partidos Republicano y Demócrata. Los republicanos la llamaron una primaria “selvática” que aboliría la nominación partidista tradicional. Los demócratas y la ACLU de Florida advirtieron que dividir el voto entre varios aspirantes podía reducir la representación de comunidades negras y dejar en noviembre a dos candidatos del mismo partido. Para ellos, ampliar el acceso no justificaba ese diseño específico.
El resultado reveló una paradoja: 5.854.468 floridanos, el 57,03%, votaron sí; 4.410.768, el 42,97%, dijeron no. La reforma ganó por mayoría, pero perdió jurídicamente porque una enmienda constitucional necesita 60%. Le faltaron 2,97 puntos, de acuerdo con los resultados certificados.
Un nuevo intento, identificado como iniciativa 24-01, retomó una propuesta similar con el objetivo de llevarla a las elecciones de este año. Aunque recibió autorización para recolectar firmas, no consiguió los apoyos necesarios para aparecer en la boleta y su expediente fue cerrado.
En 2025, la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, también propuso debatir la posibilidad de permitir que los electores sin afiliación participaran en las primarias de esa organización. Sin embargo, la votación de agosto se celebró bajo las mismas reglas.
Quienes favorecen una reforma sostienen que el modelo obliga a muchos ciudadanos a inscribirse en un partido con el que no se identifican si quieren participar en una contienda decisiva. También señalan que, en distritos dominados ampliamente por una organización política, la elección de noviembre suele ser una formalidad: el ganador se define en agosto con la participación de una fracción del electorado. Abrir esa etapa, argumentan, obligaría a los candidatos a buscar respaldo más allá de la base partidista.
Los opositores responden que una primaria abierta no garantiza aspirantes moderados y podría favorecer el voto estratégico de personas interesadas en influir en la selección del partido contrario. Asimismo, defienden el derecho de cada organización a escoger a sus representantes. En el modelo de dos finalistas, además, la división del voto podría dejar a un partido fuera de las elecciones generales, aunque sus candidatos hayan recibido en conjunto un respaldo considerable.
El debate enfrenta, entonces, dos principios: el derecho de los ciudadanos a participar en una elección financiada con fondos públicos y la facultad de los partidos para decidir quiénes pueden intervenir en la selección de sus candidatos.
Vale precisar que Mirta, la votante que inspiró este reportaje, no escuchó una explicación jurídica en el centro de votación de Kendall. Solo supo que ya era demasiado tarde para cambiar su afiliación y recibir la boleta que quería. Ante esa situación, su molestia refleja la distancia entre una regla administrativa y una pregunta sencilla: si sabía por quién deseaba votar, ¿por qué no podía hacerlo?
Durante 113 años, Florida ha respondido que una primaria partidista pertenece primero al partido. En 2020, el 57.03% de los votantes respaldó una alternativa más abierta, pero no alcanzó el 60% necesario para modificar la Constitución.
Por eso, en Florida, la boleta de agosto comienza a definirse mucho antes de llegar al centro de votación. Para electores como Mirta, no basta con saber a quién quieren apoyar. Deben haber decidido, 29 días antes, con qué partido desean aparecer inscritos. De lo contrario, una contienda que podría definir al próximo oficial electo se celebrará sin su participación.
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